País
A 40 años de la muerte de Illia
17 de enero de 2023
El expresidente constitucional Arturo Umberto Illia fallecía hace 40 años, un 18 de enero de 1983, en la ciudad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, y su deceso se producía en el contexto de un país que iniciaba una transición hacia la democracia tras la derrota que la dictadura cívico militar había sufrido en la Guerra de Malvinas.
Desde 1966, cuando fue derrocado tras el golpe de Estado que encabezó el general Juan Carlos Onganía, Illia se encontraba retirado de la actividad política y ejercía la medicina en esa localidad del noroeste de Córdoba.
No obstante, Illia se mantenía vinculado a la Unión Cívica Radical, el partido político en el que militó durante buena parte de sus 82 años de existencia.
Hijo de inmigrantes italianos, Illia nació en la ciudad bonaerense de Pergamino en 1900, y tras graduarse como médico en la Universidad de Buenos Aires se instaló en Cruz del Eje, donde comenzó a forjar su carrera política en la UCR.
Pero fue 1928 el año clave en su vida cuando tuvo la oportunidad de entrevistarse con el recién reasumido presidente Juan Hipólito Yrigoyen a quien le ofreció sus servicios profesionales recibiendo la propuesta de desempeñarse como médico ferroviario para lo cual había disponibilidades en numerosas ciudades entre las cuales Illia eligió Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba.
Precisamente en representación de Cruz del Eje desempeñó su primer cargo público, el de senador provincial, entre 1936 y 1940, tras lo cual, entre 1940 y 1943, fue vicegobernador cordobés durante el gobierno de Santiago Horacio del Castillo.
Posteriormente diputado nacional entre 1948 y 1952 y en 1962 resultó electo gobernador, pero no pudo asumir a raíz del golpe que ese año derribara al entonces presidente Arturo Frondizi y estableciera el gobierno de facto de José María Guido.
Fue esa victoria en Córdoba la única realmente importante de la entonces Unión Cívica Radical del Pueblo lo que determinó a la dirigencia partidaria a nominarlo para la presidencia en las elecciones de 1963 en las que se ubicó por delante de Oscar Alende de la Unión Cívica Radical Intransigente, dejando tercero al teniente general Pedro Eugenio Aramburu, candidato de la oficialista Unión del Pueblo Argentino y del Partido Demócrata Progresista y al resto de los postulantes entre los que se encontraba el socialista Alfredo Lorenzo Palacios.
Pero Illia no alcanzó la mayoría en el Colegio Electoral, que era el decisor final en la materia en tiempos en que no existía el sufragio directo, por lo que debió apelar al apoyo del Partido Demócrata Cristiano y los ya no existentes Partido Socialista Democrático, Federación Nacional de Partidos de Centro y Confederación de Partidos Provinciales y hasta el voto de tres electores de la UCRI.
Al asumir la presidencia se encontró con la fuerte oposición del entonces proscripto peronismo y ante la responsabilidad de cumplir con sus importantes promesas electorales entre las cuales se destacaba la anulación de los contratos petroleros que Frondizi había concertado con importantes compañías extranjeras dejando de lado las políticas nacionalistas en la materia desarrolladas a partir de 1923 con la creación de YPF por el entonces presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear y sus sucesores.
Rápidamente puso en marcha el proceso de anulación a partir de la declarada ilegalidad de muchos de ellos, a pesar de lo cual se abonaron 200 millones de dólares estadounidenses (unos US$ 7.000 millones a valores actuales) lo cual no impidió el cuestionamiento de los sectores políticos y económicos opuestos a esa decisión lo que llevó, en su momento, a que ante la dureza de sus planteos, Illia expulsase de la Residencia de Olivos al embajador de los Estados Unidos, Robert McClintock, quien se había convertido en un vocero de las empresas por encima de la postura del presidente John Fitzgerald Kennedy.
Otras cuestiones centrales fueron las decisivas leyes de Medicamentos y de Salario Mínimo, Vital y Móvil, los cambios generados en materia educativa y la posición adoptada en materia internacional sobre todo al avalar la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana pero luego, ante las enormes manifestaciones contra la misma que dieron lugar a alguna muerte, hubo un cambio y no se enviaron las tropas prometidas.
La Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil, al igual que la Ley de Abastecimiento, apuntaron a asegurar una retribución básica a los trabajadores, sobre todo para atender a los que tenían niveles más bajos, al igual que en el caso de los jubilados y pensionados para lo cual también se estableció la “canasta familiar”, algo similar a los actuales “precios cuidados”.
En materia educativa, la gestión Illia dio lugar a los mayores porcentajes destinados en la materia en el Presupuesto Nacional que incrementó rápidamente apenas asumido y así se llegó al 12 por ciento en el mismo 1963 para pasar al 17 en 1964 y al 23 en 1965, para algunos el nivel más alto en la historia argentina, que luego fue decayendo rápidamente hasta llegar en algún momento a sólo el 3%, mientras otros que estudiaron el tema señalaron que el máximo, algo por encima del 25% se registró durante la primera etapa de la gestión Alfonsín.
La otra cuestión clave fue la luego olvidada Ley de Medicamentos, impulsada por el ministro de Asistencia Social y Salud Pública, el salteño Arturo Oñativia, quien hizo que los mismos tuviesen el contenido de bien social lo que impedía el libro manejo de sus precios, lo cual fue complementado, a instancias del mismo Oñativia con la Ley de Reforma del Sistema Hospitalario Nacional y de Hospitales de la Comunidad y con la creación del Servicio Nacional de Agua Potable.
Aún en medio de una dura oposición mayoritaria que se manifestaba en los reclamos públicos, en las críticas de correligionarios como el historiador Félix Luna, en la persecución a sectores de izquierda como el Partido Comunista, en su confrontación con la CGT y en el resultado de las elecciones parlamentarias de 1965, donde la UCR obtuvo sólo el 28,48 por ciento de los votos un punto menos que el peronismo vestido como Unión Popular, Illia mantenía una cordial relación personal no sólo con grandes personalidades locales y visitantes como el presidente francés Charles De Gaulle sino con los ciudadanos de a pie que transitaban durante los mediodías la Plaza de Mayo donde Illia solía sentarse en algún banco a tomar sol.
El 29 de junio de 1966 fue derrocado por un golpe militar encabezado por el teniente general Juan Carlos Onganía tras lo cual abandonó la Casa Rosada en un taxi y se instaló en la casa de su hermano en la localidad bonaerense de Martínez, para luego radicarse definitivamente en Cruz de Eje donde, al haber renunciado a la pensión de Presidente, consecuente con su tradicional austeridad, volvió a ejercer la medicina y luego atendió la panadería de un amigo, tarea en la que lo sorprendió la muerte, siendo sus restos trasladados al Cementerio de la Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, donde hoy se encuentran.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
País
El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
País
Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
