País
CAME: reeligen a Alfredo González
30 de marzo de 2023
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizó hoy su Asamblea General Ordinaria, de la que participaron 158 entidades asociadas. El empresario chaqueño, Alfredo González, fue reelegido por unanimidad a cargo de la presidencia, puesto que ocupa desde agosto de 2021.

“Vamos a profundizar nuestro trabajo en pos de la economía real de cada una de las más de 600 mil pymes que componen nuestra entidad”, dijo González y adelantó que su gestión se enfocará en lograr para las pequeñas y medianas empresas mayor acceso al crédito bancario, y en abogar por una modernización de las relaciones laborales que no implique la pérdida de derechos adquiridos para los trabajadores y por el ordenamiento tributario.
En relación a esto último señaló: “Hay que generar el real debate en el Congreso de la Nación para un ordenamiento tributario argentino. El anarquismo tributario hace inviable el crecimiento por la gran presión fiscal. Es imposible ser competitivos, es imposible seguir generando empresas. Casi 46 mil pymes se perdieron desde 2011 hasta la fecha. Esto se ve reflejado en la gran informalidad que existe y en la desocupación”.
Por otra parte, en cuanto a la legislación laboral resaltó que “los avances tecnológicos del mundo nos obligan a replantear la forma en la que nos vinculamos empresarios y trabajadores”. Y añadió: “Hay una generación de trabajadores nuevos a los que no les interesa estar dentro de los formatos laborales creados en la década del ’70”.

Por último, en lo que refiere a financiamiento expresó que “las pymes estamos acostumbradas a vivir con lo nuestro, pero no existen perspectivas de crecimiento económico para ninguna empresa si no tiene acceso a crédito bancario”.

Cabe destacar que entre los presentes se encontraban los secretarios generales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, y el de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco. Ambos gremios son paritarios con CAME en los sectores de comercio y servicios y de economías regionales.
Durante la asamblea también se renovaron los siguientes cargos:
Vicepresidente 1º: Camilo Alberto Kahale
Vicepresidente 2º: Fabián Castillo
Vicepresidenta 3ª: Claudia Fernández
Secretario General: Ricardo Diab
Secretario de Hacienda: Blas Taladrid
Prosecretario de Hacienda: Eduardo Rodríguez
Secretario de Organización: Silvio Farach
Secretario Gremial: Guillermo Polke
Secretario de Prensa: Salvador Femenía
Secretaria de Capacitación: Beatriz Tourn
Secretario de Relaciones Institucionales: Ezequiel Cerezo
Secretario de Relaciones Internacionales: Luis Alonso
Secretario de Turismo: Gregorio Werchow
Secretario de Servicios: Dino Minnozi
Secretario de Interior: Gerardo Díaz Beltrán
CAME es la única entidad del país que representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones de los distintos sectores productivos de todas las provincias de la Argentina y su estatuto garantiza el federalismo en la conducción. Su principal objetivo es la defensa de las pequeñas y medianas empresas como principal motor de la economía. Todas las entidades asociadas a CAME representan exclusivamente a las pymes.
País
Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.

A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
País
Los aumentos de febrero
El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.
Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:
Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).
- Alquiler inicial: $ 400.000.
- Ajuste anual: 34,6%.
- Nuevo valor: $ 538.400.
Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.
- Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
- Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
- Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.
La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.
En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.
A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.
Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.
El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.
A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.
En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB
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Argentina recibiría deportados de otras nacionalidades desde EEUU
El prestigioso diario The New York Times asegura que hay conversaciones avanzadas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino , Javier Milei, para que Buenos Aires acepte inmigrantes que Washington no puede expulsar a sus naciones de origen.
De acuerdo a una investigación publicada este viernes por The New York Times, hay "conversaciones avanzadas" por este tema ya que se busca profundizar el alineamiento geopolítico entre ambas naciones.
La intención sería firmar un acuerdo que permita a la administración de Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia la Argentina.
Ese pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.
Sin embargo, horas después Milei pareció desmentir esa información al repostear un mensaje del militante de La Libertad Avanza (LLA) Daniel Parisini, quien se hace llamar el Gordo Dan, en el que negaba las tratativas.
Esta nueva iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración de Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.
Para el gobierno de Milei, aceptar esos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local.
El New York Times destaca que esas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.
El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.

