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FMI estima que la economía argentina caerá 2,5% durante 2023
10 de octubre de 2023
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que la economía argentina caerá 2,5% durante 2023, en un contexto de lenta recuperación mundial tras el impacto de la pandemia y la guerra en Ucrania.
En su último reporte de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), que se presentó hoy como antesala de la Asamblea Anual del organismo en conjunto con el Banco Mundial (BM) que tiene lugar esta semana en Marruecos, el Fondo modificó sus proyecciones respecto de las últimas emitidas en julio, en la misma línea que lo hizo el BM que también estimó recientemente que el PBI de la Argentina caerá 2,5%.
El reporte, denominado «Navegando las divergencias» pronosticó en cuanto a los precios, otros de los indicadores macroeconómicos que sigue el Fondo para los 190 países miembro, que la Argentina cerrará el 2023 con una alza de 135,7%.
En tanto que para el resto del mundo se estima que el crecimiento mundial se desacelere de 3,5% en 2022 a 3% en 2023 y 2,9% en 2024, y las proyecciones permanecen por debajo del promedio histórico (2000 – 2019) de 3,8%, y el pronóstico para 2024 ha sido rebajado en 0,1 puntos porcentuales respecto de la actualización de julio de 2023 de Perspectivas de la economía mundial, explicaron desde el FMI.
Por países y a nivel regional, el FMI también espera que las economías de Chile y Haití se contraerán en el 2023, coincidiendo con las previsiones recientes de otros organismos internacionales como el Banco Mundial o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En ese sentido, el Fondo espera una recesión del 0,5% en Chile y del 1,5% en Haití, aunque estima que la actividad económica se recuperará en 2024.
Por otro lado, la proyección de crecimiento del PBI para Brasil fue mejorada en un punto, hasta 3,1%, atendiendo al buen desempeño económico en los dos primeros trimestres del año.
Lo mismo sucede con México, donde se dio una mejora de seis décimas hasta el 3,2%, mientras que un crecimiento más moderado experimentarán Bolivia (1,8%), Colombia (1,4%), Ecuador (1,4%), Perú (1,1%) y Uruguay (1%).
Paraguay, frente al bajo desempeño de 2022, crecerá un 4,5%, según el Fondo Monetario Internacional.
La recuperación mundial tras la pandemia de Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania sigue siendo lenta y desigual, y a pesar de la resiliencia mostrada por la economía a comienzos de este año, con un repunte debido a la reapertura de las economías tras la pandemia y los avances en la reducción de la inflación desde sus niveles máximos del pasado año, «aún es demasiado pronto para reconfortarse», indicaron.
De esta forma, «la actividad económica está todavía por debajo de su trayectoria anterior a la pandemia, en especial en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, y existen divergencias crecientes entre las regiones», señalaron, al tiempo que advirtieron que «varias fuerzas están frenando la recuperación».
Algunas cuestiones responden a las consecuencias a largo plazo de la pandemia, la guerra en Ucrania y el aumento de la fragmentación geoeconómica, y otras son de carácter más cíclico, como los efectos del endurecimiento de la política monetaria necesario para reducir la inflación, la retirada del apoyo fiscal en un contexto de elevado endeudamiento y los fenómenos meteorológicos extremos.
Para las economías avanzadas se prevé una desaceleración de 2,6% en 2022 a 1,5% en 2023 y 1,4% en 2024, con un ímpetu más fuerte de lo previsto en Estados Unidos pero crecimiento más flojo en la zona del euro.
Se proyecta que el crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo disminuya de forma moderada, de 4,1% en 2022 a 4% en 2023 y 2024, con una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales en 2024, atribuible a la profundización de la crisis del sector inmobiliario en China.
Los pronósticos de crecimiento mundial a mediano plazo, de 3,1%, son los más bajos en décadas, y las perspectivas de que los países alcancen niveles de vida más altos son escasas.
Se prevé que la inflación mundial se reduzca a un ritmo constante, de 8,7% en 2022 a 6,9% en 2023 y 5,8% en 2024, aunque los pronósticos para 2023 y 2024 se han revisado al alza en 0,1 puntos porcentuales y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente, y no se prevé que la inflación, en la mayoría de los casos, retorne al nivel fijado como meta hasta 2025.
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Aeronáuticos ratifican ante la OIT las denuncias contra Milei
Cuatro sindicatos del sector aeronáutico ratificaron y ampliaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las denuncias contra el Gobierno por “violaciones al derecho de huelga, el deterioro de las condiciones laborales y la persecución de los líderes sindicales”.
Los gremios que hicieron las presentaciones fueron la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).
Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Pablo Biró (APLA), Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llano (APA), reafirmaron su “compromiso inquebrantable” con la protección del derecho de huelga, reconocido como “una herramienta esencial de los trabajadores para defender sus derechos laborales, salariales y convencionales”.
Al respecto, Brey destacó el trabajo conjunto realizado desde el sector aeronáutico en la defensa de las condiciones laborales y de los derechos de todos los trabajadores del sector. En este sentido, afirmó que “sin derecho de huelga no hay libertad sindical plena” y que sin esta libertad “no es posible garantizar un trabajo digno”.
Además, repudió cualquier intento de utilizar la declaración de esencialidad, contenida en la Ley de Reforma Laboral, como “un mecanismo para restringir o limitar el ejercicio legítimo de la acción sindical”.
Y añadió: “La seguridad operacional y la prestación de servicios públicos no pueden ser justificativos para ignorar derechos fundamentales establecidos en la normativa nacional e internacional”.
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Reforma Laboral: la Corte rechazó el per saltum que planteó el gobierno
La Corte Suprema rechazó el pedido del gobierno nacional de aplicar un per saltum para que la discusión judicial por el debate judicial en torno a la reforma laboral, que la CGT cuestionó por inconstitucional, luego de que fuera aprobada el febrero pasado en el Congreso.
La decisión de la Corte se conoce luego de que la Cámara de Trabajo enviara la causa al Fuero Contencioso Administrativo, lo que en principio fue un revés para la central sindical, que buscaba que la causa se sustancie en el fuero laboral.
La Corte, en cambio, le dio una mala noticia, aunque relatiuva, al Ejecutivo, que buscaba el salto de instancia para acelerar un proceso que con apelaciones y contra apelaciones probablemente termine en el máximo tribunal, aunque demore para ello más tiempo.
La Secretaría de Trabajo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, había presentado a mediados de abril el per saltum para revertir la sentencia del juez laboral Raúl Ojeda, que dictó una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sancionada por el Congreso.
Pero antes del fallo de la Corte de hoy, la Cámara de Trabajo ya había puesto en vigencia nuevamente los artículos suspendidos. Es porque los jueces Arturo Pesino y María González rechazaron el efecto suspensivo que el juez Ojeda le había dado a la apelación.
El per saltum es saltar una instancia judicial para que la Corte Suprema intervenga directamente en una causa. El gobierno de Javier Milei había alegado, entre otros argumentos, que el juez Ojeda no era el competente para intervenir y por eso reclamaba la urgente intervención del máximo tribunal ante la suspensión de parte de la norma.
En el fallo que se conoció este jueves, la Corte Suprema sostuvo que a juicio de la Corte "no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia".
Ante esto, concluyó que "se declara inadmisible el recurso interpuesto" por el Gobierno el pasado 16 de abril.
¿Qué dispone la reforma?
Entre los 80 artículos suspendidos y puestos otra vez en vigencia por la Cámara de Trabajo se encuentran el de Indemnizaciones y Contratos (Ley 20.744), que modifica el cálculo de indemnizaciones e implica la extensión del período de prueba.
También el ítem Solidaridad y Tercerización, que limita la responsabilidad de las empresas en casos de tercerización (artículos 16, 17 y 18 de la norma), manteniendo la solidaridad amplia.
Además están incluidos el banco de horas y las nuevas regulaciones sobre horas extras; a lo que se suma la facultad unilateral del empleador para modificar condiciones de trabajo.
La ley de reforma laboral se aprobó el 27 de febrero y se promulgó el 6 de marzo. El proyecto de reforma laboral había recibido media sanción en la Cámara alta el 12 de febrero. Pero la inclusión del famoso artículo 44, sobre las licencias laborales por enfermedad, levantó polémica y el oficialismo lo sacó antes del tratamiento en Diputados.
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Escándalo en la AFA: los veedores judiciales no pudieron entrar
Los técnicos del Ministerio de Justicia se encontraron con la sede de Viamonte cerrada y un cartel que derivaba la atención a Pilar. La IGJ investiga inconsistencias por USD 450 millones en los balances de la gestión de Claudio Tapia.
En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre la Casa Rosada y la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, los veedores designados por el Ministerio de Justicia de la Nación no pudieron ingresar este miércoles a la sede histórica de la calle Viamonte. El operativo, que buscaba dar inicio a una fiscalización de 180 días sobre los balances y contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), terminó con una nota dejada por debajo de la puerta y un conflicto de jurisdicciones que promete escalar a la Justicia.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, enviados oficiales del Gobierno, llegaron a las 13 a la sede central con el objetivo de requerir documentación contable y administrativa. Sin embargo, se encontraron con el edificio cerrado y un cartel que indicaba que la administración debía buscarse en un predio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
El conflicto por el domicilio y los US$ 450 millones
La Inspección General de Justicia (IGJ) sostiene que la AFA ha fallado en explicar inconsistencias por USD 450 millones en sus balances de los últimos ocho años. Además, el Gobierno investiga la creación de una universidad no registrada y contratos con empresas bajo la lupa por presunto lavado de dinero, como TourProdEnter y SurFinanzas.
El intento de la AFA de trasladar su sede social a Pilar es visto por el Ministerio de Justicia como una "maniobra de evasión" para salir de la órbita de control de la IGJ (que tiene competencia en CABA) y pasar a la jurisdicción bonaerense. Esta mudanza ya había sido rechazada por el organismo estatal al constatar que en el predio de Pilar no existen instalaciones administrativas operativas.
PUERTAS CERRADAS. El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena llegaron a la sede de la AFA para iniciar la veeduría, pero debieron dejar el pedido bajo la puerta al no ser recibidos por ninguna autoridad.
Fotos: RSFotos
