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‘Todos con Cristina’
14 de abril de 2023
El gobernador Axel Kicillof pidió hoy «elecciones limpias y sin proscripción», volvió a advertir sobre la «persecución política y judicial» a los dirigentes que encabezan procesos en los que «se amplían derechos y se ven tocados los privilegios» y dijo que Cristina Kirchner «sin dudas tiene que estar a la cabeza de la estrategia electoral nacional» del Frente de Todos.
«Cristina sin dudas tiene que estar a la cabeza de la estrategia electoral nacional (del Frente de Todos), es ridículo que sea de otra manera», dijo el mandatario provincial.
De esa manera, Kicillof se refirió a la concentración que se realizó ayer frente al Palacio de Tribunales bajo el lema «Democracia o mafia judicial», en una convocatoria en la que se volvió a rechazar el intento de «proscripción» de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En declaraciones a AM 750, el gobernador y economista se refirió al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que en diciembre pasado condenó a Fernández de Kirchner a 6 años de prisión en la causa conocida como “Vialidad” en la que se dictó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
«Escribieron 1.600 páginas sin ninguna prueba para condenar a Cristina. El tribunal en el que debería apelar esta condena vergonzosa y patética es el de jueces que juegan al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Parece joda», reflexionó Kicillof.
Cuestionó en ese marco que «es ahí donde tenemos que ir a discutir si es inocente o culpable» y apuntó que «después, si el tribunal de alzada determina que la condena queda firme, hay que ir a la Corte Suprema, donde hay 4 jueces cuestionados por haber violado la división de Poderes y haber sido designados por decreto de Macri» por lo que evaluó que «la indefensión en términos de buscar justicia es total».
En la entrevista, dijo además que «el peronismo no puede estar proscripto, por eso lo de ayer fue una resistencia que ocurre porque este partido judicial, que no es más que un instrumento de intereses fuertes y poderosos, se quiere llevar puesta la democracia».
Sostuvo luego sentirse sorprendido por «cómo relatan esta cuestión y la intentan modificar» desde algunos medios, que plantearon que el acto fue «un ataque a la Corte» cuando «todos los sectores representados ahí lo que hicieron fue una defensa a la Justicia apegada a los códigos, a la Constitución y a impartir equidad de manera independiente».
«La Justicia no debe estar sesgada por el poder político y económico», insistió.
«Reclamar que la Corte Suprema no esté digitada por un chat del PRO» no se puede interpretar como «atacar a la Justicia», completó.
En ese marco, consideró que es necesario «discutir y poner sobre la mesa que la sentencia a Cristina es una construcción arbitraria que nada tiene que ver con la Justicia, sino que es una movida política de un sector» y opinó que a través del «lawfare» buscan «gobernar».
«Si no es con las urnas, será con los fallos» que intenten gobernar, cuestionó el gobernador.
«Es un poder corporativo y asociado a los sectores dominantes a punto tal que lo de Lago Escondido fue escatológico: Clarín llevándose a exponentes del Poder Judicial, regalándoles un viaje all inclusive con D’Alessandro y gente de los servicios en un cónclave», prosiguió.
Así, Kicillof se refirió al escándalo desatado meses atrás, cuando se conoció que el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, mantuvo un intercambio de mensajes con jueces y camaristas federales, y con directivos del Grupo Clarín, en los que se cree que se diseñaba una maniobra para encubrir un viaje que compartieron a la residencia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro.
Además, una filtración posterior de chats de Telegram expuso supuestas conversiones entre D’Alessandro y Silvio Robles, uno de los asesores del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en las que discutían el fallo por coparticipación de la Ciudad y la integración del Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, manifestó que «la provincia ya había cedido coparticipación, estábamos es un proceso de recuperar recursos porque los necesitamos para abrir escuelas, hacer rutas y obras, y vino el fallo de la Corte que le saca a todas las provincias para darle a la Ciudad de Buenos Aires».
«Ahí tenemos a Robles y a los jueces de la Corte actuando de una manera arbitraria, inconstitucional, absurda e ilegal. Por eso estamos pidiendo este juicio político. Se apropian de recursos para dárselos a Horacio Rodríguez Larreta», continuó el gobernador.
Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de presentarse para la reelección, dijo que no quiere «hacerse el tonto», pero aclaró que «la cuestión de las candidaturas, está supeditada a una estrategia nacional porque no son proyectos personales».
«Nosotros lo presentamos en un plan a 6 años. En lo que a mí respecta, trabajo sin descanso para que continúe esta línea de trabajo en la provincia», destacó.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
