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Nada cambia por ahora

12 de octubre de 2020

 De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, General Pueyrredon quedó incluido entre los distritos que deberán cumplir hasta el 25 de octubre con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

 De esta manera seguirán autorizadas las actividades esenciales y quedan prohibidas aquellas relacionadas a eventos públicos y privados sociales, recreativos, culturales, religiosos, centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, restaurantes, bares, clubes, gimnasios y natatorios.

 Un dato para resaltar que deja el nuevo DNU y que deberá ser aclarado por Provincia y Nación, es que se autorizan las reuniones sociales de hasta 10 personas en espacios públicos al aire libre, siempre que las personas mantengan una distancia mínima de dos metros y utilicen tapabocas.

 Por último, quedó establecido que los gobernadores serán quienes podrán autorizar nuevas excepciones. Para el caso de Mar del Plata, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, deberán ser solicitadas por el gobernador Kicillof al jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero.   

SITUACION ESTABLE

A todo esto, el intendente Guillermo Montenegro habló sobre la actualidad sanitaria de la ciudad y en ese sentido destacó que se registra una situación estable en cuanto a la cantidad de contagios por coronavirus.  “Hace 5 semanas que la situación está estable con una leve baja de casos esta última semana y también se mantuvo estable el tema de las camas de terapia”, indicó el jefe comunal en diálogo radial con el programa “La mañana de María por Atlántica”.

 En ese sentido detalló que “hoy tenemos 56 pacientes Covid internados y 49 de otras patologías en Mar Del Plata. La problemática tiene que ver más con el recurso humano que con las camas”.

 Al ser consultado sobre los controles que habrá en temporada de verano, Montenegro manifestó que “habrá un trabajo conjunto en relación a los controles. El Operativo Sol traerá gran cantidad de efectivos para fortalecer los controles de distanciamiento y protocolos”. No obstante aclaró que “todo dependerá de cuándo la nación apruebe la actividad turística”.

 En relación a la apertura de actividades en el marco de la pandemia, sostuvo que “está claro que hay una situación concreta de convivencia con el virus. No hay otra solución hasta que esté la vacuna. Con el 26% de desempleo la convivencia es clave. Tenemos que tener muchísima responsabilidad”.

 “Hay actividades en la ciudad deberían ser evaluadas con mirada local por ejemplo la obra privada. Acá no se usa el transporte público. Se necesita una mirada local. Uno lo que busca es que sea justo y hay algunas actividades que podrían ser habilitadas”, concluyó.

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‘Venden humo’

El arzobispo de San Juan de Cuyo y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), monseñor Jorge Lozano, reclamó hoy a la dirigencia política que "no venda humo" y encare acciones profundas y eficaces contra el narcotráfico, que, aseveró, forma parte de un "cáncer social alimentado por la corrupción y la avaricia de dinero y poder"

El prelado sostuvo que la expresión de la pandemia del coronavirus "resuena más fuerte", pero "sin embargo, esta 'otra pandemia' de la droga es acallada, escondida o, lo que es peor, disfrazada con expresiones y apariencias recreativas".

El religioso apeló además a la unidad entre la capilla, el club y el colegio, como esquema social para alejar de las drogas a la gente, y especialmente a los niños y jóvenes.

"Por ser uno de los problemas más acuciantes de las familias, poco se habló de la droga y del narcotráfico en la campaña electoral y en los debates siguientes a las PASO. La sensación de impotencia y la desproporción de fuerzas constituyen un gran desafío", lamentó Lozano en su reflexión semanal, publicada por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).

Lozano dijo además que cuando escucha a dirigentes políticos hablar de despenalización del consumo de drogas o su uso recreativo en fiestas, o cuando escucha decir que "un porro es inocuo", se pregunta "en qué tipo de jóvenes están pensando, en qué modelo de salud, qué sociedad". Ante ello reclamó: "Que no nos vendan humo".

Añadió que "muchos son los que se encuentran a la intemperie, física y existencial. Duermen en la calle, las estaciones, las plazas y se naturaliza esa situación. La indiferencia no colabora en la búsqueda de soluciones eficaces".

Y advirtió que "no es algo oculto el vínculo entre las actividades mafiosas del narcotráfico, la trata de personas, los desarmaderos de autos robados, el comercio de armas. Son parte del mismo cáncer social alimentado por la corrupción y la avaricia de dinero y poder".

Monseñor Lozano aseguró que "debe haber en cada barrio una creativa y audaz cercanía entre 'las 3 C': Capilla, Club y Colegio".

"La respuesta y la prevención deben buscarse en abordajes integrales. En general la droga es la punta del iceberg ante la que quedan ocultas muchas postergaciones en la salud, la educación, la familia", indicó.

"Gracias a Dios -abundó- va creciendo la conciencia en algunos sectores eclesiales y sociales, aunque debemos señalar que es más rápida la aceleración del consumo".

Y en ese contexto rescató lo dicho por el papa Francisco acerca de que "'la Iglesia es un Hospital de Campaña' que recoge a los heridos del sistema, que éste excluye y margina. La Iglesia es una madre que sale al encuentro de sus hijos para abrazarlos y darles un lugar, una familia grande".

"No quiero dejar de reconocer el esfuerzo y la entrega de hombres y mujeres que se comprometen y 'reciben la vida como viene', según expresión del cardenal Jorge Bergoglio", amplió.

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Los gobernadores piden levantar cepo a la carne

Más gobernadores se sumaron al pedido de levantar el cepo a la exportación de carne, uno de los temas que se tratarán en la reunión que el flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantendrá el lunes próximo con los integrantes de la Mesa de Enlace.

Tras el pedido formulado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para dejar sin efecto las restricciones, se sumaron los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; Santa Fe, Omar Perotti; y La Pampa, Sergio Ziliotto.

Bordet dijo que en el marco de generar y sostener el empleo, «tenemos que aumentar los niveles de productividad».

Explicó que junto a Perotti y Ziliotto están pidiendo que se «resuelva el tema de las exportaciones de carne, porque impacta en nuestras provincias».

Señaló que en Entre Ríos «hay frigoríficos exportadores y nos preocupa la mano de obra que allí trabaja«.

 Empleo en los frigoríficos

Con esa preocupación, estamos pidiendo al ministro Domínguez que -sabemos que comparte esta preocupación- resolver este conflicto para defender la fuente de empleo de los obreros de los frigoríficos, indicó.

Como ejemplo, citó los casos de los frigoríficos Alberdi, en Oro Verde, y el San José, de esa localidad entrerriana.

“Por la defensa y el sostenimiento del empleo es que estamos pidiendo que estas medidas de cierre de exportaciones puedan reverse para avanzar hacia un sistema productivo integral que garantice que haya empleo sostenible y para que las cadenas de valor como la industria y el sector cárnico tenga la rentabilidad necesarias”, aseguró.

Por su parte, el ministro de Producción entrerriano, Juan José Bahillo, dijo que se está atravesando una situación difícil y estamos preocupados por el alza de los precios de alimentos básicos, por eso es necesario encontrar puntos de encuentro para que el sector cárnico abastezca al mercado local con valores acordes al bolsillo de las familias.

El titular de la cartera productiva agregó que la carne bovina entrerriana llegó en 2020 a 33 mercados externos y se alcanzaron los USD 164,8 millones (el 11,57% de las exportaciones totales entrerrianas), con 43.050 toneladas.

La tendencia en los últimos años ha sido de un crecimiento constante pero la restricción de exportaciones ha generado riesgos en la estabilidad laboral de cientos de trabajadores, alertó.

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Proyecto de jubilación para hombres de más de 60 años y mujeres de más de 55

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten cinco años o menos para cumplir la edad jubilatoria: entre 55 y 60 años para las mujeres y entre 60 y 65 para los varones."Estamos construyendo una política que da respuesta a un problema que tenemos las argentinas y argentinos", destacó Raverta.
La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó este viernes que el Gobierno está trabajando en la elaboración de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada.

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten cinco años o menos para cumplir la edad jubilatoria: entre 55 y 60 años para las mujeres y entre 60 y 65 para los varones.

Según estimaciones de la Anses, la medida alcanzará en una primera instancia a una población aproximada de entre 20.000 y 30.000 personas, de las cuales el 90% son hombres.

“Estamos construyendo una política que da respuesta a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”, destacó Raverta.

"Se están terminando de estudiar los detalles, para que sea una medida seria y para que podamos ofrecer, una vez más, una solución a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”FERNANDA RAVERTA
En declaraciones a la TV Pública, señaló que “hay personas que trabajaron toda su vida, que tienen sus 30 años de aportes y que, en los últimos años del gobierno anterior o incluso en la pandemia, perdieron su trabajo, no se pueden jubilar todavía y por su edad tienen una enorme dificultad para reincorporarse al mercado formal de trabajo”.

Así, la funcionaria destacó que se están “terminando de estudiar los detalles, para que sea una medida seria y para que podamos ofrecer, una vez más, una solución a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa es “una respuesta a un problema que tenemos los argentinos y las argentinas, que tiene que ver con personas que han trabajado toda su vida y tienen sus 30 años de aporte y han quedado desempleadas en los últimos años del Gobierno anterior o incluso en la pandemia”.

“Son personas, en su mayoría varones, que cumplen con los requisitos de aportes y de haber trabajado y que aún no tienen la edad para jubilarse pero, al mismo tiempo, presentan una enorme dificultad de incorporarse en el mercado formal de trabajo porque son grandes” en edad, precisó la funcionaria.

Sobre la posibilidad de que la medida se formalice prontamente, Raverta indicó que “será una certeza cuando el presidente (Alberto Fernández) firme el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y podamos empezar a recibir a estas personas en nuestras oficinas”.

“El presidente lo está terminando de evaluar”, agregó la titular de la Anses.

Según explicó la funcionaria, el proyecto contempla que los beneficiarios perciban el equivalente al 80% de sus haberes jubilatorios hasta alcanzar la edad jubilatoria (65 años hombres, 60 años las mujeres).

Por ejemplo, un hombre de 62 años cobrará desde ese momento -y hasta que cumpla 65 años- el 80% del haber jubilatorio; luego, una vez alcanzada la edad de 65 años que establece la ley para poder jubilarse, pasará a cobrar el 100% del haber que le corresponda.

En línea con el espíritu de esta iniciativa, en julio pasado el Gobierno nacional estableció a través del Decreto 475/21 publicado en el Boletín Oficial que las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo.

La medida rápidamente presentó una fuerte adhesión y, semanas atrás, ya contaba con más de 21.000 mujeres inscriptas.

"Esta política pública reivindica lo que las madres hacemos con absoluta naturalidad pero le otorga un reconocimiento del Estado. Es conmovedor porque gestamos una nueva Argentina donde las mujeres y la actividad que realizamos en nuestros hogares es reconocida”, sostuvo Raverta en aquel entonces.

De acuerdo con estadísticas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en marzo de este año Argentina contaba con 5.159.630 jubilados y 1.666.655 pensionados, lo que arroja un total de 6.826.285 de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido por la Ley Nº 26.425 y administrado por la Anses.

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