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Posición de CAME ante el RIGI y la modernización de las relaciones laborales
16 de mayo de 2024
| Desde hace tiempo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) viene trabajando sobre la modernización en las relaciones laborales. Por este motivo, CAME considera un gran logro que esta cuestión esté contemplada en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. “Es un gran acierto la derogación de las leyes y artículos de leyes que son responsables de la litigiosidad laboral en nuestro país. Esto generará un gran alivio para el sector pyme, ya que, ante un reclamo por sumas exorbitantes por la aplicación de multas, podría darse el cierre de una empresa”, dijo el presidente de la entidad, Alfredo González. Cabe recordar que CAME se presentó como “amicus curiae” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en apoyo al capítulo laboral inserto en el DNU 70/23, únicamente en lo relativo a la parte de derecho individual del trabajo. “Contratar empleados es clave para el crecimiento y genera beneficios en toda la sociedad. Pero es imperioso que, a la par de que se contemplen los derechos adquiridos del trabajador, se faciliten las contrataciones que promueven el incremento del empleo genuino”, destacó el secretario general de la entidad pyme, Ricardo Diab “Contratar a un empleado tiene que suponer un estímulo para una empresa y no un riesgo, como es hoy. Actualmente es muy difícil porque no tenemos equilibrio judicial, y el despido genera un problema para la empresa”, agregó González. En este sentido, CAME considera que este proyecto de ley Bases debería contemplar las siguientes consideraciones: En torno a la indemnización, se establece la posibilidad de generar un fondo de cese. Pero también dice que los empleadores “podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista”. Esta alternativa sería de muy difícil implementación y podría atentar contra la viabilidad del fondo de cese y para la salud del sistema laboral es imperioso evitar la litigiosidad en todo aspecto. Si el objetivo de la norma es generar más empleo registrado ¿no hay acaso una posible litigiosidad laboral por el “Principio de la Primacía de la Realidad” en el artículo que refiere a los trabajadores independientes con colaboradores? ¿no genera esa situación una competencia desigual entre empresas?, ¿no genera la figura descripta en ese artículo una relación de prestación de servicios más que de empleo registrado?Las relaciones laborales son un aspecto central para el funcionamiento de las empresas argentinas, que en más del 70% son familiares, pequeñas y medianas, que vienen de décadas. Por eso es imperioso avanzar en la modernización de las relaciones laborales y esclarecer los puntos no resueltos para implementar lo antes posible esta reforma y potenciar un escenario en el empleo registrado que permita el crecimiento económico y el beneficio para toda la sociedad. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones CAME considera que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) −contemplado en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos− es un instrumento que por los beneficios fiscales otorgados tiene el potencial de atraer inversiones de gran volumen a nuestro país. “El gran desafío que tiene este régimen por delante es que esas inversiones se constituyan en una palanca para el crecimiento económico sostenido y la creación de riqueza y desarrollo de la sociedad en su conjunto”, subrayó Diab. Es indiscutible que sin inversión productiva no hay desarrollo económico sostenible y que en la actual coyuntura que atraviesa nuestro país las inversiones productivas de gran magnitud deben ser atraídas por incentivos fiscales. El RIGI es, a nuestro modo de ver, un potente sistema de atracción de inversiones productivas. Pero no se debe dejar de lado que todo incentivo hacia la inversión tiene como contrapartida una menor recaudación y un trato discriminatorio hacia las empresas que no cuentan con dichos beneficios .“Por este motivo es que un régimen de incentivos es sólo justificable en la medida en que la sociedad en su conjunto obtenga un beneficio superior al costo en el que incurre y que dicho beneficio se materialice durante un largo período de tiempo”, sentenció González. CAME comparte la necesidad de generar incentivos a la inversión productiva. Somos los primeros defensores de la economía real que se contrapone a la especulativa y somos conscientes de que sin incentivos no hay inversión. Pero a propósito del retorno sobre esa inversión surgen preguntas: ¿cuántos puestos de trabajo generarán esas inversiones? ¿Cuántos proveedores locales se integrarán a este proceso? ¿Cuál será el saldo neto de divisas que se generará en nuestro país como consecuencia de este régimen? ¿Cuáles son las cláusulas que fomentan la participación de nuestras empresas en el proceso de inversión? “Incluso creemos que podrían mejorarse algunas partes del articulado sobre la base de normativas vigentes. Sólo como ejemplo citaremos la Resolución del 256/00 del Ministerio de Economía de la Nación que impulsa la inclusión del contenido nacional en estos proyectos de inversión”, resaltó Diab. En definitiva, es perentorio atraer inversiones, es imperioso que nuestro sistema productivo ascienda a una escala superior y es necesario otorgar incentivos para motorizar esas inversiones. Pero al mismo tiempo es imprescindible integrar a este régimen a las pequeñas y medianas empresas, a la industria existente, a las economías regionales y a las locales. Es indispensable que se beneficie a la sociedad en su conjunto. |
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Chau equipaje de mano gratis en Aerolíneas
La empresa Aerolíneas Argentinas anunció un cambio en su política tarifaria. Desde este lunes, los pasajes más económicos para vuelos nacionales dejarán de incluir equipaje de mano gratuito.
A partir de ahora, quienes compren tarifas “base” o “promo” solo podrán llevar un artículo personal, como una mochila o bolso pequeño, de hasta 3 kilos. El equipaje de mano tipo carry on, de hasta 8 kilos, pasará a ser un servicio adicional pago.
La medida rige únicamente para nuevos pasajes adquiridos desde su implementación y no afecta a quienes ya habían comprado sus tickets.
Desde la compañía explicaron que la decisión busca adaptar su esquema comercial a un mercado más competitivo, especialmente frente a las aerolíneas de bajo costo.
“El objetivo es ofrecer una tarifa que compita con las low cost, que separan el precio del pasaje del costo del equipaje”, señalaron fuentes de la empresa.
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Fin de una era: Rematan predios ferroviarios
El Poder Ejecutivo autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender 21 inmuebles del dominio público, entre ellos un terreno en Palermo ubicado sobre Avenida Libertador, entre Cerviño y Bullrich. El Ministerio de Economía desafectó el uso ferroviario de ese lote y consignó que tiene 3.014 m².
Según el decreto 322/2026, publicado en el Boletín Oficial, la venta persigue reducir gastos de mantenimiento y aportar recursos frescos al Estado. El texto sostiene que la operación buscará “impulsar actividades productivas” y remarca que los activos “se encuentran ociosos” para así ahorrar costos que podrían evitarse si se concreta la disposición.
Además del terreno en Palermo, la medida lista inmuebles en varias provincias. En la provincia de Buenos Aires se incluyen dos predios en Salazar (Daireaux), tres en Mariano H. Alfonzo (Pergamino), cinco en Barrow (Tres Arroyos) y uno en Pablo Podestá (Tres de Febrero), todos destinados a subasta pública.
En Chubut se ofrecen dos sectores en Esquel, lindantes al río Los Bandidos, mientras que en Córdoba aparecen tres lotes sobre la costanera del Embalse Río Tercero, en el departamento Calamuchita. En La Pampa se detallan tres predios que integran el cuadro de la estación Lonquimay.
Misiones completa la nómina con un inmueble en la localidad de Candelaria, ubicado sobre la calle Fray Ruiz de Montoya. El decreto explica que las auditorías detectaron falta de uso específico, uso indebido o subutilización, por lo que se impulsó la disposición de estos bienes estatales.
El predio porteño, además de su situación sobre la traza ferroviaria Retiro–Palermo del San Martín, aloja actualmente una sede del Renaper donde se tramitan DNI y pasaportes. La AABE será la encargada de organizar las modalidades y cronogramas de las subastas que permitan la enajenación de los inmuebles.
El Gobierno sostiene que la enajenación de esos bienes permitirá liberar cargas presupuestarias y favorecer el desarrollo de actividades productivas en los terrenos transferidos al sector privado. La operatoria será comunicada oficialmente con fechas y condiciones para quienes quieran participar de las subastas.
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Polémica por hospitales universitarios
La Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que la atención en sus hospitales universitarios está en riesgo por la falta de financiamiento del Gobierno y advirtieron que en 45 días podrían dejar de funcionar si no se revierte la situación. Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron los planteos y aseguraron que las transferencias fueron realizadas.
Este martes, los directores de los seis hospitales de la UBA brindaron una conferencia donde aseguraron que Nación todavía no les envió los fondos asignados por el Presupuesto 2026
Se trata del Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. En conjunto, atienden a más de 700.000 personas por año.
“Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto, que nos asignen el presupuesto que nos adeudan. Si esto sigue así, en un mes y medio, no sé si vamos a poder seguir prestando la atención a los pacientes”, relató el doctor y director del Instituto Lanari, Norberto Lafos.
Qué denuncia la UBA
El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, agregó que la red sanitaria de la UBA está “atravesando una situación económica grave” debido a que en los últimos cuatro meses no recibió “ni siquiera un peso del presupuesto de funcionamiento hospitalario”.
“¿Qué significa esto? Que el hospital no puede comprar insumos, medicamentos ni pagar honorarios. Esto afecta la parte asistencial, porque tenemos que achicar el hospital, y eso significa reducir la cantidad de cirugías, los tratamientos médicos y los gastos”, advirtió.
De acuerdo con los datos que aportaron los directores médicos, los fondos para el funcionamiento deberían haberse enviado en enero, pero no los recibieron y aclararon que “se trata de los mismos montos del año pasado, es decir, no contemplan la inflación del 30% de 2025″.
“Como consecuencia, esto repercute drásticamente en las prestaciones. En este contexto, el Hospital de Clínicas está funcionando entre un 30% y un 50% de su capacidad. Si no se reciben fondos en los próximos días, las plantas hospitalarias se verán muy afectadas; estimamos que esto ocurrirá en los próximos 45 días”, alertó Melo.
El Gobierno, en cambio, afirmó que los fondos cercanos a $80.000 millones ya fueron girados y aseguró que es “inadmisible” que la UBA pretenda “apropiarse” de los recursos asignados a la totalidad de los hospitales universitarios.
“Un comunicado del Ministerio de Capital Humano dado a conocer luego de la conferencia de prensa reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el comunicado señala expresamente que, al mes de mayo, ‘el área aún debe contemplar su distribución eficiente’, refiriéndose a la partida de $79.763.113.948, lo que implica admitir que esos fondos todavía no fueron asignados ni transferidos a las universidades correspondientes”, respondió la UBA.
La respuesta del Gobierno
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró en un comunicado que los planteos de los seis hospitales de la UBA “son falsos”.
“El Gobierno transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento”, afirmó Pettovello.
Para el Ejecutivo, el reclamo de la UBA “apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798, por un monto de $79.763.113.948″.
Según la cartera que encabeza Pettovello, la UBA pidió que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, lo que representa el 94,5% de un fondo destinado a todo el sistema universitario nacional.
“De aprobarse ese planteo, quedarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”, indicó.
“El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”, concluyó el comunicado oficial.
