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Frenan aumentos
16 de mayo de 2024
El Gobierno de Javier Milei analiza la posibilidad de frenar los aumentos las tarifas de luz y de gas durante todo el invierno con el fin de mantener la «desaceleración» de la inflación, uno de los pocos elementos – junto al superávit- a los que se aferra para sostener el discurso de la recuperación económica.
La posibilidad que es estudiada por Luis Caputo fue reconocida por el vocero presidencial, Manuel Adorni en su última rueda de prensa. En su contacto con los medios, el funcionario nacional adelantó que ante el superávit financiero en las arcas del Estado, el gobierno nacional podría hacer uso de «algunas liberalidades».
«El recorte del gasto público de shock que hicimos para equilibrar las cuentas tuvo resultados más veloces de lo esperado», confirmó el portavoz y agregó: «Cuando tenés superávit fiscal podés dosificar como debe recaer el peso en determinados sectores de la sociedad y no ponerles una espada en el cuello» dijo.
«No tomamos ninguna determinación todavía pero puede ocurrir, que con superávit fiscal podamos ir ajustando algunas cuestiones y acomodando para que efectivamente no haya un peso adicional sobre la gente» completó Manuel Adorni.
Pese a la insistencia con la perfección del mercado y su autoregulación, Javier Milei tuvo que ceder a la presión social e intervino en algunos de los rubros que previamente había desregulado.
El primer caso resonante fue el de las prepagas. Con las subas de las empresas por encima de la inflación, el gobierno se vio obligado a retrotraer a diciembre los precios de las cuotas y a encarar una batalla legal con algunas de las compañías. Con una cautelar les exigió a las empresas que concentran el 90% de la medicina prepaga «a devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha».
Algo similar ocurrió con los aumentos en las tarifas del transporte público (colectivos y trenes) que estaban contemplados para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en abril y que fueron pateados por el Gobierno
Incluso ocurrió en abril con las tarifas de luz y gas pese a la autorización de las subas hecha por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Aquella Canasta Básica Energética (CBE) se iba a aplicar en abril, luego a mayo y en junio parecería que tampoco será aplicada.
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Confirman que hubo superávit fiscal por cuarto mes consecutivo
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que en abril se registró superávit fiscal por cuarto mes consecutivo. "En abril el sector público nacional registró superávit financiero por cuarto mes consecutivo por $17.409 millones. El superávit financiero acumulado en el año representa 0,2 del PIB", posteó en redes sociales.
El funcionario ya había anticipado el balance en una entrevista en TV, aunque no dio precisiones. "Abril ya viene con equilibrio fiscal, con algo de superávit financiero", deslizó en diálogo con LN+.
En abril, el gobierno había celebrado los números de marzo, con los que redondeó un primer trimestre con superávit financiero en la administración pública por $ 1,3 billones en los tres meses iniciales del año.
"Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos", dijo en aquella oportunidad el presidente, Javier Milei.
Ese logro también fue destacado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) este lunes. “Entre los resultados más notables cabe citar el primer superávit fiscal trimestral en 16 años, la rápida caída de la inflación, el cambio de tendencia de las reservas internacionales y una fuerte reducción del riesgo soberano", indicó el organismo en el último informe técnico que publicó sobre la Argentina.
"Es necesario que continúen realizándose esfuerzos para mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal, afinar los marcos de política monetaria y cambiaria, así como atender los cuellos de botella para el crecimiento", añadió el FMI en ese comunicado, en el que indicó que el gobierno de Milei sobrecumplió las metas.
Y puso fecha para la salida del estancamiento. "Esperamos que la economía empiece a crecer otra vez en la segunda mitad de este año", indicó el Fondo.
El superávit fiscal financiero del primer trimestre había sido de $1,3 billones y el primario de $3,9 billones. La mitad de esa cifra se consiguió en enero.
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Posición de CAME ante el RIGI y la modernización de las relaciones laborales
| Desde hace tiempo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) viene trabajando sobre la modernización en las relaciones laborales. Por este motivo, CAME considera un gran logro que esta cuestión esté contemplada en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. “Es un gran acierto la derogación de las leyes y artículos de leyes que son responsables de la litigiosidad laboral en nuestro país. Esto generará un gran alivio para el sector pyme, ya que, ante un reclamo por sumas exorbitantes por la aplicación de multas, podría darse el cierre de una empresa”, dijo el presidente de la entidad, Alfredo González. Cabe recordar que CAME se presentó como “amicus curiae” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en apoyo al capítulo laboral inserto en el DNU 70/23, únicamente en lo relativo a la parte de derecho individual del trabajo. “Contratar empleados es clave para el crecimiento y genera beneficios en toda la sociedad. Pero es imperioso que, a la par de que se contemplen los derechos adquiridos del trabajador, se faciliten las contrataciones que promueven el incremento del empleo genuino”, destacó el secretario general de la entidad pyme, Ricardo Diab “Contratar a un empleado tiene que suponer un estímulo para una empresa y no un riesgo, como es hoy. Actualmente es muy difícil porque no tenemos equilibrio judicial, y el despido genera un problema para la empresa”, agregó González. En este sentido, CAME considera que este proyecto de ley Bases debería contemplar las siguientes consideraciones: En torno a la indemnización, se establece la posibilidad de generar un fondo de cese. Pero también dice que los empleadores “podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista”. Esta alternativa sería de muy difícil implementación y podría atentar contra la viabilidad del fondo de cese y para la salud del sistema laboral es imperioso evitar la litigiosidad en todo aspecto. Si el objetivo de la norma es generar más empleo registrado ¿no hay acaso una posible litigiosidad laboral por el “Principio de la Primacía de la Realidad” en el artículo que refiere a los trabajadores independientes con colaboradores? ¿no genera esa situación una competencia desigual entre empresas?, ¿no genera la figura descripta en ese artículo una relación de prestación de servicios más que de empleo registrado?Las relaciones laborales son un aspecto central para el funcionamiento de las empresas argentinas, que en más del 70% son familiares, pequeñas y medianas, que vienen de décadas. Por eso es imperioso avanzar en la modernización de las relaciones laborales y esclarecer los puntos no resueltos para implementar lo antes posible esta reforma y potenciar un escenario en el empleo registrado que permita el crecimiento económico y el beneficio para toda la sociedad. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones CAME considera que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) −contemplado en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos− es un instrumento que por los beneficios fiscales otorgados tiene el potencial de atraer inversiones de gran volumen a nuestro país. “El gran desafío que tiene este régimen por delante es que esas inversiones se constituyan en una palanca para el crecimiento económico sostenido y la creación de riqueza y desarrollo de la sociedad en su conjunto”, subrayó Diab. Es indiscutible que sin inversión productiva no hay desarrollo económico sostenible y que en la actual coyuntura que atraviesa nuestro país las inversiones productivas de gran magnitud deben ser atraídas por incentivos fiscales. El RIGI es, a nuestro modo de ver, un potente sistema de atracción de inversiones productivas. Pero no se debe dejar de lado que todo incentivo hacia la inversión tiene como contrapartida una menor recaudación y un trato discriminatorio hacia las empresas que no cuentan con dichos beneficios .“Por este motivo es que un régimen de incentivos es sólo justificable en la medida en que la sociedad en su conjunto obtenga un beneficio superior al costo en el que incurre y que dicho beneficio se materialice durante un largo período de tiempo”, sentenció González. CAME comparte la necesidad de generar incentivos a la inversión productiva. Somos los primeros defensores de la economía real que se contrapone a la especulativa y somos conscientes de que sin incentivos no hay inversión. Pero a propósito del retorno sobre esa inversión surgen preguntas: ¿cuántos puestos de trabajo generarán esas inversiones? ¿Cuántos proveedores locales se integrarán a este proceso? ¿Cuál será el saldo neto de divisas que se generará en nuestro país como consecuencia de este régimen? ¿Cuáles son las cláusulas que fomentan la participación de nuestras empresas en el proceso de inversión? “Incluso creemos que podrían mejorarse algunas partes del articulado sobre la base de normativas vigentes. Sólo como ejemplo citaremos la Resolución del 256/00 del Ministerio de Economía de la Nación que impulsa la inclusión del contenido nacional en estos proyectos de inversión”, resaltó Diab. En definitiva, es perentorio atraer inversiones, es imperioso que nuestro sistema productivo ascienda a una escala superior y es necesario otorgar incentivos para motorizar esas inversiones. Pero al mismo tiempo es imprescindible integrar a este régimen a las pequeñas y medianas empresas, a la industria existente, a las economías regionales y a las locales. Es indispensable que se beneficie a la sociedad en su conjunto. |
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Por el acceso a la tenencia de armas
Con el aval del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich envió un proyecto de ley al Congreso para regularizar la tenencia de armas de fuegos. Así lo informó el Ministerio que conduce la ex presidenta del PRO mediante un comunicado. "En Argentina hay más de 800.000 armas de fuego con tenencia irregular: este Gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego".
¿Qué plantea el proyecto de ley?. El proyecto busca no solo regularizar la tenencia de armas que miles de usuarios tienen de manera "irregular", sino que también pretende facilitar el acceso a las mismas. "Se implementarán trámites ágiles y sencillos que favorezcan la registración para los usuarios irregulares. También, se propone prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por 4 años, que consiste en la entrega anónima de armas para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien la efectivizare".
"Además, desde la ANMaC, se continuará eliminando procedimientos innecesarios y costosos para facilitar la legitima tenencia de armas: si renovás tu Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no se va a necesitar nuevamente acreditar la idoneidad en su manejo", explicaron en el comunicado.
Por último, justificaron esta medida y plantearon que "tener un registro de armas transparente, completo y con procesos modernos, permitirá que los argentinos que quieran tener armas en sus casas, puedan hacerlo de manera legal, mientras continua el combate a fondo contra los delincuentes que con armas ilegales, ponen en riesgo la vida de todos los argentinos".
