El gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma en el sistema de salud que, de aplicarse, podría transformar el funcionamiento de las prescripciones médicas en la Argentina.

La iniciativa, liderada por ministro de Salud, Mario Lugones, propone que los médicos sólo puedan indicar tratamientos vinculados a su propia especialidad.

Desde la cartera de Salud nacional sostienen que la medida apunta a reforzar los controles sobre el gasto sanitario y reducir la judicialización del sistema.

Lugones presentó la propuesta durante una jornada sobre salud que reunió días atrás a funcionarios, jueces, legisladores y representantes de obras sociales y prepagas. Un encuentro que sirvió para analizar el funcionamiento del sistema de mediación Promeso.

Según se publicó en el diario Clarín, en su exposición el ministro Lugones remarcó la necesidad de "controlar muy bien el gasto y a los médicos", especialmente en tratamientos de alto costo. Y para graficar el problema, usó su propio caso como ejemplo: Lugones es cardiólogo y, aunque hace años que no ejerce, todavía hoy podría prescribir tratamientos cardiovasculares sin ninguna restricción.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que si bien el proyecto aún está en análisis, se trata de "una actualización necesaria".

Según trascendió, la reforma establecería que cada médico sólo podrá recetar medicamentos y tratamientos correspondientes a su especialidad certificada, lo que implicaría un control cruzado entre matrículas profesionales y prescripciones realizadas.

El ministerio aún no precisó plazos de implementación ni detalló cómo funcionaría el mecanismo de control. Tampoco si habrá excepciones para zonas rurales o localidades sin especialistas disponibles.

Según el gobierno, el actual esquema de prescripción alimenta amparos judiciales de pacientes contra obras sociales y prepagas por cobertura de tratamientos.

Durante el encuentro, jueces federales explicaron que casi el 70 % de las causas en los juzgados civiles y comerciales federales están vinculadas a reclamos de salud.

El gobierno sostiene que muchos de esos amparos surgen porque médicos sin especialización en determinadas áreas recetan tratamientos costosos. Las obras sociales y prepagas los rechazan, y los pacientes lo judicializan.

En el marco del  Congreso Provincial de Salud (Cosapro) que se desarrolla en el Gran Hotel Provincial, los intendentes de Lomas de Zamora y Pilar, Federico Otermín y Federico Achával, respectivamente, acompañaron al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak durante su mensaje a más de 13 mil participantes, entre ellos, secretarios de salud municipales, autoridades provinciales y equipos de gestión del sistema sanitario.

Ambos jefes comunales  por Unión por la Patria tuvieron una activa participación durante las deliberaciones con sus pares  y representantes de los restantes municipios,  que se reunieron para debatir, planificar y acordar las políticas que ordenan el funcionamiento del sistema en todo el territorio bonaerense.

En ese sentido, Otermín y Achával coincidieron en señalar en declaraciones a los medios de comunicación sobre  la importancia de este tipo de espacios de discusión para “trabajar en mejoras para el sistema de salud”.

Al defender enfáticamente la salud pública, los intendentes aseguraron que el Estado nacional “no puede retirarse” del sistema porque está en juego “el derecho a la vida”, al tiempo que advirtieron que “algo tan importante como la salud de las personas no puede quedar ligado exclusivamente a la rentabilidad”.

Tras sostener que existe una conjunción de problemas debido a que “el deterioro de la situación económica que se da a nivel nacional afecta en la provincia y en los municipios”, el jefe comunal de Lomas de Zamora,  Otermín advirtió que esta situación   “tiene impacto en una pérdida del poder adquisitivo de la gente y muchas personas que tenían la posibilidad de atenderse en el sistema de salud privado hoy no lo pueden hacer y eso estresa al sistema público”.

En esa sintonía, su par de Pilar, Achával  agregó  que “no se resuelve todo desde el sistema privado, y señaló a reglón seguido: “Bienvenidos los hospitales y clínicas privadas, pero hay una gran cantidad de población que necesita de la cobertura del sistema público. Muchos municipios de la provincia no tienen coberturas privadas. ¿Qué respuesta les da el Estado nacional”, se preguntó.

Para Achával, el Estado nacional se ha corrido de las responsabilidades básicas: “Hay un consenso fundamental en nuestra ciudadanía: garantizar el derecho a la salud es básico para el Estado. Por eso la importancia de este espacio de discusión de más de 13 mil profesionales de la salud que sostienen el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, que tienen en claro que tenemos que cuidar a nuestro pueblo, a nuestros niños y niñas cuando tienen una necesidad respiratoria, a nuestros adultos mayores cuando tienen un problema de presión. Frente a eso, el Estado no puede correrse porque no puede abandonar al pueblo”.

A su entender, Achával subrayó que “tiene que haber decisión política de priorizar las cosas que el Estado tiene que trabajar”, por lo que hizo un llamado al Estado nacional “a ser consciente de que retirarse del sistema de salud no es una alternativa porque – sentenció- los vecinos de cada municipio siguen teniendo las necesidades de ir a un médico”.

Con relación a la situación de las personas adultas mayores, el jefe comunal de Pilar hizo hincapié sobre el abandono por parte del Estado nacional. “Nos preocupa muchísimo porque somos conscientes de las necesidades de médicos y especialistas. El PAMI, que tiene una cobertura de más de 5 millones de habitantes en toda la Argentina, no puede retirarse pensando que no tiene una consecuencia en la vida”, señaló.

 A todo esto, los intendentes remarcaron el rol de los municipios y la importancia de la atención primaria de la salud: “Desde los municipios estamos haciendo un enorme esfuerzo junto con la Provincia. La atención primaria es fundamental. Ha aumentado mucho el costo del transporte, de la vida cotidiana, y con la atención primaria se pueden detectar de manera temprana cuestiones que más tarde pueden ser más graves Los municipios tienen que invertir fuertemente en la inversión primaria. Creemos en la idea de un sistema de salud articulado con la Provincia y también con la Nación”, subrayaron.

 Tras las deliberaciones en el marco de la segunda jornada, Achával y Otermín fueron recibidos por Florencio Aldrey, quien oficia de calidad de anfitrión en cada convención a nivel nacional como internacional, que se realiza en los salones del emblemático  Gran Hotel Provincial, oportunidad en los intendentes intercambiaron aspectos y dialogaron sobre el congreso que finaliza este viernes en la ciudad.

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, en 2025 se registraron 46.799 casos de sífilis, confirmando un aumento sostenido que se viene registrando en el país desde hace 15 años. Esa cifra es la más alta registrada.

Con una tasa de independencia de 117,2 casos por cada 100 mil habitantes, “la evolución del número absoluto de casos notificados permite observar, desde 2011, una tendencia creciente en la notificación que se acelera a partir de 2015”, señala el Boletín Epidemiológico.

Si bien, durante 2020 y 2021 se verifica una disminución en la cantidad de notificaciones a causa del impacto de la pandemia en el sistema de salud, a partir de 2022 se retoma la tendencia ascendente con una mayor aceleración.

En 2023 se superaron los 30.000 casos anuales por primera vez desde el inicio de la serie, y en 2025 se alcanzó el valor más alto registrado hasta el momento.

A nivel mundial

El comportamiento de la sífilis a nivel nacional se enmarca dentro de un escenario de aumento acelerado en todo el mundo y en la Región de las Américas. En 2022, alrededor de 8 millones de adultos de 15 a 49 años adquirieron la infección en el mundo. Se estima que solo en la Región de las Américas se produjeron 3,36 millones de nuevas infecciones en ese mismo año y que alrededor de 3,4 millones de personas viven con la enfermedad. Esto representa un aumento cercano al 30% con respecto a 2020, aun considerando las interrupciones generadas por la pandemia.

Los números

Dentro de nuestro país, las tasas de incidencia regionales mantienen comportamientos similares desde el año 2021. Las regiones Sur y Cuyo se posicionan por encima del promedio nacional. En 2025, la región Sur presentó la mayor incidencia en su población (159,8 casos cada 100 mil habitantes), seguida por Cuyo en donde la tasa fue de 137,5 casos cada 100 mil habitantes.

En las regiones del NOA y NEA se observa una tendencia de aumento con oscilaciones interanuales. En 2025, la tasa de incidencia del NEA fue de 133 casos por cada 100 mil habitantes, y la de la región del NOA, de 111,7 casos por cada 100 mil habitantes. Finalmente, la región Centro se mantuvo por debajo del promedio nacional, con una tasa de 109,4 casos por cada 100 mil habitantes.

Siguiendo la misma tendencia observada a nivel mundial, en nuestro país la sífilis afecta mayoritariamente en jóvenes y adultos jóvenes. Mientras que el grupo de 15 a 39 años concentró el 76% del total de casos del país (35.497 registros) en 2025, la población de entre 20 a 24 años presentó la tasa de incidencia más alta, con 290,6 casos cada 100 mil habitantes. En este rango, la afectación en mujeres (366 casos cada 100 mil habitantes) es significativamente mayor que en varones (tasa de 218,2). A partir de los 50 años se observa una inversión del perfil por sexo. Las tasas comienzan a ser superiores en los varones, duplicando la tasa femenina en el grupo de 65 a 69 años.

Ante este escenario, la cartera sanitaria nacional implementa un abordaje integral que incluye vigilancia, diagnóstico, tratamiento y articulación estratégica. En 2025, se creó la Mesa Ministerial de ITS, un espacio de gestión que reúne a referentes de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia.

Actualmente, - se informa- está trabajando en un Plan Operativo Anual para garantizar una respuesta homogénea en todas las jurisdicciones del país a través de estrategias de prevención combinada, testeos en puntos de atención, acceso oportuno al tratamiento, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el uso de la información para la toma de decisiones sanitarias.