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Alquileres: buscan derogar la ley
21 de agosto de 2023
El problema de acceso a la vivienda parece haberse agravado aún mas luego de la devaluación post PASO y la consecuente suba de precios en un preocupante contexto inflacionario. La Ley de Alquileres no solo no ha logrado solucionar este problema, sino que ha generado rechazo tanto en inquilinos como propietarios. En este marco, la oposición buscará la semana próxima modificar o derogar la norma sancionada en 2020.
Diputados de los bloques de Juntos por el Cambio, Córdoba Federal y Juntos por Río Negro mantuvieron una reunión vía Zoom para analizar las posibilidad de conseguir el quórum suficiente para sesionar el miércoles 23 de agosto y discutir el tema en la Cámara Baja. Las bancadas opositoras mantienen diferencias con respecto a la legislación aprobada hace tres años.
El pasado 5 de julio legisladores opositores buscaron tratar sobre tablas la derogación de la Ley de Alquileres, sin embargo el intento fracasó y ahora Juntos por el Cambio y los demás bloques de la oposición reclaman una sesión para la semana próxima.
En el encuentro virtual, los diputados Mario Negri de la Unión Cívica Radical; Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal; y Agustín Domingo, de Juntos por Rio Negro, comenzaron a evaluar las posibilidades que tienen para reunir el quórum de 129 diputados y tener esa mayoría para rechazar el dictamen de mayoría logrado por el Frente de Todos.
El oficialismo tiene la decisión de mantener los ejes centrales de la actual ley, que establece tres años de convenios entre inquilinos y propietarios y una actualización anual de los valores que se acuerden entre las partes. Desde el FDT aún no definieron si darán quórum, aunque precisaron que sí está tomada la decisión de defender ese despacho, en el que se incluyen beneficios impositivos para los propietarios que destinen unidades para alquiler. Enfatizaron que la solución pasa por sumar incentivos para mejorar la oferta de viviendas. Mientras que entre los bloques opositores no logran resolver si buscarán la reforma de la norma o impulsarán la derogación de la misma, como reclama gran parte de JxC.
No obstante, Juntos por el Cambio impulsó un dictamen de minoría donde propone contratos por dos años y una actualización de los convenios cada tres meses. En el bloque opositor hay legisladores que cuestionan el plazo de ajuste fijado para los alquileres, mientras que en otros espacios estarían de acuerdo en establecer que las actualizaciones se hagan cada seis meses.
Los diferentes bloques definirán cuántos legisladores pueden aportar para la posible sesión de la semana próxima y la postura que asumirán frente a la legislación. Frente al escenario incierto, este jueves habrá un nuevo encuentro entre los referentes de los espacios opositores.
“Estamos muy preparados y organizándonos para el próximo miércoles 23 para tratar la modificación o derogación de alquileres, tal como pedimos en la última sesión que tuvimos. Ese es nuestro objetivo”, manifestó este miércoles Pablo Tonelli. El diputado del PRO señaló que confía y tiene “la esperanza” de alcanzar el quórum “y la mayoría para tratar las modificaciones o la derogación” de la norma.
Luego de las elecciones PASO el coletazo impactó en el acceso a la vivienda y se hizo sentir con fuerza dentro de un escenario que ya venía complejo: al comienzo de esta semana, se registran aumentos de 20% mensual para quienes firmaron un contrato nuevo o extensión, otros acuerdos se dolarizaron y por fuera de la Ley de Alquileres se pactan actualizaciones cada 3 meses.
Hoy, un departamento de 3 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires tiene un valor de unos $250.000 por mes, un número alto para un asalariado que también sufre por una nueva devaluación desde el lunes.
Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) porteño, destacó a este medio que “estamos perdiendo clientes, porque muchos propietarios terminan pactando con sus inquilinos prórrogas o hacen nuevos contratos. Estamos muy preocupados y la realidad es que cuando hay malas leyes hay malos resultados”.
Emilio Caravaca Pazos, presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), dijo que “estamos muy preocupados y esperamos que el miércoles que viene en el Congreso Nacional se dé el primer paso para corregir lo que está mal. Creemos que los contratos deben volver a dos años de duración y encontrar otro tipo de ajuste que no perjudique tanto al bolsillo de los inquilinos”.
Qué dicen los inquilinos
Semanas atrás, Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), comentó que “volver a dos años de contratos sería una locura. Habría que reformar el artículo 14 de la ley y tratar de generar condiciones para que los propietarios sean seducidos para que vuelvan a destinar sus inmuebles en locación tradicional”.
Por su parte, Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, comentó que “volver a contratos a dos años es una regresión en derechos que vulnera la estabilidad en la tenencia de los hogares inquilinos sin que nadie, al día de hoy, pueda demostrar ni ofrecer garantías de cómo eso mejoraría la oferta del mercado, mientras la problemática está ligada con otros factores macroeconómicos que no van a cambiar milagrosamente. Es un simple intento de desregular para dar carta blanca a los abusos inmobiliarios a cambio de nada”.
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Paro docente: Gobierno ratificó el 75% de la prestación del servicio educativo
El Ministerio de Capital Humano, comandado por la ministra Sandra Pettovello desde el Consejo Federal de Educación, ratificó “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo” en vísperas del paro docente que comenzará este lunes 3 en todo el país.
La resolución se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 27.802 “que consagra la educación como servicio esencial”.
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“Se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, manifestaron desde el Ministerio.
Del encuentro participaron los miembros de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes planificaron en conjunto “las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional” durante la jornada que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el pasado miércoles.
El gremio aseguró que tomó esta nueva medida de fuerza luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.
Esta protesta será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.
Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares. (NA)
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Paro docente: Aplicarán sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección oculear en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Foto: El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. (Foto: X @JMilei) . Ignacio Salerno (TN)
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Milei recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Banach
El presidente Javier Milei recibió este 31 de julio las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con lo que quedó formalmente iniciado su servicio diplomático como representante del papa León XIV en la Argentina.
El acto fue encabezado por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la misma ceremonia, el Presidente recibió también las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa.
Días atrás, monseñor Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Quirno, quien destacó entonces en sus redes sociales que la llegada del representante pontificio "abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".
La presencia del nuevo nuncio apostólico marca el comienzo de una misión que estará acompañada por la expectativa de una futura visita del papa León XIV a la Argentina.
Antes de la presentación oficial de sus credenciales al Presidente, monseñor Banach mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; y con el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.
La Conferencia Episcopal Argentina informó, además, que el próximo jueves 6 de agosto, a las 11, monseñor Banach presidirá una misa en la catedral metropolitana de Buenos Aires, durante la cual presentará oficialmente sus credenciales como representante del Santo Padre ante la Iglesia en la Argentina a monseñor Colombo.
Con ese motivo, la CEA invitó a los obispos que puedan participar a concelebrar la celebración eucarística, que marcará también el inicio formal del ministerio pastoral del nuevo nuncio ante la Iglesia argentina.
