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Preocupa ajuste en políticas sociales
21 de enero de 2023
Bajo el titulo ‘Presupuesto 2023: el Ejecutivo desconoció el aumento del Congreso para políticas sociales’ , la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) dio a conocer un comunicado por el cual reseña que “ el pasado 9 de enero, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete dejaron sin efecto (mediante la Decisión Administrativa 4/23) el aumento de 567.699 millones de pesos debatido y aprobado por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto N° 27.701 en diciembre pasado. De no revertirse, la medida es cuestionable por inconstitucional e ilegal”
Y agrega “en octubre de 2022, al analizar el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2023, organizaciones de la sociedad civil advirtieron una serie de reducciones en partidas fundamentales para la garantía de los derechos humanos. Reconociendo esta situación, la Ley aprobada por el Congreso incorporó cambios sustanciales en algunas políticas. Así, en la Ley de Presupuesto, se aprobó un aumento del gasto de $567.699 millones”
“ De esos fondos- prosigue el comunicado- , la mitad se destinó a políticas que tienen particular impacto en el acceso a derechos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas se encuentran las políticas alimentarias y los comedores escolares, las asignaciones familiares, las becas para estudiantes, la integración socio urbana de barrios populares, el programa nacional de tierras, viviendas y urbanismo, las acciones de reparación para niñas y niños hijos de víctimas de femicidio (Ley Brisa), el acompañamiento al egreso de jóvenes sin cuidados parentales y el plan nacional de manejo del fuego. Además de estos aumentos, el Congreso agregó un porcentaje de asignación mínima del PBI en materia educativa, del 1,33%, que tampoco fue respetado por el Ejecutivo en la distribución.
Esta decisión implica violar el principio de legalidad que rige en materia presupuestaria. La Constitución previó en su artículo 75, inc. 8 que es el Congreso quien debe decidir sobre el gasto público. Lejos de ser un acto discrecional del Poder Ejecutivo, el presupuesto es una ley que el Ejecutivo debe implementar. En ese sentido, la decisión administrativa desconoce la voluntad del Congreso y el principio de división de poderes y constituye una afrenta al sistema republicano de gobierno.
Por otra parte – se informa- la medida ignora el principio de progresividad que debe regir en materia de derechos económicos, sociales culturales y ambientales. En efecto, el hecho de no aumentar el gasto destinado a los sectores que el Congreso había estimado prioritarios tendrá una repercusión directa sobre su ejercicio efectivo por parte de colectivos vulnerabilizados. Además, resulta ilegal por desconocer obligaciones específicas que recaen sobre el Estado. A modo de ejemplo, las reducciones destinadas a garantizar los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes violan el principio de intangibilidad de los recursos que establece la Ley 26.061 respecto de las políticas de infancia.
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Nación lanza Títulos de Deuda en el mercado, tras más de 30 años
Después de más de tres décadas, el Banco Nación vuelve al mercado de capitales local con una emisión de Títulos de Deuda, operación que representa una nueva alternativa de inversión para sus clientes y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad para llegar a más argentinos: más PyMEs que quieren crecer, más familias que sueñan con su casa propia y más productores que necesitan financiamiento para expandirse.
Los fondos que se recauden se destinarán directamente a fortalecer el crédito en la economía real: MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a financiamiento para su vivienda, exportadores que contarán con respaldo para crecer en mercados externos y economías regionales que encontrarán en el Banco un socio para su desarrollo.
La colocación contempla tres clases de títulos de deuda, diseñadas para ofrecer alternativas de inversión en distintas monedas y perfiles:
• Clase 1 (Pesos): a 12 meses, tasa variable (TAMAR Privada más margen), intereses trimestrales y amortización al vencimiento.
• Clase 2 (Dólar): a 36 meses, tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento.
• Clase 3 (UVA): a 24 meses, tasa fija a licitar, intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12.
El monto máximo conjunto de la emisión se estableció en el equivalente a USD 50 millones, ampliable a un monto máximo de US$ 1.500 millones, dentro del programa vigente.
La emisión estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas, clientes y no clientes del Banco, quienes podrán participar, cumpliendo con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de cuenta comitente y la validación del perfil de inversor.
El Banco Nación da así un paso más hacia una gestión moderna y transparente en línea con las prácticas del mercado y las preferencias del público en general y sus clientes en particular.
Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país. Un banco más competitivo es un banco que puede hacer más, llegar más lejos y estar presente donde la gente lo necesita.
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Chau equipaje de mano gratis en Aerolíneas
La empresa Aerolíneas Argentinas anunció un cambio en su política tarifaria. Desde este lunes, los pasajes más económicos para vuelos nacionales dejarán de incluir equipaje de mano gratuito.
A partir de ahora, quienes compren tarifas “base” o “promo” solo podrán llevar un artículo personal, como una mochila o bolso pequeño, de hasta 3 kilos. El equipaje de mano tipo carry on, de hasta 8 kilos, pasará a ser un servicio adicional pago.
La medida rige únicamente para nuevos pasajes adquiridos desde su implementación y no afecta a quienes ya habían comprado sus tickets.
Desde la compañía explicaron que la decisión busca adaptar su esquema comercial a un mercado más competitivo, especialmente frente a las aerolíneas de bajo costo.
“El objetivo es ofrecer una tarifa que compita con las low cost, que separan el precio del pasaje del costo del equipaje”, señalaron fuentes de la empresa.
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Fin de una era: Rematan predios ferroviarios
El Poder Ejecutivo autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender 21 inmuebles del dominio público, entre ellos un terreno en Palermo ubicado sobre Avenida Libertador, entre Cerviño y Bullrich. El Ministerio de Economía desafectó el uso ferroviario de ese lote y consignó que tiene 3.014 m².
Según el decreto 322/2026, publicado en el Boletín Oficial, la venta persigue reducir gastos de mantenimiento y aportar recursos frescos al Estado. El texto sostiene que la operación buscará “impulsar actividades productivas” y remarca que los activos “se encuentran ociosos” para así ahorrar costos que podrían evitarse si se concreta la disposición.
Además del terreno en Palermo, la medida lista inmuebles en varias provincias. En la provincia de Buenos Aires se incluyen dos predios en Salazar (Daireaux), tres en Mariano H. Alfonzo (Pergamino), cinco en Barrow (Tres Arroyos) y uno en Pablo Podestá (Tres de Febrero), todos destinados a subasta pública.
En Chubut se ofrecen dos sectores en Esquel, lindantes al río Los Bandidos, mientras que en Córdoba aparecen tres lotes sobre la costanera del Embalse Río Tercero, en el departamento Calamuchita. En La Pampa se detallan tres predios que integran el cuadro de la estación Lonquimay.
Misiones completa la nómina con un inmueble en la localidad de Candelaria, ubicado sobre la calle Fray Ruiz de Montoya. El decreto explica que las auditorías detectaron falta de uso específico, uso indebido o subutilización, por lo que se impulsó la disposición de estos bienes estatales.
El predio porteño, además de su situación sobre la traza ferroviaria Retiro–Palermo del San Martín, aloja actualmente una sede del Renaper donde se tramitan DNI y pasaportes. La AABE será la encargada de organizar las modalidades y cronogramas de las subastas que permitan la enajenación de los inmuebles.
El Gobierno sostiene que la enajenación de esos bienes permitirá liberar cargas presupuestarias y favorecer el desarrollo de actividades productivas en los terrenos transferidos al sector privado. La operatoria será comunicada oficialmente con fechas y condiciones para quienes quieran participar de las subastas.
