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Más de 5,5 millones de turistas en las vacaciones de invierno

30 de julio de 2023

Las vacaciones de invierno movilizaron a más de 5,5 millones de turistas, lo que constituyó un nuevo récord para esta fecha y superó las expectativas del sector.

Según información del Ministerio de Turismo, el gran impulso de esta temporada vino por el lado de la llegada de turistas extranjeros, que por cuarto mes consecutivo marca cifras históricas con el ingreso de 600 mil personas y un impacto económico de más de 400 millones de dólares.

Las provincias de Salta, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y San Juan y la ciudad de Buenos Aires fueron los distritos que tuvieron mayor nivel de ocupación, mientras que Bariloche, San Martín de los Andes, Ushuaia, Mendoza, Tandil, ciudad de Salta e Iguazú fueron los destinos más elegidos.

Durante los 15 días de vacaciones de invierno Aerolíneas Argentinas transportó un total de 800.000 pasajeros, un 15% más que el mismo periodo en 2019 y proyecta para todo julio más de 1.2 millones de pasajeros transportados, lo que representa un incremento del 10% en comparación con 2019.

Según las estimaciones realizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante las tres semanas de temporada hubo un gasto de 410.633 millones de pesos y se movilizaron un 6% más de personas que en 2022 y un 8% más que en 2019, cuando la actividad no estaba condicionada por la pandemia.

En este marco, el ministro de Turismo, Matías Lammens, destacó: «Volvimos a tener una temporada récord, como ya tuvimos en el verano y en cada fin de semana largo. De la mano de PreViaje conseguimos que este año no haya temporada baja y de la mano de la llegada masiva de turistas extranjeros, que están superando las cifras de la prepandemia, redondeamos unas vacaciones de invierno históricas».

«El turismo se transformó en uno de los grandes motores del crecimiento y de la creación de empleos en todos los rincones de nuestro país. Como sostiene el ministro Serio Massa, el turismo está llamado a ser una de las turbinas de desarrollo para nuestra economía en los próximos años», agregó Lammens.

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, indicó: «Las proyecciones que nos daba el Observatorio de Turismo de la CAT al inicio de las vacaciones de invierno se confirman con un movimiento turístico que superó incluso las expectativas en muchos de los destinos argentinos».

«Una temporada muy exitosa con movimiento no solo de turismo interno sino también con una gran presencia de turistas internacionales en todo el país. Empezamos a prepararnos ahora para impulsar el desarrollo de la industria turística el resto del año, con grandes expectativas puestas en el anuncio de una nueva edición de PreViaje que brinde otro gran impulso al sector», añadió.

De acuerdo a los datos del Observatorio Argentino de Turismo, Salta tuvo un 95% de ocupación en sus principales destinos y registró un 20% más de turistas que en 2022; en tanto Termas de Río Hondo tuvo un 92% de ocupación en hoteles de 4 y 5 estrellas y 80% en las 3 estrellas, mientras que Santiago del Estero llegó a un 95%.

Catamarca tuvo una ocupación del 90% de la mano de la Fiesta Nacional del Poncho. Los turistas que visitaron la provincia norteña gastaron 1.700 millones de pesos y se registraron 120 mil pernoctes en el destino.

En Misiones, el movimiento fue superior al de 2022 en un 5% y se movilizaron 15 mil millones de pesos. Iguazú, su destino icónico, tuvo una ocupación del 96%. Corrientes tuvo un 86% de ocupación y la capital correntina se erigió como uno de los principales portales de acceso a la provincia y estuvo con capacidad colmada en diferentes momentos del mes, al igual que otros municipios como Itatí, San Miguel, Carlos Pellegrini, Gobernador Virasoro, Mercedes e Ituzaingó.

Los destinos de Entre Ríos volvieron a ser una de las grandes atracciones del país con sus principales destinos como Federación, Gualeguaychú y Colón con una ocupación superior al 80%. La provincia recibió 700 mil turistas, un 12% extranjeros (en su enorme mayoría uruguayos) con un movimiento económico de 18 mil millones de pesos.

San Juan volvió a ser una de las grandes sorpresas, como lo fue en los últimos fines de semana largo en los que tuvo las cifras más altas de ocupación, y durante la temporada de invierno siempre superó el 90% de ocupación con picos de 95%.

Mendoza también tuvo una gran temporada, con 350 mil turistas, un 20% más que en 2022. La ocupación promedio durante las tres semanas fue del 85%.

Entre los destinos serranos, Merlo tuvo un 84% de ocupación y Villa Carlos Paz alrededor del 75%, a la vez que el destino más elegido de la provincia de Buenos Aires fue Tandil, que tuvo un 89% de ocupación.

En la Costa atlántica, un destino que habitualmente no es tan elegido durante el invierno, Mar del Plata promedió un 50% con el arribo de 360 mil turistas, superando cifras de 2022; en tanto Villa Gesell se destacó en la región con un 65% (10% más que en 2022).

La ciudad de Buenos Aires tuvo cerca del 80% de ocupación, con un movimiento de 500 mil turistas. En ese marco, se sintió muy fuerte la llegada de brasileños, chilenos y uruguayos.

En Neuquén, de la mano de sus centros de esquí tanto San Martín de los Andes como Villa La Angostura tuvieron una ocupación del 85%. A la provincia llegaron 80 mil turistas y gastaron 15 mil millones de pesos.

Bariloche volvió a ser la gran estrella de los destinos turísticos nacionales con un 95% de ocupación durante toda la temporada. La ciudad rionegrina tuvo 350 mil turistas con un impacto económico de cerca de 15 mil millones de pesos.

Esquel, con su centro de esquí La Hoya, tuvo un 75% de ocupación (12% más que en 2022).

El Calafate, un destino que no es típico de invierno, tuvo un 85% de ocupación para su oferta hotelera, marcando un récord para esta fecha; y Ushuaia tuvo una gran temporada con una ocupación del 85%.

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CAMBIOS EN EL INDEC

El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.

La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.

Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.

Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.

Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.

Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.

Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.

Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.

En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB

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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia

La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.

Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.


Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.

“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.


La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.

Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.

Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.

Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.

Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.

La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.

Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.

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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto

Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.

El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.

Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.

El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.

La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.

Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.

Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.

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