Diversas organizaciones sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos protestan contra la Ley Bases, actualmente en debate en el Senado y ya aprobada por la Cámara de Diputados. Los activistas regresaron a la zona que había sido desalojado y hubo nuevos choques con las fuerzas de seguridad.

La esquina del Congreso de la Nación, en la intersección de Callao y Rivadavia, se transformó en un escenario de enfrentamientos entre un reducido grupo de manifestantes y fuerzas de seguridad desde minutos antes de las 16 horas.

Diversas organizaciones populares sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos protestan contra la Ley Bases, actualmente en debate en el Senado y ya aprobada por la Cámara de Diputados. La intención es presionar a los senadores para que rechacen la iniciativa del Ejecutivo.

Alrededor del mediodía, los manifestantes bloquearon el tránsito en avenida Callao. Fueron desalojados, resultando en un detenido y cinco diputados opositores heridos por gases lacrimógenos. Dos horas después, los disturbios resurgieron.

En el mismo lugar, militantes de izquierda y otros sectores políticos comenzaron a arrojar piedras y bombas molotov contra la policía. La respuesta fue rápida: el camión hidrante intentó dispersar a los manifestantes y se escucharon detonaciones. La tensión creció, con cascotes y objetos contundentes volando por el aire.

Mientras los incidentes continuaban, en la Cámara de Senadores seguía el debate sobre el proyecto de ley que el Gobierno pretende aprobar hoy.

Entre los manifestantes se encontraban diputados del bloque de Unión por la Patria. Denunciaron que la acción policial fue violenta y cinco de ellos necesitaron atención médica. Cecilia Moreau confirmó que sus compañeros fueron trasladados al Hospital Santa Lucía y al Instituto del Quemado. Eduardo Valdés, Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Carolina Yutrovic y Luis Basterra resultaron afectados, con Castagnetto hospitalizado.

Los organizadores de la protesta, que abarca un amplio espectro político, habían anticipado una concentración masiva y prometieron “desafiar” el despliegue de fuerzas federales ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para hacer cumplir el protocolo anti piquetes.

Pasadas las 10 de la mañana, un grupo logró bloquear el tránsito en la avenida Callao, lo que llevó a la formación de las fuerzas de seguridad en la calle. A las 13.30, la policía intervino para desmantelar el piquete, generando momentos de tensión, como la llegada de Pablo Moyano con la columna de Camioneros.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron a Infobae que los jefes de las posiciones tenían órdenes de no responder provocaciones pero sí de hacer cumplir el protocolo. Tras los incidentes, se decidió vallar completamente la intersección de Callao y Rivadavia para evitar que más manifestantes se unieran a los enfrentamientos con la Policía Federal. Medidas similares se tomaron en otros puntos de la Plaza Congreso para dificultar el acceso de nuevos manifestantes.

Durante varios minutos, los piqueteros forcejearon con las vallas sin éxito. Las fuerzas federales se enfocaron en aislar las columnas reforzadas por nuevos manifestantes que, a las 14.30, se concentraban en la Avenida de Mayo.

La confrontación continuó con los activistas tratando de derribar las vallas y la policía usando gas pimienta para dispersarlos. La diputada de izquierda Celeste Ferro denunció que el operativo represivo confirmaba que el Senado estaba por aprobar una ley anti popular. Nicolás del Caño calificó los enfrentamientos como una “provocación armada”.

Desde el Comando Unificado, allegados a la ministra Bullrich afirmaron que la intención es hacer cumplir el protocolo y permitir que el derecho a la protesta se desarrolle sin incidentes. Bullrich advirtió que no se tolerarían actos de violencia como arrojar piedras o levantar baldosas.

Pasadas las tres de la tarde, la tensión disminuyó. Los jefes del operativo aprovecharon para instalar un segundo vallado a cien metros de Rivadavia y Callao, circunscribiendo al grupo más violento. Camiones hidrantes se posicionaron frente a la Plaza de Congreso como apoyo a las fuerzas de infantería.

A lo largo del día, los manifestantes llegaron en transporte público para evitar ser interceptados por la policía. Los sindicatos, por otro lado, utilizaron micros de larga distancia. Juan Grabois y otros líderes sociales convocaron a sus seguidores desde temprano en diversos puntos de la ciudad.

Con datos TN/UNO/Infobae

La resolución del Ministerio de Justicia que ordena la disolución de 81 Centros de Acceso a la Justicia se publicó en el Boletín Oficial. Quedará sólo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota lo cual representa un gran retroceso en las posibilidades de acceder a la justicia de los sectores mas vulnerables.

El acceso a la justicia es un derecho humano reconocido internacionalmente y considerado además como instrumental, es decir, que permite el acceso a otros derechos. Comprende garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, lo que incluye no sólo poder acceder a acciones judiciales si no encontrar respuestas no judiciales, administrativas y alternativas a conflictos que afectan la vida diaria de las personas.

La decisión del Gobierno nacional de disolver 81 Centros de Acceso a la Justicia dejando uno por provincia, provoca un desmantelamiento del sistema de atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas más vulnerabilizadas enfrentan a la hora de acceder a la justicia. Diferentes organizaciones de la sociedad civil se expresaron en desacuerdo con esta medida.

Mediante la Resolución 178/2024 publicada en el Boletín Oficial se instruye a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia a iniciar el plan de ordenamiento y mejoramiento de los Centros de Acceso a la Justicia dependientes de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia.

Se le ordena implementar un sistema eficiente de acceso a la justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponibles sin que ello implique erogación presupuestaria alguna y se ordena a la subsecretaria de Gestión administrativa de dicho ministerio a tomar las medidas que resulten necesarias para efectivizar lo dispuesto en el artículo 1º de la presente medida, en lo que respecta a los recursos humanos y materiales afectados, e inmuebles correspondientes.

Entre los fundamentos, la resolución señala que se han tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar y reducir el gasto necesario y haciendo foco en los avances tecnológicos y en que, la ciudadanía puede acceder al mismo servicio que ofrecen los CAJ de forma totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal, razones por las cuales se “deviene necesario iniciar un plan de ordenamiento y mejoramiento de los citados CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA, a los fines de mejorar el servicio con personal capacitado, con una estructura eficiente y una comunicación eficaz a los distintos lugares de las provincias y optimizar los recursos existentes”.

Se pretende reforzar los canales de atención no presenciales actualmente disponibles en el ámbito de esta cartera, sin que ello implique erogación presupuestaria alguna, por la cual se estima establecer un CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA por cada provincia con una reducción sustancial del número actualmente existente.

En este sentido, se reforzará la atención de las líneas telefónicas 137 y 149, así como de las casillas de correo electrónico que a tal efecto se implementen, atendidas por un equipo de profesionales (abogados y psicólogos que se encuentran prestando funciones actualmente en el organismo), que oriente y brinde un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía en materia de Acceso a la Justicia en articulación con los diferentes organismos.

Repudio a la medida

Las organizaciones ACIJ - Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, INECIP - Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales, FUNDEPS, Capibara, Xumek, RAAC - Red Argentina de Abogacía Comunitaria, Curas Villeros, Andhes - Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales, Observatorio de justicia sanitaria y climática expresaron un repudio a la decisión nacional advirtiendo el grave retroceso.

“Desde hace 15 años, los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) se extienden como una política federal a lo largo de todo el país que acerca respuestas a toda la ciudadanía, pero en particular a los grupos más vulnerabilizados de la sociedad” señala el informe firmado por las organizaciones civiles.

“Es la primera línea de atención, situada en los territorios, que permite remover barreras históricas vinculadas a la distancia entre aquellas personas más vulnerabilizadas y las respuestas estatales que requieren” y junto a esto señalan que “Las instituciones tradicionales del sector justicia no se ocupan —o llegan muy tarde, de manera fragmentada y a través de caminos largos, rígidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos— de dar respuestas a muchos de los problemas que afrontan las comunidades más necesitadas. Frente a esto, contar con centros descentralizados, con un abordaje territorial, que puedan acompañar a las personas integralmente en la resolución de las necesidades que atraviesan es fundamental”.

Según datos de la página web del propio Ministerio, desde el 2016 al 2022, los Centros de Acceso a la Justicia atendieron más de 1.300.000 consultas.

“Lo primero que hay que decir es que no es posible constatar la cifra de 8 mil millones de pesos a la que hace mención el Ministerio de Justicia sobre el costo de mantenimiento de los CAJ. Sin embargo, es necesario destacar que, si ese fuera el número correcto, correspondería solo al 0.01% del gasto público. En términos comparativos, equivale, por ejemplo, al 8% de los beneficios fiscales que se le otorgaron a la empresa Mercado Libre en 2023 o al 0,18% de lo que Argentina pagó en servicios de la deuda externa hasta el momento”, expresa el pronunciamiento.

“La preocupación por la situación actual es transversal. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la pérdida que significa la reducción de este servicio. En la actual situación de crisis socioeconómica estas políticas territoriales y centradas en las personas resultan un instrumento fundamental para el efectivo acceso a la justicia” concluye el comunicado de las organizaciones firmantes.

La delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI) para atraer dólares frescos, las privatizaciones de empresas públicas, la restitución del impuesto a las ganancias a los sueldos más altos, y el blanqueo de capitales, son los capítulos de la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales que generan mayor debate y que pueden sufrir nuevos cambios en el tratamiento en particular de estas dos iniciativas claves para el Gobierno Nacional.

El Senado debatirá este miércoles la Ley Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial maratónica que comenzará a las 10, y la discusión en particular promete ser álgida ya que aún no hay faltan celebrar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas.

Uno de los capítulos que aún generan debates son las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo para poder eliminar, fusionar o disolver organismos públicos, ya que si bien se han sumado entes que no pueden afectarse, hay muchos legisladores dialoguistas que se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei.

De todos modos, las bancadas que respaldarán el dictamen de mayoría ya se aseguraron que se mantendrán el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos.

También genera mucho debate el Régimen de Promociones de Inversiones (RIGI) de 200 a 900 millones de dólares y esta destinados a los grandes emprendimientos mineros y petroleros, con beneficios fiscales en IVA y Ganancias, aduaneros y una estabilidad fiscal.

La iniciativa tuvo cambios en el Senado para fomentar el desarrollo de empresas locales que venderán sus servicios a los proyectos de inversiones del RIGI al disponer que una empresa extranjera que está encarando una fuerte inversión adquiera productos de empresas locales si “hay oferta competitiva”.

También se estableció que deberá presentar un estudio que no afectará el mercado local y tendrá que calcular los puestos directos e indirectos con integración y programa de empresas locales.

Pero estos cambios aun no dejaron conformes a muchos legisladores dialoguistas que insisten que se deben limitar aun más el Rigi para no perjudicar a las empresas nacionales.

Otro aspecto clave de la Ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas, pero ahi se le plantea un problema al Gobierno porque hay legisladores dialoguistas que rechazan la privatización de Aerolineas Argentinas, con lo cual es probable que si los números están muy ajustados se decida eliminar de la lista de empresas a vender a la línea área.

Las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son además de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).

En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.

En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Otro punto clave es la reforma del impuesto a ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados y solo se mantendrá las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.

El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22 por ciento en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de 2.8 millones de pesos de sueldos brutos.

El capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios con respecto al texto sancionado por diputados para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018 en el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años, y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como conyugue, padres e hijos.