País
La nueva moratoria previsional es ley
28 de febrero de 2023
El oficialismo logró finalmente sancionar la ley que establece una nueva moratoria previsional para que las personas en edad jubilatoria y pre jubilatoria puedan cancelar deuda de aportes y acceder a una jubilación mínima. Tras ocho meses trabado en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos pudo aprobar el proyecto con la ayuda de aliados y después de haber conseguido el quórum con lo justo.
La iniciativa, impulsada por el kirchnerismo desde el Senado y aprobada allí en junio del año pasado, establece que las personas que en 2022 y en 2023 cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los hombres) y no tengan los 30 años de aportes que exige el régimen general puedan cubrir la deuda previsional con un plan de pagos.
En ese aspecto, el nuevo sistema es similar a la moratoria que rigió entre 2014 y el año pasado, aunque ahora se agrega la posibilidad de pagar los años faltantes con 10 años de anticipación para aquellas personas que todavía no tienen edad de jubilarse pero saben que no cuentan con llegarán con la cantidad de aportes.
El bloque de diputados del Frente de Todos empujó el proyecto con el argumento de que más de 800.000 personas quedarían este año impedidas de acceder a la jubilación mínima y consiguió el apoyo de los bloques más chicos de la oposición para aprobar la ley con 134 votos a favor y 107 en contra.
La bancada de Juntos por el Cambio rechazó la nueva ley y sostuvo que el oficialismo sigue «emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados». Los diputados subrayaron que «hoy sólo uno de cada cuatro jubilados que obtuvo el beneficio previsional lo hizo cumpliendo todos los requisitos» y que «el verdadero problema es la altísima informalidad del mercado laboral».
¿cómo se podrá acceder a la jubilación con la nueva ley?
Con la nueva ley, las mujeres de 60 años y los hombres de 65 años que no tengan los 30 años de aportes exigidos por el régimen general podrán regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive.
Para ello, contarán con un plan de pagos en hasta 120 cuotas que serán descontadas de forma directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
La novedad de la ley es que permitirá a las mujeres que tengan entre 50 y 59 años y a los hombres de entre 55 y 64 años y que saben que no llegarán a la edad jubilatoria con la cantidad mínima de aportes anticiparse y comenzar a pagar los períodos faltantes para garantizarse el acceso a un haber.
En estos casos, se podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios, y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración. La idea que plantea la ley es mantener una correspondencia con lo que aportan al sistema de seguridad social los trabajadores en actividad y en blanco.
La ley establece que este sistema de precancelación de la deuda previsional servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme vaya avanzando en la cancelación de unidades y se vaya acercando su edad de retiro.
Entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio hubo una coincidencia: todos entienden que el problema de fondo es la informalidad del mercado laboral argentino, aunque esto no se trasladó a la votación. Y es que en Juntos por el Cambio varios diputados, entre ellos Ricardo López Murphy, le atribuyeron al peronismo la responsabilidad de no haber hecho las reformas que requiere el sistema.
Por el oficialismo, Carlos Heller señaló que del total de los jubilados del país el 65% tienen que ver con las moratorias. «Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo», subrayó el diputado y afirmó que esta situación se debe a la informalidad que hace que «muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes».
«Hay qué preguntarse por un trabajador que estuvo toda la vida en negro o una ama de casa: ¿qué es lo injusto, que se pueda jubilar o que no se pueda jubilar?», reflexionó Itaí Hagman, otro de los diputados del Frente de Todos que defendió la ley.
Por su parte, Luciano Laspina de Juntos por el Cambio consideró que cada moratoria muestra «el fracaso de la legislación» y que la nueva ley representa «un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa», al tiempo que la calificó como una medida electoral que busca «regalar plata que no tenemos».
«Venimos a sostener una posición incómoda, difícil, porque creemos que no se puede seguir especulando electoralmente con este tema», indicó Silvia Lospennato para justificar la postura de la principal bancada opositora, al tiempo que pidió revisar el llamado «régimen general» porque allí solo «se jubilan 1 de cada 4 personas».
Quien salió al cruce de la calificación del proyecto como «electoralista» fue Máximo Kirchner, que tomó la palabra sobre el final del debate y señaló: «Sería muy tonto pensar que las personas van a elegir al Frente de Todos por esta ley, sería subestimar la inteligencia de la gente».
El Frente de Todos logró el quórum para sesionar con lo justo: 129 presencias. Lo consiguió con la ayuda de los 4 diputados del Frente de Izquierda, 3 de Provincias Unidas (aliados habituales del oficialismo) y 4 de los 8 que integran el Interbloque Federal.
El objetivo del oficialismo, más allá de la aprobación de la ley, fue romper con el «bloqueo» que llevó a cabo Juntos por el Cambio durante todo el período de sesiones extraordinarias al negarse a facilitar el quórum mientras avanzara el juicio político. Recién cuando el Frente de Todos logró abrir la sesión la principal bancada opositora bajó al recinto.
Con la aprobación de la nueva moratoria previsional el Frente de Todos logró aprobar uno de los 28 proyectos que el presidente Alberto Fernández incluyó en el llamado a sesiones extraordinarias y lo hizo en el último día de ese período y horas antes de que el mandatario asista al Congreso para inaugurar el nuevo año parlamentario. Fuente IPROFESIONAL
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El Gobierno tildó de ‘político’ el paro universitario
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ratificó este lunes la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes, para el próximo 1.° de septiembre, y de esa forma le respondió a los sindicatos que anunciaron un paro para el este miércoles 12 de agosto.
En un comunicado, al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, la cartera que lidera Sandra Pettovello calificó la protesta como de "carácter político".
También, en medio de cuestionamientos sindicales por la falta discusión salarial, señaló que la reunión paritaria fue pactada "conforme al cronograma oportunamente establecido" y remarcó el accionar del área educativa estatal.
"A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia", subrayaron desde el Ministerio.
En ese sentido, el Ejecutivo cuestionó con dureza la medida de fuerza ratificada por los sindicatos docentes y no docentes para el 12 de agosto.
"El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional", concluyó el texto oficial.
La medida de este miércoles fue confirmada por distintas organizaciones gremiales el jueves pasado y se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo. Entre los principales reclamos se encuentran una recomposición salarial, el pago de una deuda que los gremios estiman en un 28,5% hasta junio y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió adherir a la medida, mientras que Conadu Histórica anunció además una nueva jornada de protesta de mayor duración. Según anticipó el gremio, también realizará un paro nacional desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.
Las organizaciones sindicales también reclaman el envío de fondos para los gastos de funcionamiento de las universidades y cuestionan la falta de transferencia de un incremento del 20% contemplado para ese concepto.
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Universidades: el Gobiernio busca destrabar conflicto salarial
Docentes y no docentes de las universidades nacionales paralizarán las actividades este miércoles 12 de agosto. El Ejecutivo confirmó una reunión salarial para el 1° de septiembre y cuestionó la protesta. Los sindicatos reclaman recomposición de ingresos, fondos para el funcionamiento del sistema y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas tendrá un nuevo capítulo este miércoles 12 de agosto, cuando docentes y trabajadores no docentes realicen un paro nacional de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo.
La medida fue ratificada por las organizaciones gremiales pese a que el Ministerio de Capital Humano confirmó que la próxima reunión paritaria se realizará el 1° de septiembre.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello cuestionaron la huelga y aseguraron que la convocatoria salarial forma parte del cronograma establecido previamente.
El Gobierno sostuvo además que la Subsecretaría de Políticas Universitarias actuó de acuerdo con la normativa vigente y las decisiones judiciales, y calificó el paro como una medida de “carácter político”.
Los sindicatos rechazan esa interpretación y aseguran que permanecen pendientes reclamos salariales y presupuestarios que justifican la continuidad del plan de lucha.
Los gremios hablan de una deuda salarial del 28,5%
Uno de los principales puntos del conflicto es la recomposición de los ingresos de docentes y trabajadores no docentes.
Las organizaciones universitarias estiman que existe una deuda salarial acumulada del 28,5% hasta junio y reclaman que ese porcentaje sea incorporado a los salarios.
También exigen el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio y los recursos previstos para los hospitales universitarios.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales venía reclamando desde julio una convocatoria urgente a negociación paritaria ante el deterioro salarial.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La discusión tiene como uno de sus principales antecedentes la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aprobada por el Congreso en 2025.
La norma tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del sistema universitario público y establece mecanismos para actualizar las partidas presupuestarias y recuperar los ingresos de los trabajadores del sector.
El conflicto por su implementación llegó a la Justicia y durante junio la Corte Suprema dejó vigente una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar distintos aspectos de la ley mientras continúa la discusión judicial de fondo.
Ese antecedente es uno de los argumentos utilizados por los gremios para reclamar una actualización mayor de los salarios y las partidas universitarias.
El Gobierno, en cambio, sostiene que viene cumpliendo las obligaciones establecidas y que no existe un incumplimiento que justifique la medida de fuerza.
El antecedente del aumento otorgado en junio
En junio, luego de varios meses de conflicto, el Gobierno había dispuesto una recomposición para el sector universitario.
El esquema contempló un aumento salarial del 24,33%, compuesto por una actualización del 21,33% y otro incremento posterior del 3%.
También se anunció una actualización del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y recursos adicionales destinados a hospitales universitarios.
Las organizaciones gremiales consideraron que las medidas resultaban insuficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada y mantuvieron el reclamo por la aplicación completa de la ley.
Ese desacuerdo es el que ahora vuelve a expresarse con el paro nacional del miércoles.
Docentes y no docentes paralizan las universidades
La medida tendrá alcance nacional y comprende tanto al personal docente como al no docente.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió realizar el paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.
Por su parte, la CONADU Histórica profundizará el plan de lucha: además de adherir a la protesta del 12 de agosto, convocó a un paro nacional entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto.
La federación reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y una recomposición de los ingresos.
Las organizaciones sindicales también comenzaron a plantear la posibilidad de avanzar hacia una nueva Marcha Federal Universitaria si el conflicto no encuentra una salida.
La discusión continuará en septiembre
Con posiciones todavía enfrentadas, la próxima instancia formal será la reunión paritaria convocada para el 1° de septiembre.
El Gobierno considera que esa convocatoria demuestra que el proceso de negociación permanece abierto y sostiene que el paro del miércoles no responde a un incumplimiento de su parte.
Los sindicatos, en cambio, señalan que esperar hasta septiembre prolongaría una pérdida salarial que consideran pendiente y reclaman respuestas inmediatas.
Así, a dos días de la nueva medida de fuerza, el paro universitario continúa firme y la confirmación de la paritaria no logró desactivar el conflicto
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Inflación de julio será apenas una décima por arriba de junio
En el Gobierno esperan que la inflación de julio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se conocerá el próximo jueves, se ubique cuando mucho apenas una décima por arriba de la de junio, en un nivel mucho menor al último dato de la ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,9%.
Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que difunde por el Banco Central y que concentra proyecciones de proyecciones de 33 economistas y 13 bancos, el próximo IPC será de entre 1,9% y 2%, casi en línea con 1,9% del mes anterior.
El REM destaca que la inflación a nivel nacional seguirá en baja, en octubre y noviembre 1,6%, y una suba a 1,8% en diciembre, que habitualmente es un mes inflacionario.
Desde el BCRA destacaron que, según sus cálculos, no hubo aumento de la inflación, porque miden la subyacente, que quita componentes como alquileres y frutas, que son volátiles.
Ese indicador excluye la variación de precios estacionales, promedió un aumento mensual de 2,1% en el trimestre y llegó a 1,6% en junio, un registro comparable con los valores observados en 2017.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, dijo en conferencia de prensa que “esta evolución confirma que la reducción de la inflación no se debe solo a factores transitorios, sino que responde a un proceso difundido atribuible a los determinantes profundos del régimen macroeconómico”.
Hay muchas expectativas por la difusión del próximo IPC nacional, teniendo en cuenta el salto de la inflación en CABA, que dio 2,9% en julio, como informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, contra el 1,8% de junio en el distrito porteño.
Según ese índice los rubros que más subieron en la ciudad de Buenos Aires durante el mes pasado fueron Recreación y cultura, con un alza de 5,8%; seguido por Restaurantes y hoteles, con 5,3%; y Transporte, que subió 3,1%.
El avance de los dos primeros rubros se debe principalmente a factores estacionales, en coincidencia con las vacaciones de invierno. Mientras que el segundo se explica por los aumentos en transporte público, como el aumento del boleto de las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad, cuyas tarifas escalaron 3,9%. Sumado a los ajustes en los pasajes de avión.
Entre las variables que incidirían en un leve aumento de la inflación de julio a nivel nacional están el impacto de las vacaciones de invierno, que generan remarcaciones de precios en turismo, en recreación.
Esto se suma a cierto traslado del aumento del dólar, por la suba de $100 entre fines de junio y principios de julio, algo habitual en las vacaciones de invierno. ( TN)
