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Un llamado de los judiciales
21 de noviembre de 2023
| Un llamado a la afirmación del consenso democrático, al compromiso con los derechos humanos y a la mejora de las instituciones públicas hizo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a través de un comunicado, que dice textualmente: |
| Este 19 de noviembre tenemos nuevamente la oportunidad de expresarnos en las urnas. ACIJ defiende y celebra el ejercicio del autogobierno democrático basado en el voto secreto, universal y obligatorio de la ciudadanía, y fundado en la autonomía personal. Cada proceso electoral es un capítulo más en la construcción de esa obra colectiva e intergeneracional vital para la realización de la vida política. El acto de votar es un momento único de soberanía en el que nos confiamos mutuamente la definición de nuestro futuro como comunidad de personas libres e iguales. Desafortunadamente, desde hace años la vida pública argentina transcurre -tanto en la opinión pública como en los liderazgos políticos y sociales- en el marco de una polarización extrema. La campaña electoral de este año ha exacerbado esta dinámica, incorporando afirmaciones y acusaciones insultantes y agresivas. A su vez, desde un sector se sumaron expresiones que ponen en duda un sistema electoral que ha procesado con transparencia la voluntad de la ciudadanía en cada elección. Todo ello genera angustia, inquietud y temor cívico en nuestra organización. El actual ciclo electoral presenta, además, condiciones extraordinarias y especiales que lo hacen incomparable con los que se han producido desde que ACIJ comenzó a funcionar en 2003. Observamos con particular preocupación que han proliferado discursos públicos que atentan contra los consensos construidos en los últimos 40 años, relativos a la interpretación del sentido, la magnitud y el alcance de las violaciones de derechos humanos por parte de la última dictadura, y el consiguiente cuestionamiento de la pertinencia de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, lo que constituye un grave retroceso que debe ser repudiado. Nuestra democracia tiene grandes déficits. El 40% de la población (y el 57% de los niños, niñas y adolescentes) vive en condición de pobreza. Múltiples grupos enfrentan situaciones de violencia y discriminación que les impiden vivir vidas plenas. Los esquemas de distribución de la riqueza siguen siendo profundamente injustos y regresivos. Los modos en que los sucesivos gobiernos vienen gestionando lo público -incluyendo los casos de corrupción, la escasa transparencia de las instituciones, la captura corporativa, el endeudamiento y el uso de recursos públicos para fines electorales, y la inexistencia de canales de participación ciudadana en la toma de decisiones- también deterioran la calidad de nuestro sistema democrático e impactan negativamente en la garantía de los derechos humanos. Para revertir estos problemas estructurales debemos fortalecer la democracia con discusiones profundas, que respeten el núcleo central de los valores que la inspiran y le dan sustento, que garanticen la participación de los sectores sobre los que más pesan estas deudas y que preserven los derechos que sí fueron conquistados en el plano normativo y fáctico, los que deben ser fuente de orgullo permanente. Los desafíos actuales exigen reforzar nuestro compromiso con mandatos constitucionales como la justicia social, ambiental y de género y la igualdad real de oportunidades, así como con un sistema institucional transparente, abierto, participativo y libre de corrupción. También implican reconocer el rol central de la política pública en la garantía de derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda y en la promoción de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva que respete la diversidad, y exigir incansablemente que estas sean cada vez más efectivas en la consecución de esas metas. Independientemente de los resultados electorales, nuestra comunidad política debe sostener los lazos de encuentro cívico que presupone la vida común, manteniendo las diferencias y puntos de vista antagónicos dentro de los cauces de un desacuerdo intenso pero respetuoso y preservando el pluralismo y el compromiso con los consensos fundacionales de nuestra democracia. En este preocupante escenario político, económico y social, ACIJ llama al funcionariado público, a los líderes y lideresas de opinión y a los partidos políticos que tienen la posibilidad de guiar e influir en el destino del país en los próximos años a efectivizar los derechos humanos, a mejorar las instituciones públicas y a afirmar el consenso democrático y del “Nunca Más”. |
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Diputados debate Ley Malvinas
El recinto de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles para sesionar en torno a un menú de proyectos impulsados por el Gobierno, entre los que se destacan la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La sesión especial, pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y por otros diputados del oficialismo, comenzará a las 12 del mediodía y se espera un largo debate que culminará a altas horas de la madrugada.
El temario también incluye los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.
Ley Malvinas
El oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocido como "Ley Malvinas", pero podría sufrir la amputación de un capítulo entero que es resistido por sectores dialoguistas.
El jueves pasado el oficialismo intentó alinear a sus aliados en un encuentro a puertas cerradas en el Salón de Honor, y se llevó reacciones diversas: el PRO y la UCR se comprometieron a apoyar el texto con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y hasta la monobloquista radical Karina Banfi exigieron cirugía mayor en el capítulo 7 a cambio de los votos.
El oficialismo solamente prometió retoques menores, lo que maximiza el riesgo de que el capítulo entero sea guillotinado en la votación en particular.
Una vez que se vote en general, se pasará al desglose por capítulos y el 7 en particular necesita una mayoría especial de 129 votos para su aprobación porque propone, entre otros elementos, cambios al sistema electoral (aplica multas a extranjeros que financien campañas electorales).
Esa cantidad de votos no está garantizada y por ese motivo no se descarta que el Gobierno acepte a último momento quitar el capítulo para aglutinar respaldo amplio en torno al núcleo duro de sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
El capítulo también aplica penas por organizar o colaborar con operaciones de inteligencia a cuenta de un Estado extranjero contra la seguridad nacional argentina, por revelar secretos de Estado a un país extranjero, y por participar de campañas de sabotaje contra el Gobierno o la población nacional.
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A raíz de la lluvia de críticas que recibió en su momento el proyecto, el Gobierno aceptó dejar afuera de cualquier tipo de persecución penal o económica a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.
El proyecto propone un régimen sancionatorio (penal y económica) por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores (se deja afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones).
Si bien esta parte de la ley es aceptada por la oposición dura, no sucede lo mismo respecto con el resto del proyecto, especialmente con la propuesta de aumentar de las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una vagamente definida "amenaza externa".
Para el peronismo y la izquierda, el proyecto del Gobierno es un "caballo de Troya" que esconde una inédita concentración de poder en el Poder Ejecutivo para que tome medidas de excepción como si fueran normales.
Esto se refleja en las funciones que adquiere el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano nuevo encargado de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estatégica que será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores.
Entre sus funciones se encuentra la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como por ejemplo restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en "operaciones no convencionales" son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en pie en la reforma.
Este elemento es uno de los que más levanta críticas por el hecho de que se desdibuja la separación de las funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, permitiendo que estas últimas se desempeñen en Seguridad Interior.
Una modificación que el oficialismo concedió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso encargada de auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.
Según se establece en el articulado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en el ámbito del Consejo en un plazo máximo de 48 horas.
Un punto polémico de la reforma es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra solamente si hay "motivos razonables para sospechar".
Para la oposición, los conceptos de "terrorismo" y "amenaza externa" aparecen en el proyecto con una definición muy laxa, sin precisión técnica y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.
Reforma del Banco Central
El otro tema que demandará varias horas de debate durante la sesión es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Al oficialismo no le dio la nafta para poder firmar en comisiones un dictamen insistiendo con la redacción original aprobada en Diputados, que establecía una suerte de cerrojo institucional para que en un futuro no viniera una administración de otro signo político y pudiera remover directores con facilidad y volver a "prender la maquinita" de la emisión "inflacionaria".
Aquella media sanción establecía el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central.
El Senado corrigió ese mecanismo y lo reemplazó por una mayoría absoluta únicamente del pleno de la Cámara alta para poder sacar integrantes del directorio.
Después de amagar con volver al proyecto original, el oficialismo en Diputados tuvo que aceptar a regañadientes los cambios aplicados en el Senado, que le quitan a Diputados voz y voto en la designación y remoción de funcionarios del Banco Central.
Al margen de los cambios en el mecanismo de integración del directorio y de las mayorías necesarias para incorporar o remover a sus miembros, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica busca consolidar como principio rector la idea de "emisión cero".
Para el Gobierno, no alcanza con sanear el balance del Banco Central en la actualidad si una gestión futura puede "volver a prender la maquinita" y generar inflación.
De esta manera, la iniciativa elimina la multiplicidad de propósitos que estaba presente en la ley 26.739 de 2012, sancionada a instancias del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de mandato único: la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro. NA
Foto Gentileza Agencia NA (DANIEL VIDES)
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Yerba mate y vino, 30 y 45 meses en rojo
Ocho de las 19 economías regionales que sigue la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) continúan en rojo, según su último Semáforo: la yerba mate acumula 30 meses en esa zona y la vitivinicultura, 45.
El tablero casi no cambió respecto de agosto: cinco actividades están en verde, seis en amarillo y ocho en rojo. La única novedad fue la de las hortalizas, que salieron de la zona crítica por una mejora en su rentabilidad. Además de yerba y vino, están en rojo el arroz, el mosto, el algodón, la leche, la mandioca, la actividad forestal y los cítricos dulces.
La paradoja yerbatera
Pese a que el consumo interno subió a 6,2 kilos por habitante por año y las exportaciones crecieron 10%, hasta US$132 millones, la tonelada de hoja verde se paga alrededor de $280.000, lo mismo que un año atrás. Con una inflación interanual de 33,4%, eso implica una pérdida real cercana al 25%, y la participación del productor en el precio final cayó al 16%, frente a un promedio histórico del 21%.
Un relevamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate estimó que producir un kilo de hoja verde cuesta $473,70, mientras que los secaderos pagaban entre $240 y $300.
Desregulación y reclamos
El sector atribuye parte del problema a la desregulación: el DNU 70/2023 y el decreto 812/2025 quitaron al instituto la facultad de fijar el precio de la materia prima. El ministro Federico Sturzenegger sostiene que el organismo debe ocuparse de la calidad y la promoción. En Misiones, el ministro del Agro, Facundo López Sartori, calculó que la economía yerbatera perdió más de $1,44 billones desde diciembre de 2023.
En el caso del vino, la actividad no sale de la zona crítica desde enero de 2023 y, desde 2018, estuvo en rojo en siete de cada diez meses.
Leé también: En Argentina cayó el consumo de la yerba y la carne, pero el vino resistió
Fuente: Coninagro
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‘Hay que cambiar el chip’, sin odio ni lenguaje violento
En el vuelo de regreso a Roma, León XIV habló de una polarización «intencionalmente provocada» y alimentada por algoritmos, y contó cómo fueron sus charlas con Milei.
El papa León XIV pidió «cambiar el chip» en la Argentina y apuntar al diálogo, durante la conferencia de prensa que ofreció a bordo del avión que lo llevó de Lima a Roma al cierre de su gira por Uruguay, Argentina y Perú.
«Va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento», dijo el Pontífice ante unos 80 periodistas, según relataron La Nación e Infobae. También advirtió que la polarización no es casual: habló de una sociedad que se dejó llevar por algoritmos y de una grieta que, en muchas situaciones, fue «intencionalmente provocada».
CON MILEI
León XIV repasó sus reuniones con el presidente Javier Milei y aclaró que su mensaje no es político ni de derecha ni de izquierda. Contó que conversaron sobre su encíclica Magnifica humanitas, sobre economía y sobre el respeto por el ser humano en todas sus etapas, y que lo animó a «tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina».
El Papa destacó además la apertura del mandatario a escuchar ese mensaje, tanto en la llegada como en la despedida. Recordó que Milei y Francisco representaban «líneas políticas muy distintas» y, sin embargo, se llevaban bien. Prefirió no responder por qué Francisco no viajó a la Argentina durante su pontificado.
Desde la doctrina social de la Iglesia, planteó la necesidad de una distribución más equitativa de la riqueza para evitar fenómenos como la reducción o eliminación de la clase media, y de fortalecer a la clase obrera para que pueda vivir con más dignidad. Pidió además que la dirigencia política trabaje unida para mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo.

