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LA INDUSTRIA NAVAL Y UNA DEUDA
12 de septiembre de 2020
Un día como hoy, el 12 de septiembre de 1961, el presidente de la Argentina, Arturo Frondizi, firmó el decreto 7992, que dio impulso a un ambicioso plan de renovación de buques mercantes (37 unidades en 10 años).
En conmemoración de esa decisión política, un año más tarde (12/9/1962), y respondiendo a la iniciativa de la Federación de la Industria Naval Argentina, el Poder Ejecutivo nacional declaró al 12 de Septiembre como Día de la Industria Naval.
A casi 60 años, Sandra Cipolla, presidenta y CEO de SPI Astilleros, admitió que el sector naval padece una deficiencia crónica desde la década del 90, más allá del esfuerzo empresarial y, en especial de los obreros navales. “Faltan políticas de Estado que permitan el despegue y volver a tener una industrial naval que sea sostenible en el tiempo”, sentenció en declaraciones periodísticas la titular de SPI.
“Somos un sector que puede ayudar a cubrir la desocupación, a generar mano de obra capacitada y, en definitiva, provocar un derrame importante en la sociedad”, sostuvo Sandra Cipolla.
Tras la pandemia, la titular del SPI adujo que es necesario que se reactive la economía con la mirada sobre la industria naval.
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Suspenden la cautelar que frenaba el aumento de la luz
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendió la cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense que había frenado el aumento en la tarifa de luz.
La decisión del tribunal se dio tras la apelación del Gobierno Provincial y las cuatro grandes distribuidoras eléctricas –EDEN, EDEA, EDES y EDELAP- para que se restituya el ajuste tarifario de entre el 1,5% y el 3,5%, aproximadamente. Los incrementos habían sido instrumentados a través de la resolución N° 585/2026 e iban a regir a partir del 1 de agosto.
El 18 de septiembre de 2026, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca había hecho lugar al recurso interpuesto por la Defensoría del Pueblo con el objetivo de frenar el impacto del incremento en el bolsillo de los usuarios.
En aquel entonces, el juez suspendió los aumentos y ordenó restablecer el cuadro tarifario anterior. El argumento central fue que no se habían realizado audiencias públicas ni otros mecanismos adecuados de participación de los usuarios antes de aplicar los ajustes.
La Fiscalía de Estado bonaerense cuestionó la medida y presentó un recurso ante la Cámara, que finalmente suspendió la cautelar. De esta manera, los nuevos valores de la tarifa de luz se podrán liquidar en las próximas boletas.
No obstante, la Justicia aún debe resolver la cuestión de fondo, es decir, la legalidad del incremento impulsado por la Provincia.
Para fundamentar su reclamo, la Provincia sostuvo que la aplicación de la cautelar podría comprometer la continuidad y la sustentabilidad del servicio eléctrico, al reducir los recursos disponibles para afrontar los costos de la energía, el mantenimiento de las redes, las inversiones y las obligaciones laborales y contractuales de las distribuidoras.
En este sentido, la Cámara consideró que la Provincia presentó argumentos concretos e informes técnicos suficientes para justificar, de manera preliminar, que la ejecución inmediata de la cautelar podría ocasionar un perjuicio al “interés público”.
“El restablecimiento del cuadro tarifario anterior podría incidir sobre los recursos disponibles para atender los costos actuales de la prestación y, eventualmente, proyectarse sobre su continuidad, regularidad y sustentabilidad”, sostuvieron los camaristas Diego Ucin y Roberto Mora.
La medida tiene impacto en los usuarios abastecidos por las distribuidoras EDELAP (La Plata), EDES (sur de la provincia), EDEA (Costa Atlántica, donde se encuentra Mar del Plata), EDEN (norte del territorio) y las más de 200 cooperativas eléctricas del interior
