13 de diciembre de 2022

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que pedirá al Parlamento adelantar las elecciones a abril de 2024. La decisión la toma a menos de una semana de asumir y prometer que completaría el período del destituido Pedro Castillo, hasta 2026. Boluarte se ve presionada por la ola de manifestaciones en el interior del país, que dejaron al menos 4 muertos.

Castillo fue destituido el miércoles pasado, luego de que intentara dar un golpe de Estado contra el Parlamento y la autoridad judicial. Desde ese mismo día asumió Boluarte, que era su vice, y Castillo quedó detenido y bajo investigación penal.

“Interpretando la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024”, dijo Boluarte en un mensaje a la nación difundido por televisión en los primeros minutos del lunes. La propuesta implica recortar en dos años el mandato en curso, iniciado en 2021 por Castillo, y busca aplacar la rebelión del sector de Castillo, que exige elecciones presidenciales y legislativas de inmediato.

La mandataria anunció además que declaró el estado de emergencia en las zonas del país en donde se registran protestas violentas. “Con el mismo sentido patriótico, anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social para recuperar pacíficamente el control del orden interno”, indicó. La flamante presidenta lamentó la muerte de dos manifestantes en Andahuaylas.

Las movilizaciones se multiplicaron en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso y detenido por mandato judicial desde el miércoles 7.

En la ciudad andina de Andahuaylas, el Ministerio de Interior reportó dos personas fallecidas y cinco heridos, entre ellos un policía, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad. A esa terminal aérea iban a llegar refuerzos de la policía antimotines.. Andahuaylas está en la región Apurímac, de donde es originaria Boluarte. El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado reportó la radio RPP. En total, los fallecidos subieron horas después a cuatro, según el Ministerio del Interior.

En la misma ciudad de Andahuaylas el sábado las protestas dejaron 16 civiles y cuatro policías heridos. Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales. Este lunes una multitud tomó el aeropuerto de Arequipa, en el sur del país.

El aeropuerto fue cerrado y evacuado luego de que los manifestantes ingresaran a sus instalaciones “destruyendo la infraestructura de seguridad e incendiando la caseta de control”, dijo Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), la empresa que administra el aeropuerto de Arequipa, mientras medios locales informaron de al menos cuatro heridos en enfrentamientos con la Policía.

Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido”, sumándose a los pedidos de «cierre del Congreso», adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según exige el Frente Agrario y Rural del Perú.

En Lima, la policía dispersó el domingo por la tarde a cientos de manifestantes que llegaron al Congreso gritando lemas a favor de Castillo. Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder del interior andino. Pero pese a ganar las elecciones de 2021, su popularidad había caído. La aprobación del ex presidente era de 28% en fecha reciente, según el Instituto de Estudios Peruanos.La desaprobación era de 62% a nivel nacional, aunque en Lima subía a 76%.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Pedro Castillo y sus ministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por los delitos rebelión y conspiración. Al ex presidente se lo señala como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal. Asimismo, por conspiración contra la administración pública.

Además el ex jefe del Estado habría incurrido como autor en el delito de abuso de autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad pública. Con respecto a los ex ministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, a los tres se les presentó denuncia constitucional como coautores de rebelión y conspiración.