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Abordan problemática rural
3 de septiembre de 2020
Los presidentes y varios integrantes de las entidades que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) se reunieron con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, con el propósito de abordar las cuestiones de la agenda pública nacional que preocupan a los productores agropecuarios.
Se platearon asuntos que hacen al momento actual, como la reforma judicial, la seguridad jurídica, la situación económica post pandemia, entre otros, que tienen implicancias directas sobre las expectativas de inversión de los productores para la campaña agrícola que está arrancando.
Tras la reunión, los dirigentes rurales informaron que se hizo especial hincapié sobre la necesidad de reconstruir la confianza como pilar fundamental para la recuperación económica, así como la consolidación del desarrollo y del crecimiento a futuro.
La seguridad rural fue uno de los ejes del encuentro, en un contexto de creciente preocupación por parte de los productores a raíz de la ola de delitos que se vive en el sector, que incluyen roturas de silobolsas, quema de campos, abigeato. En este sentido, los representantes de las entidades que conforman la CEEA destacaron la necesidad de reforzar las acciones para combatir este flagelo que atenta contra el arraigo rural y la calidad de vida en el interior, aspectos fundamentales para revertir el flujo migratorio hacia los centros urbanos y descomprimir los bolsones de marginalidad de las grandes ciudades.
A los delitos mencionados, se la ha sumado en los últimos días alarma por la proliferación de usurpaciones y toma de tierras. Frente a este hecho, se planteó la necesidad de abordar esos episodios como delitos graves contra la propiedad y una violación a los más elementales derechos consagrados en la Constitución Nacional y la legislación vigente.
Otro punto clave del encuentro fue el malestar de productores, trabajadores, contratistas y transportistas por las dificultades que persisten para la circulación entre jurisdicciones y la necesidad de contar con criterios y protocolos comunes entre provincias a nivel nacional. Los representantes de la Comisión de Enlace destacaron que resulta imperioso avanzar en acuerdos entre provincias antes del inicio de la próxima campaña.
Las adversas consecuencias de las nevadas en la Patagonia, la persistente sequía que se vive en buena parte del territorio nacional con particular incidencia en el NOA y NEA y los incendios, fueron tema de análisis durante el cual se expresó la preocupación de los productores de las regiones afectadas y posibles medidas paliativas.
También se abordó la situación de la Lechería frente a la inminencia del pico de producción que tiene lugar con la llegada de la primavera, así como temas vinculados a las diferentes producciones regionales. Estas dos cuestiones serán analizadas más puntualmente en una próxima reunión.
Además, se pensaban abordar varios de los asuntos de la agenda permanente del sector, incluidos en el documento de 14 puntos elaborado por la CEEA, tales como los Derechos de Exportación (retenciones), los reintegros a la exportación, las restricciones cambiarias, el acceso al crédito –fundamental para encarar la nueva campaña-, la situación de la Hidrovía a raíz de los anuncios recientes y los proyectos de ley de Humedales que de avanzar, van camino a generar una gran incertidumbre que postergarán la inversión actual y potencial.
Estos temas quedaron para continuar la reunión en los primeros días de la próxima semana, conformaron los ruralistas.
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‘Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre’
Durante la inauguración oficial de la 138 Exposición Rural de Palermo, el titular de la entidad, Nicolás Pino, protagonizó un fuerte discurso en el que exigió que las retenciones al agro dejen de existir “por ley y para siempre”. Tras recibir al presidente Javier Milei con un cálido abrazo, el dirigente agropecuario destacó los principales logros de la actual administración económica.
Pino subrayó que el sector productivo aportó más de 83.000 millones de dólares al país, divididos en 40.000 millones de la agricultura, 34.000 millones de la ganadería y 11.500 millones de las economías regionales. Además, recordó que desde 2002 el Estado acumuló unos 215.000 millones de dólares por este tributo, aunque ponderó que este Gobierno redujo la recaudación en unos 6.000 millones de dólares, fondos que según el sector se destinaron a reinversión y empleo.
En su alocución, el referente ruralista cuestionó con dureza a gobernadores e intendentes por el peso de los impuestos provinciales y tasas municipales. Denunció la existencia de aduanas internas por cobros al traslado de mercadería entre jurisdicciones y exigió frenar el manejo arbitrario del impuesto sobre los ingresos brutos para incentivar el arraigo rural.
El dirigente valoró los notables logros macroeconómicos, como la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la reducción del riesgo país, remarcando que la actividad genera más de 4 millones de empleos. Sin embargo, alertó sobre el mal estado de los caminos rurales, la necesidad de reactivar trenes y puertos, y reclamó un plan de infraestructura para prevenir inundaciones en la cuenca del Salado.
Hacia el cierre, Nicolás Pino defendió que los servicios ecosistémicos pertenecen legítimamente a la propiedad privada del productor agropecuario.
Sostuvo que en el país no existen los denominados “bienes comunes”, sino únicamente bienes públicos o privados, y concluyó pidiendo confianza en un sector que proyecta una revolución agropecuaria digital basada en tecnología y datos.
Gentileza radio Mitre
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‘No tendría problemas en venderle tierras a un extranjero’
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respaldó la posibilidad de que inversores extranjeros compren tierras en el país. “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, afirmó, y agregó que esas personas “no se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, y que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo.
La versión más reciente de la reforma elimina esos límites para personas físicas y jurídicas extranjeras, aunque exige una autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.
Ese capítulo sobre la “extranjerización” de tierras es, según reconoce el propio oficialismo, el principal obstáculo para reunir los votos necesarios en el Senado. El tratamiento del proyecto se postergó la semana pasada ante la falta de respaldos y quedó reprogramado para el 6 de agosto.
La discusión interna llegó a escalar en un cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se manifestó en contra de ese punto de la reforma, y la senadora Patricia Bullrich, uno de cuyos asesores llegó a denunciar por amenazas a un colaborador de Villarruel.
En ese contexto se enmarca el respaldo de la Sociedad Rural. Pino ya había defendido la iniciativa la semana pasada, tras la primera postergación del debate: “Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo pero es necesario para toda la Argentina”, había dicho entonces. Sobre el punto específico de la compra de tierras por extranjeros, sostuvo que “esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”.
El titular de la entidad rural matizó, de todos modos, que pueden existir situaciones puntuales que ameriten alguna regulación, como la adquisición de campos para destinarlos a parques o reservas naturales, en referencia a casos en la Patagonia donde la expansión de fauna silvestre en tierras no productivas afecta a la ganadería ovina de los campos vecinos.
Desde el Gobierno remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros como tales, sino únicamente a inversores privados, y que el objetivo de la reforma es atraer inversiones y dar mayor previsibilidad jurídica a la propiedad privada.
Sin embargo, el capítulo despertó resistencia que excede al kirchnerismo y la izquierda: sectores de la oposición dialoguista y varios gobernadores plantearon objeciones sobre el alcance de los cambios y sobre qué margen deberían conservar las provincias para regular el uso de sus tierras, un debate que se sostiene desde hace semanas y que todavía no está saldado dentro del propio oficialismo.
Con la letra del proyecto en revisión y la nueva fecha de tratamiento fijada para el 6 de agosto, en la mesa política del Gobierno se muestran confiados en destrabar esta vez la sanción: “Los votos van a estar”, aseguró uno de sus integrantes.
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Piden al Gobierno que no avance contra el Instituto de la Carne
Diversas entidades y cámaras que integran el sector productivo, el campo y la industria frigorífica argentina han manifestado su firme rechazo y preocupación ante la iniciativa del gobierno nacional que busca modificar el funcionamiento y financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).
La controversia surge a partir de un anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar la obligatoriedad de los aportes que financian al organismo, transformándolos en contribuciones voluntarias.
Desde el sector privado, que impulsó la creación del instituto bajo la Ley 25.507, se defiende al IPCVA como una herramienta estratégica clave para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina. Las cámaras advierten que la implementación de un arancelamiento voluntario "significaría, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA".
El instituto desempeña funciones que el sector considera vitales, tales como realización de estudios técnicos y generación de información estratégica; promoción de la carne vacuna en el mercado interno e internacional; apertura de nuevos mercados y consolidación de acuerdos comerciales; Sostenimiento de la marca "Carne Argentina", apoyo al SENASA, organismo al que el IPCVA aporta entre un 3% y un 5% de su presupuesto anual.
Actualmente, el IPCVA funciona exclusivamente con fondos privados: los productores aportan el 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena, mientras que la industria aporta el 0,03%.
El sector subraya que este esquema de pago obligatorio es el mismo que utilizan los principales exportadores mundiales, como Australia, Estados Unidos, Uruguay y el Reino Unido, muchos de los cuales incluso cuentan con apoyo estatal adicional.
"Los presupuestos que se manejan internacionalmente evidencian que la Argentina financia su instituto de promoción muy por debajo de otros países con cadenas cárnicas mucho menos desarrolladas", señalaron las entidades en su comunicado conjunto.
El reclamo cuenta con una representatividad federal y plural sin precedentes, uniendo a organizaciones de productores como la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), CONINAGRO y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto a cámaras que agrupan desde grandes exportadores (Consorcio ABC) hasta PyMEs orientadas al mercado interno (CICCRA, FIFRA, UNICA, CADIF).
Para el sector, degradar la capacidad operativa del IPCVA no solo afectaría la institucionalidad del organismo, sino que implicaría un grave retroceso en logros construidos durante años a través de la inversión privada y el esfuerzo sostenido de toda la cadena de ganados y carnes.
