Se realizan en esta época del año por las ventanas de bajamar y porque las condiciones climáticas favorecen su permanencia, ya que han pasado la mayoría de las sudestadas durante el invierno.

Con el objetivo de conservar la superficie de arena para uso público y evitar la pérdida del relleno, en Playa Grande comenzaron los trabajos de distribución y nivelación los cuales se extenderán durante todo el mes de noviembre.

Cabe destacar que la tarea insume un plazo de 40 días de obra aproximadamente aprovechando la ventana de tiempo que ofrece las distintas bajamar, a fin de realizar el mayor transporte y acopio en la playa, y en lugar seguro de manera continua.

Otra de las razones por las que se realiza en esta época es que, a esta altura del año, ya han pasado la mayoría de las sudestadas fuertes que ocurren durante el invierno. Esto garantiza la mayor permanencia de la arena.

El proyecto es una medida ambiental exigida en el Pliego de Bases y Condiciones para todos los concesionarios del sector, cuyo objetivo principal es la recuperación de superficie de playa; tarea que anualmente debe realizarse en esa franja de costa, según lo especificado por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires.

Estos trabajos son financiados por el Consorcio Complejo Playa Grande, y se realizan de acuerdo a lo requerido por la Ordenanza N°19.910 y la Ley 11.723.

Durante el período de las últimas dos semanas, se observa que las conversaciones en español en Twitter respecto a regulación de alquileres son superiores en España (74%) y Argentina (21%); seguidas por Venezuela, México y Perú que reúnen un 7% del volumen total.

El indicador de emociones arroja ira como expresión principal y esta se desprende con mayor viralidad de España y Argentina, dando cuenta de la carga emotiva que otorgan a la problemática los usuarios de dichos países.

En Argentina, las reacciones desfavorables se destinan al legislador Daniel Lipovetzky, principalmente por parte del candidato José Luis Espert y luego seguido de usuarios afines a la oposición nacional, que repudian su incentivo a la Ley de Alquileres, a la que caracterizan como “equivocación”. Bajo el hashtag #alquileres los usuarios argentinos cuestionan la utilidad de la ley a partir de la reducción de viviendas disponibles y la continuidad del alza de los precios.

Es destacable que Madrid y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las ciudades más mencionadas por los usuarios, debido a que se postulan como las más conflictivas y “caras” en cuanto a la obtención de vivienda.

En España destacan con gran viralidad las repercusiones en torno a Isabel Díaz Ayuso y sus “insultos” a mujeres e inquilinos. En general, las críticas apuntan al Partido Popular (PP) y su negativa a la reducción del precio de los alquileres. En segunda instancia surge la emoción de “aversión”, ya que los usuarios responsabilizan a los populares por su falta de regulación sobre los alquileres, y aseguran que responde al desinterés de que la población tenga “vivienda digna”. El hashtag #ViviendaPorLey es el más utilizado entre los usuarios españoles a favor de que se promueva la ley.

Otra coincidencia entre ambos países, a lo que se suma Chile, remite a que los medios de comunicación con mayor alcance dan cuenta de lo ocurrido en Berlín y el debate por las expropiaciones: tanto los usuarios de Argentina como de España y Chile reaccionan críticamente a las autoridades de sus países que “se niegan” a las regulaciones, alegando que esto sería algo “mínimo” en comparación a lo ocurrido en Alemania, ya que “solo limitaría los precios”.

Reclamos en Latinoamérica

En Venezuela, las conversaciones se concentran en las dificultades de acceder a alquileres en otros países por los elevados precios. Mientras que en México y Perú los medios de comunicación enfatizan en desalojos y la situación crítica de inquilinos, a partir del elevado número de morosos y el temor de propietarios a alquilar.

En resumen, la mayor negatividad en general deriva del malestar de los usuarios respecto de los elevados precios y las dificultades para acceder a una vivienda digna; además de la falta de regulación y constante especulación inmobiliaria. Ante estos motivos, responsabilizan tanto al sector público, como privado ante la falta de soluciones.

ntre las consignas también se registra la mención a la “salud mental”: a partir de las referencias a las consecuencias de la pandemia, algunos usuarios aseguran que la falta de estabilidad económica y de vivienda también “hace estragos” en este aspecto. Si bien la positividad es casi pareja, ésta remite a expectativas favorables a la regulación. Incluso en algunos países se reiteran pedidos por la “correcta” aplicación de leyes que promuevan la equidad.

Los datos surgen de un informe de QSocialNow, compañía líder en Big Data e Inteligencia Artificial, a partir del relevamiento de más de 10 mil publicaciones de cuentas públicas con un alcance de 85,8 millones de  impresiones potenciales.

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