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Gasoducto Kirchner: Un primer eslabón
17 de junio de 2023
El próximo martes 20 de junio comienza el llenado del Gasoducto Néstor Kirchner, que se inaugurará el 9 de julio. Así lo dieron a conocer las autoridades del área energética, que fijaron un cronograma de habilitaciones y puesta en marcha del primer tramo de 573 kilómetros, que va desde la localidad neuquina de Tratayén hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.
Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, realizó una serie de consideraciones sobre el Gasoducto y lo que implica su puesta en marcha para el país.
¿Qué significa para el país la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner? Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, lo analiza.
«La obra que se inaugura es imprescindible para abastecer al mercado interno de gas natural que representará reducir un quinto la importación de energía (Gas y Gas Oil importado). Es el primer eslabón de la infraestructura necesaria para solucionar la logística de abastecimiento y llegar con gas desde Vaca Muerta a los centros de mayor demanda de Argentina».
«Pero aún falta mucho más: la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, la reversión del gasoducto del Norte para llevar gas de VM hacia el norte, los proyectos de plantas de licuefacción (GNL), los de monetización de gas (petroquímica), y también los oleoductos de crudo (oldelval, Trasandino, Vaca Muerta Norte, Vaca Muerta Sur)».
«El gran éxito es el de haber realizado este proyecto en un plazo bastante apretado, dada las características macroeconómicas del país. La decisión, fue tardía porque el sistema y el sentido común así ya antes lo exigía, y fue impulsada en esta oportunidad especialmente por una realidad internacional no prevista que llevó a los precios de gas a los máximos de toda la historia».
«La necesidad de este gasoducto, y su expansión eran conocidas desde hace varios años atrás, y tal vez por decisiones políticas no muy entendibles no se llevó a cabo. La ausencia de una planificación con horizontes de tiempo adecuados, genera que la concreción de los proyectos se vean forzados a ser ejecutados por la necesidad extrema de una realidad y no por un convencimiento planificado, además de incurrir en costos mayores».
«¿Qué queremos decir con esto? Aplaudamos la concreción en tiempo y forma del proyecto, pero aprendamos de nuestras equivocaciones. Tengamos la valentía de reconocer que el mecanismo de toma de decisión y ejecución no debe ser promovidos por circunstancias, sino por el análisis objetivo de las necesidades energéticas que la realidad nos interpela. Para ello se necesita generar un plan integral de infraestructura energética para Argentina a partir de los extraordinarios recursos que dispone».
«El nuevo proyecto de ley sobre inversiones para incentivar la exportación de gas natural en forma de gas natural licuefaccionado es imprescindible, y muy adecuado para las circunstancias por la que atraviesa nuestro país. Pero hubiera sido, tal vez, más oportuna hace unos pocos años atrás, donde también se reconocía su necesidad. Recordemos los esbozos de ley que fueron atribuidos a Nielsen en 2020».
«Este nuevo proyecto trata de solucionar una problemática autoinfringida que es conocida por todos y que no fue exitosa en décadas pasadas. Están escritas, en los considerandos de la ley, los conceptos de una necesidad imperiosa de ser exportadores de gas, no sólo por lo que eso significa para nuestro país, sino como instrumento para la transición energética mundial. Pero además y lo más valioso es reconocer en la letra escrita la de revertir ciertos comportamientos de la política que minaron nuestro prestigio internacional, como ser, entre otras, (i) la necesidad de cláusulas de estabilidad regulatoria, por ejemplo garantía de transporte y suministro, y autorizaciones de exportación en firme del GNL, “no se les aplicará, si las hubiera, modificaciones a este proyecto de ley y/o normativa reglamentaria sobre un proyecto aprobado” (ii) y los conceptos donde “los contratos de transporte y suministro de gas natural asociados al proyecto no podrán ser afectados por ningún tipo de medidas que establezcan preferencias en la asignación de la producción de hidrocarburos, la interrupción de su suministro y/o transporte, redireccionamientos, o medidas de intervención en las condiciones de su comercialización, sea directa o indirectamente” (iii) Derechos de exportación nulos o bajos según precios de exportación, (iv) Libre disponibilidad (50%) de las obtenidas en las exportaciones».
«Argentina, no tiene tiempo para perder, requiere planificar para ser efectivos y eficientes, y fomentar las inversiones para ser un gran exportador de energía».
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
