El gobierno de Donald Trump presentó un amicus curiae en la Justicia para apoyar a la Argentina en la suspensión del fallo que dispuso la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF.

El respaldo legal del Departamento de Justicia norteamericano fue interpuesto ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York buscando suspender la cesión de las acciones ordenada por la jueza Loretta Preska mientras tramita la apelación argentina.

Actualmente rige una suspensión momentánea del fallo, por parte del tribunal superior, hasta que las partes presenten los argumentos de apelación. La intervención del gobierno de Estados Unidos apunta a que la pausa en la medida se extienda durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.

El amicus implica el apoyo explícito de una parte independiente a una persona, entidad o país dentro de un caso. Sobre el fallo principal no es posible presentar este recurso ya que venció el plazo para hacerlo en septiembre del 2024

La presentación legal de la administración de Trump por ahora no aplica tampoco al dictamen de cesión de acciones. Sin embargo, el Departamento de Justicia bajo el mandato de Joe Biden ya había presentado un amicus pidiendo rechazar la solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF.

En aquella oportunidad, el Gobierno norteamericano consideró en el apoyo legal a Argentina que una medida como la de entregar acciones de YPF "viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos".

A pesar del pronunciamiento formal de la Casa Blanca, Preska lo desestimó fallando desfavorablemente sobre Argentina. En este caso, el nuevo respaldo busca poder torcer la decisión y evitar que el país sea obligado a desprenderse de los papeles de la petrolera de forma inmediata.

La jueza norteamericana Loretta Preska rechazó el pedido de suspensión de la sentencia de transferencias de acciones de YPF a los beneficiarios de su fallo en la causa por la nacionalización de la petrolera. Así lo confirmó el especialista Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.

El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un “stay” (suspensión temporaria de la sentencia) dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.

Esta mañana, Preska rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones a favor de los litigantes.

Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

El jueves pasado, el Gobierno argentino apeló la sentencia de Preska, quien luego llamó a una negociación.

La resolución de este lunes rechaza la suspensión de la medida y habilita a que continúe el resto de las acciones dispuestas por el juzgado.

La jueza de Nueva York Loretta Preska, deberá informar este lunes 14 si le concede a Argentina la suspensión de la entrega de las acciones de YPF mientras se realizan las apelaciones.

Nuestro país entregaría esas acciones pagar la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera. Sin embargo, ese fallo puede quedar suspendido mientras se realizan las apelaciones correspondientes.

Adelantándose a lo que esperan que sea una decisión negativa para el país, los abogados argentinos ya se presentaron en la Corte de Apelaciones con diferentes argumentos que explican por qué es imposible transferirle ahora esas acciones a los fondos Burford y Eton Park.

Si Preska accede a la solicitud del Gobierno, tampoco deberán pagarse las posibles sanciones al país por incumplimiento mientras se aguarda por esa nueva sentencia.

Este lunes, fecha tope para que Argentina deposite las acciones de YPF, no se definirá si la orden dada el 30 de junio es cancelada, sino que se define si queda suspendida mientras el Gobierno apela.

Desde el Gobierno creen que la sentencia viola la ley de expropiación de YPF y que se necesita aprobación de dos tercios del Congreso para cualquier traspaso de la participación estatal.

Otro de los argumentos argentinos es que el país sufriría un “daño irreparable a su soberanía” y que quedan forzados a ”cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos”.

Por último, sostienen que transferir las acciones sería un hecho irreversible, ya que los demandantes ya expresaron su intención de venderlas apenas las reciban, lo que impediría dar un paso hacia atrás si Argentina se impone en una apelación. (Radio Mitre)