País
‘Todos con Cristina’
14 de abril de 2023
El gobernador Axel Kicillof pidió hoy «elecciones limpias y sin proscripción», volvió a advertir sobre la «persecución política y judicial» a los dirigentes que encabezan procesos en los que «se amplían derechos y se ven tocados los privilegios» y dijo que Cristina Kirchner «sin dudas tiene que estar a la cabeza de la estrategia electoral nacional» del Frente de Todos.
«Cristina sin dudas tiene que estar a la cabeza de la estrategia electoral nacional (del Frente de Todos), es ridículo que sea de otra manera», dijo el mandatario provincial.
De esa manera, Kicillof se refirió a la concentración que se realizó ayer frente al Palacio de Tribunales bajo el lema «Democracia o mafia judicial», en una convocatoria en la que se volvió a rechazar el intento de «proscripción» de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En declaraciones a AM 750, el gobernador y economista se refirió al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que en diciembre pasado condenó a Fernández de Kirchner a 6 años de prisión en la causa conocida como “Vialidad” en la que se dictó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
«Escribieron 1.600 páginas sin ninguna prueba para condenar a Cristina. El tribunal en el que debería apelar esta condena vergonzosa y patética es el de jueces que juegan al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Parece joda», reflexionó Kicillof.
Cuestionó en ese marco que «es ahí donde tenemos que ir a discutir si es inocente o culpable» y apuntó que «después, si el tribunal de alzada determina que la condena queda firme, hay que ir a la Corte Suprema, donde hay 4 jueces cuestionados por haber violado la división de Poderes y haber sido designados por decreto de Macri» por lo que evaluó que «la indefensión en términos de buscar justicia es total».
En la entrevista, dijo además que «el peronismo no puede estar proscripto, por eso lo de ayer fue una resistencia que ocurre porque este partido judicial, que no es más que un instrumento de intereses fuertes y poderosos, se quiere llevar puesta la democracia».
Sostuvo luego sentirse sorprendido por «cómo relatan esta cuestión y la intentan modificar» desde algunos medios, que plantearon que el acto fue «un ataque a la Corte» cuando «todos los sectores representados ahí lo que hicieron fue una defensa a la Justicia apegada a los códigos, a la Constitución y a impartir equidad de manera independiente».
«La Justicia no debe estar sesgada por el poder político y económico», insistió.
«Reclamar que la Corte Suprema no esté digitada por un chat del PRO» no se puede interpretar como «atacar a la Justicia», completó.
En ese marco, consideró que es necesario «discutir y poner sobre la mesa que la sentencia a Cristina es una construcción arbitraria que nada tiene que ver con la Justicia, sino que es una movida política de un sector» y opinó que a través del «lawfare» buscan «gobernar».
«Si no es con las urnas, será con los fallos» que intenten gobernar, cuestionó el gobernador.
«Es un poder corporativo y asociado a los sectores dominantes a punto tal que lo de Lago Escondido fue escatológico: Clarín llevándose a exponentes del Poder Judicial, regalándoles un viaje all inclusive con D’Alessandro y gente de los servicios en un cónclave», prosiguió.
Así, Kicillof se refirió al escándalo desatado meses atrás, cuando se conoció que el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, mantuvo un intercambio de mensajes con jueces y camaristas federales, y con directivos del Grupo Clarín, en los que se cree que se diseñaba una maniobra para encubrir un viaje que compartieron a la residencia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro.
Además, una filtración posterior de chats de Telegram expuso supuestas conversiones entre D’Alessandro y Silvio Robles, uno de los asesores del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en las que discutían el fallo por coparticipación de la Ciudad y la integración del Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, manifestó que «la provincia ya había cedido coparticipación, estábamos es un proceso de recuperar recursos porque los necesitamos para abrir escuelas, hacer rutas y obras, y vino el fallo de la Corte que le saca a todas las provincias para darle a la Ciudad de Buenos Aires».
«Ahí tenemos a Robles y a los jueces de la Corte actuando de una manera arbitraria, inconstitucional, absurda e ilegal. Por eso estamos pidiendo este juicio político. Se apropian de recursos para dárselos a Horacio Rodríguez Larreta», continuó el gobernador.
Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de presentarse para la reelección, dijo que no quiere «hacerse el tonto», pero aclaró que «la cuestión de las candidaturas, está supeditada a una estrategia nacional porque no son proyectos personales».
«Nosotros lo presentamos en un plan a 6 años. En lo que a mí respecta, trabajo sin descanso para que continúe esta línea de trabajo en la provincia», destacó.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
