23 de junio de 2020

Los empresarios nucleados en la cámara de transportistas denunciaron que atraviesan una “gravísima situación económico-financiera” y evalúan solicitar un nuevo aumento de la tarifa, para llevar al boleto actual de $ 25 a $45.20.

Los empresarios informaron a través de un comunicado que en, en promedio, registran pérdidas de hasta 350 millones de pesos mensuales a raíz de la disminución del uso del transporte público en la ciudad.
Asimismo, informaron que se les denegó la posibilidad de acceder al Programa de Asistencia para el Trabajo y Producción (ATP) para completar el pago de los salarios de los choferes debido al monto de los subsidios estatales que ya perciben.

Más adelante denuncian que están atravesando una gravísima situación desde el punto de vista económico-financiera a raíz del impacto de la pandemia, que generó una “abrupta caída de los pasajeros transportados y, por ende, de la recaudación, teniendo que adaptar la prestación de los servicios a esta realidad que día a día muta vertiginosamente».

También detallan que las empresas poseen “una marcada y alta estructura de costos fijos, lo cual imposibilita la adecuación en el corto plazo de la ecuación económico-financiera para lograr la sustentabilidad del servicio”.
Y agregan que «un análisis efectuado a nivel global sobre información estadística de las empresas locales arrojó que comparativamente con días anteriores a los primeros anuncios referidos al aislamiento social preventivo y obligatorio, “el nivel de actividad mostró una estrepitosa caída, llegando a tocar un piso nunca antes visto: mermas en el orden del 90%”.

En medio de ese complejo panorama, los transportistas destacan que la oferta de servicios “tuvo que sostener un ritmo tal que, para ser sumamente gráficos, genera un ingreso que no logra cubrir los pagos que deben efectuarse para abastecerse del combustible que esos recorridos consumen”.

Esa situación generó un “cuantioso desfasaje económico-financiero en las empresas”, indicaron y precisaron que se ve el peligr” la compra de insumos, bienes y servicios para el mantenimiento y funcionamiento de los colectivos. Al respecto, precisaron que las pérdidas “se cuantifican en el orden de los $350.000.000 mensuales” y pidieron declarar el estado de emergencia de la actividad y así promover un eficaz salvataje financiero de los diferentes niveles de gobierno.