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Un lujo de 20 asientos

19 de marzo de 2023

Desde la Defensoría del Pueblo realizaron un pedido de informe sobre  el estado del servicio de micros  en la ciudad ante un posible aumento del boleto. «La gente no puede afrontar el costo del boleto actual», advirtió Fernando Rizzi.

Tras el pedido de aumento del boleto, por parte dela cámara del   transporte,  para que el valor pase $119,38 a $209,38 , en casi un el 70%, el Defensor  Fernando Rizzi reveló  en declaraciones al marplatense.com que » estamos palpando una preocupación muy seria de la gente, que ya no puede afrontar el costo del boleto actual. Mucho menos un costo con un aumento como el que se está pidiendo que llevaría a un espiral negativo porque la gente que podría tomar el micro, sería menor que la actual. A mayor precio, menos usuarios y por lo tanto menos recaudación para las empresas», dijo

El pedido e aumento, fue repudiado por los usuario, porque la ultima suba había sido en enero y el incremento que piden sumar casi dos meses después, supera a la inflación acumulada en ese periodo, siendo un 6% en el primer mes y un porcentaje de 6,6 para febrero.

«Por eso mismo presentamos hace algunos días a la Subsecretaría de Movilidad Urbana un pedido de informes acerca de los controles realizados en este año a las unidades de transporte. En cuanto a frecuencias, a la regularidad de prestaciones de servicio y higiene y presentación de los colectivos. Porque entendemos que las empresas no cumplen como deberían con los contratos que firmaron, por las quejas que recibimos», aseguró el Defensor del Pueblo.

«Ya recibimos muchas denuncias por estas cuestiones, sobre todo por las frecuencias con las que pasan, que se redujeron con la pandemia y no se reestablecieron como antes. Así mismo también pedimos informes de la aplicación Cuándo Llega a efecto de saber cómo está funcionando porque es una comodidad y un beneficio para los usuarios. Y también queremos saber cómo está funcionando el 0800 para las quejas que es el indicado en las unidades de transporte de pasajeros porque no sabemos a ciencia cierta si la gente puede hacer sus reclamos allí o que respuesta se le está dando al usuario», concluyó Rizzi.

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Puja judicial por Mogotes

La audiencia convocada en el marco del conflicto por el futuro del complejo de balnearios de Punta Mogotes concluyó este martes sin un acuerdo entre la Municipalidad y la Provincia. No obstante, ambas partes manifestaron su voluntad de continuar con las negociaciones y la Justicia fijó una nueva audiencia para el próximo 18 de agosto.

La audiencia se desarrolló desde el mediodía en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo del juez Simón Isacch, como continuidad de la realizada el 30 de junio. Participaron el secretario de Legal, Técnica y de Hacienda del Municipio, Mauro Martinelli; la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; y el administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude, segun fuentes consultadas por LoquePasa.

Las partes buscan avanzar, en una primera etapa, en un acuerdo que garantice el funcionamiento de los 24 balnearios durante la próxima temporada de verano. Paralelamente, pretenden trabajar en conjunto en la elaboración de un master plan y en el futuro llamado a licitación del complejo.

Ante la falta de consenso, el magistrado resolvió convocar a una nueva audiencia y mantener suspendidos los plazos procesales, una medida que permite congelar el trámite judicial mientras continúan las mesas de trabajo políticas y técnicas.

El conflicto se originó tras la presentación de una medida cautelar por parte del Municipio para frenar la licitación de los balnearios impulsada por la Provincia. Además, la comuna promovió una demanda principal con el objetivo de cancelar la deuda con la Administración Punta Mogotes (APM) y avanzar con el traspaso del complejo a la órbita municipal.

La APM administra Punta Mogotes desde hace más de cuatro décadas y está integrada en un 70% por la Provincia y un 30% por el Municipio. En mayo de este año, el Gobierno bonaerense anunció un proceso de transferencia del complejo turístico, aunque supeditado a la ejecución previa de obras de modernización mediante una nueva licitación. La propuesta fue rechazada por el Ejecutivo local, que recurrió a la Justicia para suspender ese proceso hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

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