La resolución del Ministerio de Justicia que ordena la disolución de 81 Centros de Acceso a la Justicia se publicó en el Boletín Oficial. Quedará sólo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota lo cual representa un gran retroceso en las posibilidades de acceder a la justicia de los sectores mas vulnerables.

El acceso a la justicia es un derecho humano reconocido internacionalmente y considerado además como instrumental, es decir, que permite el acceso a otros derechos. Comprende garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, lo que incluye no sólo poder acceder a acciones judiciales si no encontrar respuestas no judiciales, administrativas y alternativas a conflictos que afectan la vida diaria de las personas.

La decisión del Gobierno nacional de disolver 81 Centros de Acceso a la Justicia dejando uno por provincia, provoca un desmantelamiento del sistema de atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas más vulnerabilizadas enfrentan a la hora de acceder a la justicia. Diferentes organizaciones de la sociedad civil se expresaron en desacuerdo con esta medida.

Mediante la Resolución 178/2024 publicada en el Boletín Oficial se instruye a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia a iniciar el plan de ordenamiento y mejoramiento de los Centros de Acceso a la Justicia dependientes de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia.

Se le ordena implementar un sistema eficiente de acceso a la justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponibles sin que ello implique erogación presupuestaria alguna y se ordena a la subsecretaria de Gestión administrativa de dicho ministerio a tomar las medidas que resulten necesarias para efectivizar lo dispuesto en el artículo 1º de la presente medida, en lo que respecta a los recursos humanos y materiales afectados, e inmuebles correspondientes.

Entre los fundamentos, la resolución señala que se han tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar y reducir el gasto necesario y haciendo foco en los avances tecnológicos y en que, la ciudadanía puede acceder al mismo servicio que ofrecen los CAJ de forma totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal, razones por las cuales se “deviene necesario iniciar un plan de ordenamiento y mejoramiento de los citados CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA, a los fines de mejorar el servicio con personal capacitado, con una estructura eficiente y una comunicación eficaz a los distintos lugares de las provincias y optimizar los recursos existentes”.

Se pretende reforzar los canales de atención no presenciales actualmente disponibles en el ámbito de esta cartera, sin que ello implique erogación presupuestaria alguna, por la cual se estima establecer un CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA por cada provincia con una reducción sustancial del número actualmente existente.

En este sentido, se reforzará la atención de las líneas telefónicas 137 y 149, así como de las casillas de correo electrónico que a tal efecto se implementen, atendidas por un equipo de profesionales (abogados y psicólogos que se encuentran prestando funciones actualmente en el organismo), que oriente y brinde un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía en materia de Acceso a la Justicia en articulación con los diferentes organismos.

Repudio a la medida

Las organizaciones ACIJ - Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, INECIP - Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales, FUNDEPS, Capibara, Xumek, RAAC - Red Argentina de Abogacía Comunitaria, Curas Villeros, Andhes - Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales, Observatorio de justicia sanitaria y climática expresaron un repudio a la decisión nacional advirtiendo el grave retroceso.

“Desde hace 15 años, los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) se extienden como una política federal a lo largo de todo el país que acerca respuestas a toda la ciudadanía, pero en particular a los grupos más vulnerabilizados de la sociedad” señala el informe firmado por las organizaciones civiles.

“Es la primera línea de atención, situada en los territorios, que permite remover barreras históricas vinculadas a la distancia entre aquellas personas más vulnerabilizadas y las respuestas estatales que requieren” y junto a esto señalan que “Las instituciones tradicionales del sector justicia no se ocupan —o llegan muy tarde, de manera fragmentada y a través de caminos largos, rígidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos— de dar respuestas a muchos de los problemas que afrontan las comunidades más necesitadas. Frente a esto, contar con centros descentralizados, con un abordaje territorial, que puedan acompañar a las personas integralmente en la resolución de las necesidades que atraviesan es fundamental”.

Según datos de la página web del propio Ministerio, desde el 2016 al 2022, los Centros de Acceso a la Justicia atendieron más de 1.300.000 consultas.

“Lo primero que hay que decir es que no es posible constatar la cifra de 8 mil millones de pesos a la que hace mención el Ministerio de Justicia sobre el costo de mantenimiento de los CAJ. Sin embargo, es necesario destacar que, si ese fuera el número correcto, correspondería solo al 0.01% del gasto público. En términos comparativos, equivale, por ejemplo, al 8% de los beneficios fiscales que se le otorgaron a la empresa Mercado Libre en 2023 o al 0,18% de lo que Argentina pagó en servicios de la deuda externa hasta el momento”, expresa el pronunciamiento.

“La preocupación por la situación actual es transversal. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la pérdida que significa la reducción de este servicio. En la actual situación de crisis socioeconómica estas políticas territoriales y centradas en las personas resultan un instrumento fundamental para el efectivo acceso a la justicia” concluye el comunicado de las organizaciones firmantes.

La delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI) para atraer dólares frescos, las privatizaciones de empresas públicas, la restitución del impuesto a las ganancias a los sueldos más altos, y el blanqueo de capitales, son los capítulos de la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales que generan mayor debate y que pueden sufrir nuevos cambios en el tratamiento en particular de estas dos iniciativas claves para el Gobierno Nacional.

El Senado debatirá este miércoles la Ley Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial maratónica que comenzará a las 10, y la discusión en particular promete ser álgida ya que aún no hay faltan celebrar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas.

Uno de los capítulos que aún generan debates son las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo para poder eliminar, fusionar o disolver organismos públicos, ya que si bien se han sumado entes que no pueden afectarse, hay muchos legisladores dialoguistas que se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei.

De todos modos, las bancadas que respaldarán el dictamen de mayoría ya se aseguraron que se mantendrán el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos.

También genera mucho debate el Régimen de Promociones de Inversiones (RIGI) de 200 a 900 millones de dólares y esta destinados a los grandes emprendimientos mineros y petroleros, con beneficios fiscales en IVA y Ganancias, aduaneros y una estabilidad fiscal.

La iniciativa tuvo cambios en el Senado para fomentar el desarrollo de empresas locales que venderán sus servicios a los proyectos de inversiones del RIGI al disponer que una empresa extranjera que está encarando una fuerte inversión adquiera productos de empresas locales si “hay oferta competitiva”.

También se estableció que deberá presentar un estudio que no afectará el mercado local y tendrá que calcular los puestos directos e indirectos con integración y programa de empresas locales.

Pero estos cambios aun no dejaron conformes a muchos legisladores dialoguistas que insisten que se deben limitar aun más el Rigi para no perjudicar a las empresas nacionales.

Otro aspecto clave de la Ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas, pero ahi se le plantea un problema al Gobierno porque hay legisladores dialoguistas que rechazan la privatización de Aerolineas Argentinas, con lo cual es probable que si los números están muy ajustados se decida eliminar de la lista de empresas a vender a la línea área.

Las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son además de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).

En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.

En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Otro punto clave es la reforma del impuesto a ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados y solo se mantendrá las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.

El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22 por ciento en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de 2.8 millones de pesos de sueldos brutos.

El capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios con respecto al texto sancionado por diputados para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018 en el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años, y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como conyugue, padres e hijos.

El Gobierno autorizó un incremento de al menos 65% en las tarifas de luz para usuarios de ingresos medios y bajos, efectivo desde junio. Este ajuste se debe a un aumento en el precio estacional de la energía y cambios en los topes subsidiados para los niveles N2 y N3, afectando significativamente las boletas mensuales de estos usuarios.

La medida fue oficializada cuatro resoluciones publicadas en el Boletín Oficial este miércoles por la Secretaría de Energía, liderada por Eduardo Chirillo, bajo el Ministerio de Economía de Luis Caputo.

El nuevo precio estacional de la energía se establece en $57.214 por megawatt/hora, un ajuste necesario tras más de un año de congelamiento en el escalafón mayorista. Los subsidios aplicados son del 71,9% para hogares de ingresos bajos y del 55,9% para los de ingresos medios que ya cuentan con bonificación.

Sobre las tarifas de luz

• Se establecen nuevos topes de consumo subsidiado para los usuarios residenciales, diferenciados por Nivel (1, 2 y 3) y zona geográfica.
• Se establecen bonificaciones sobre el precio de la energía para los usuarios del Nivel 2 y Nivel 3.
• Se instruye al ENRE a aplicar los nuevos criterios en la elaboración de los cuadros tarifarios.
• Se establecen medidas para la actualización del padrón de beneficiarios del RASE.
• Se establece un mecanismo de compensación para las prestadoras de servicios públicos de distribución de electricidad por la pérdida de ingresos derivada de las bonificaciones.
• Se invita a las provincias a adherir a los nuevos criterios.

De acuerdo con la Resolución 94/2024, los objetivos de la medida son focalizar los subsidios en los usuarios que realmente los necesitan, promover el consumo responsable y eficiente de la energía y reducir gradualmente los subsidios al sector energético.

Topes de consumo subsidiado

• Nivel 1: No tienen subsidio.
• Nivel 2: 350 kWh/mes (consumo base) + consumo excedente a precio pleno.
• Nivel 3: 250 kWh/mes (consumo base) + consumo excedente a precio pleno.
• Zonas frías (Nivel 2): 700 kWh/mes (consumo base) + consumo excedente a precio pleno.
• Zonas frías (Nivel 3): 500 kWh/mes (consumo base) + consumo excedente a precio pleno.

Bonificaciones

• Nivel 2: 71,92% sobre el precio del Segmento N1 para el consumo base.
• Nivel 3: 55,94% sobre el precio del Segmento N1 para el consumo base.

Tarifas de gas

Junto a estos cambios, el Gobierno simplificó el esquema tarifario para gas y electricidad, afectando a los hogares segmentados en tres niveles: altos (N1), bajos (N2) y medios ingresos (N3). A diferencia de ajustes previos, este nuevo esquema distribuye el costo del recorte de subsidios entre todos los usuarios, incluyendo a aquellos de ingresos bajos y medios.

El Gobierno anunció que analizará estos ingresos, cruzándolos con las bases del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras fuentes de información gestionadas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, para verificar los datos. Esta tarea no es sencilla, como reconoció la Secretaría de Energía al señalar las deficiencias de la segmentación durante el gobierno anterior. Por ello, se estableció un periodo de transición de seis meses para implementar la Canasta Básica Energética (CBE), con la posibilidad de extenderlo hasta un año.

El objetivo de la CBE es que el Estado subsidie a los usuarios residenciales cuando el costo de la energía supere un porcentaje de sus ingresos, determinado por la Secretaría de Energía. Se espera que este porcentaje sea aproximadamente del 10% de los ingresos (5% para gas y 5% para electricidad). En estos casos, el Estado realizará una transferencia directa al beneficiario a través de una tarjeta virtual o CBU, o mediante un descuento en la factura.

En cuanto a los topes o límites de consumo bonificados, la decisión oficial contempla en el caso del gas natural

• N1 no tiene topes.
• N3 mantiene vigentes los topes establecidos en la Resolución de la Secretaría de Energía nro. 686, según distribuidora.
• N2, se aplican los mismos topes de consumo que para los N3.

Así, el precio del gas en la factura final del usuario aumentará a partir del mes de junio de 2024. El aumento exacto dependerá del consumo de cada usuario y del esquema de subsidios al que aplique.

Por último, recuerda que, la Secretaría de Energía supervisará la implementación de estos cambios y realizará ajustes necesarios durante el Período de Transición para asegurar una adecuada distribución de los subsidios y promover hábitos de consumo responsable y eficiente.