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Causa Vialidad: condenan a Cristina de Kirchner a 6 años de prisión
6 de diciembre de 2022
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada este martes a seis años de prisión por ser considerada coautora del delito de administración fraudulenta en el caso Vialidad. La sentencia, que incluye su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, no se ejecutará hasta que quede firme, lo que implicaría un fallo de la Corte Suprema que podría demorar años. La expresidenta fue absuelta por el delito de asociación ilícita. El ex ministro de Planificación Julio de Vido fue absuelto.
El veredicto del Tribunal Oral Federal número 2 fue histórico, ya que se trata de la primera condena contra una vicepresidenta en ejercicio del poder. Fue leído por el juez Jorge Gorini, quien junto a sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso acordó un único voto, sin divisiones, en cuanto a la condena por defraudación a la Administración pública pero fue dividido en el caso de asociación ilícita. El juez Basso había considerado probada la existencia de una organización delictiva. Sin embargo sus colegas Gorini y Giménez Uriburu sostuvieron en el fallo que no había pruebas suficientes.
La lectura del veredicto congregó desde temprano a manifestantes y seguidores de la vicepresidenta en la puerta del edificio de los tribunales de Retiro, que contó con un operativo de vallado y seguridad alrededor de Comodoro Py 2002.
Desde la sala de audiencias en la planta baja, los magistrados ordenaron decomisos por $84.835 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados y podrá ser ajustado con sentencia firme.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 9 de marzo, anunció el tribunal.
Los imputados escucharon el veredicto conectados de manera virtual a la audiencia. Además de Fernández de Kirchner, los jueces impusieron penas de prisión e inhabilitación para otros imputados por considerarlos co-autores del delito de administración fraudulenta. Todos los acusados de asociación ilícita fueron absueltos por este delito.
Lázaro Báez, empresario, ex dueño de Austral Construcciones, fue condenado a 6 años de prisión como partícipe necesario de la administración fraudulenta.
José Francisco López, ex secretario de Obras Públicas, también fue condenado a 6 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, al igual que Nelson Periotti, ex director de Vialidad Nacional.
Carlos Santiago Kirchner, ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, fue absuelto con considerar prescripto el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El juicio se extendió por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tenía trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones que los magistrados mantuvieron en estricto hermetismo durante los últimos días.
El fiscal Luciani había solicitado una pena de doce años de prisión para Fernández de Kirchner e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La fiscalía también había pedido penas de entre doce y dos años de prisión para el resto de los imputados.
“Fue la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”, dijo el fiscal durante su alegato en agosto último, cuando sostuvo que la expresidenta “defraudó las expectativas de los ciudadanos cuando la votaron”, que tuvo “poder de dirección respecto al resto de los imputados” y que la motivó buscar el “lucro individual”.
Luciani sostuvo que Fernández de Kirchner evidenció un “desprecio hacia la ciudadanía, en general, y de Santa Cruz, en particular, que vieron dilatada la ejecución de rutas que necesitaban durante años e incluso de obras que fueron abandonadas”.
Entre los agravantes que tuvo en cuenta para solicitar penas para Fernández de Kirchner y otros imputados, Luciani mencionó la “magnitud” de los hechos investigados; “su poder de dirección”, en el caso de la vicepresidenta; la “extensión del daño”; y el “lucro personal”.
El fiscal le había dicho a los jueces del tribunal que la “pretensión” de Fernández de Kirchner de ser “juzgada por la Historia” es “una falacia”. “A los funcionarios públicos los juzga el poder Judicial”, dijo el fiscal, en abierta referencia a la declaración indagatoria de la vicepresidenta ante el tribunal en 2019.
Luciani instó entonces a los jueces a que el juicio se convierta en “un antes y un después” en materia de corrupción en la Administración pública. “La sociedad está harta de la corrupción” y “reclama justicia”, aseguró al dirigirse al tribunal en agosto. “Es corrupción o justicia, y ustedes tienen la decisión”.
ABSOLVIERON A DE VIDO
Con relación a los acusados Julio Miguel De Vido, Abel Claudio Fatala y Héctor René Jesús Garro, con motivo de sus limitadas intervenciones en el entramado de los hechos probados, la inexistencia de un interés particular para procurar -para sí o para un tercero- un lucro indebido con fondos del erario público, y la insuficiencia de pruebas que los coloquen en una clara posición de garantes para evitar el resultado lesivo, llegamos a la conclusión de que nos encontramos ante un cuadro de duda sobre la tipicidad de sus conductas. En consecuencia, por imperio del principio in dubio pro reo la absolución resulta la única solución conforme a derecho.
En igual sentido, por razón de orden público y mandato constitucional, se declaró la extinción de la acción penal por prescripción para el caso de Carlos Santiago Kirchner, pues se constató que ha transcurrido el máximo de la pena señalada para el delito por el que fue acusado en el alegato de clausura (incumplimiento de los deberes de funcionario público) desde el último acto interruptivo de la prescripción. Y se lo absolvió en orden al delito de asociación ilícita por el que fuera requerida la elevación a juicio a su respecto, pues la imputación no fue mantenida por la representación del Ministerio Público Fiscal en la discusión final.
La prueba producida exhibe que algunos de los imputados (Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez), ex funcionarios de las agencias viales referidas, operaron de diversas maneras al margen del interés público en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras -cada cual según su rol y competencia- configurando, detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito.
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Tuberculosis: casos aumentan más del 70% desde 2020
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Los casos de tuberculosis crecieron 71,6% desde 2020 y alcanzaron, en lo que va de 2026, una cifra récord que genera gran preocupación, ya que prácticamente se duplicaron las infecciones. La enfermedad, causada por el bacilo de Koch, para la cual hay vacuna y tratamiento, genera, de acuerdo a datos oficiales, una muerte cada siete horas en el país.
El Ministerio de Salud de la Nación precisó que la tendencia en alza de los casos está determinada por factores sociales y sanitarios, por un lado, y por una una mayor capacidad de detección y diagnóstico. No obstante, también influyen la falta de información sobre la enfermedad y la discontinuidad de los tratamientos por parte de las personas infectadas, que, al no culminar la administración de antibióticos, no bajan la carga bacteriana y pueden seguir contagiando.
Para reforzar el diagnóstico de tuberculosis en todo el país el Ministerio distribuyó más de 40.500 cartuchos para pruebas moleculares y 2.870 dosis de Derivado Proteico Purificado (PPD), insumos que se utilizan para la detección de esta infección bacteriana. El objetivo es mejorar el diagnóstico temprano y el seguimiento de los tratamientos para reducir contagios y muertes.
Las provincias con más aumentos de casos son Buenos Aires (+186 casos) y Santa Fe (+115), aunque es necesario considerar la densidad demográfica de los distritos para no generar una tabla comparativa confusa.
La tuberculosis, según describe el Ministerio de Salud de la Nación, es una enfermedad prevenible, tratable y curable causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, también conocida como bacilo de Koch. De acuerdo a la localización de la enfermedad, se habla de tuberculosis pulmonar, cuando el órgano afectado es el pulmón. Esta es la forma más común en la que se presenta.
Vale subrayar que cualquier persona puede contraer tuberculosis, especialmente quienes conviven o pasan varias horas con alguien que tiene la enfermedad en sus pulmones y no se encuentra en tratamiento. El contacto con una persona enferma durante varias horas en ambientes cerrados y poco ventilados aumenta el riesgo de contagio.
La forma más común de contagio de la tuberculosis es a través del aire, cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, estornuda o habla, liberando bacterias al ambiente. Estas bacterias pueden ser inhaladas por otras personas y causar la infección. El contagio es más probable en espacios cerrados y/o con poca ventilación, donde las bacterias pueden permanecer en el aire durante más tiempo.
Los síntomas más habituales de la enfermedad son:
- Tos persistente – con o sin expectoración sanguinolenta – por más de 15 días.
- Fiebre y sudoración, en especial durante la noche.
- Eliminación de sangre en el catarro.
- Falta de apetito y cansancio.
- Pérdida de peso.
Es muy importante acudir a un hospital o centro de salud cercano si se presenta alguno de estos síntomas.
El tratamiento contra la tuberculosis es efectivo, con antibióticos, y lo más importante es sostenerlo por al menos 6 meses, aunque la duración puede variar de persona a persona.
Es fundamental completar el tratamiento y seguir las indicaciones de los médicos, aunque los síntomas de la enfermedad hayan desaparecido. Si el tratamiento no se completa o si la medicación se toma de manera interrumpida, las bacterias pueden volverse resistentes a los medicamentos y la enfermedad se hace más difícil de curar.
Todos los recién nacidos, de acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación, deben ser vacunados con la BCG para prevenir formas graves de tuberculosis, como por ejemplo la meningitis. Es una sola dosis, antes de egresar de la maternidad. Esta vacuna es la que comúnmente deja un nódulo o cicatriz en el brazo, en el sitio de aplicación.
La estrategia más eficaz para prevenir la tuberculosis es cortar la transmisión, lo que se consigue con el diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.
En tanto, en caso de tener tos por más de 15 días, con fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso, se debe consultar al médico y manifestar la sospecha por esta enfermedad.
Es importante que todos los que conviven, trabajan o comparten el mismo espacio con la persona que tiene tuberculosis realicen un estudio sobre su estado de salud. De esta manera se puede realizar el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. Se sugiere que la persona con tuberculosis use barbijo durante el período que dure la enfermedad.
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La estabilidad económica no alcanza para mejorar las condiciones de vida
La Fundación Mediterránea señala que si bien la macro comenzó a ordenarse, el empleo todavía no acompaña. El desempleo se mantuvo cerca del 8%, la subocupación aumentó y la presión laboral alcanza al 23,6% de quienes trabajan o buscan trabajo, más de 5,3 millones de personas, se explica.
La estabilización de la macroeconomía no garantiza por sí misma una mejora en las condiciones de vida de la población. Así lo señala un informe de la Fundación Mediterránea, que sostiene que el mercado de trabajo argentino presenta una estructura marcada por la disparidad que impide que el ordenamiento de las variables económicas generales impacte de forma automática en el bienestar social.
En esa línea, se asegura que durante el primer trimestre de 2026, los indicadores laborales muestran un escenario de estancamiento en la creación de puestos de trabajo de calidad, donde la estabilización de la inflación y las cuentas públicas no se ha traducido aún en un fortalecimiento de los ingresos o de la seguridad social para los trabajadores.
Los datos oficiales indican que la tasa de desempleo se situó en el 7,8%, lo que representa a 1,8 millones de personas sin ocupación, una cifra similar al 7,9% registrado en el mismo periodo del año anterior. No obstante, la subocupación subió del 10,0% al 11,1%, afectando a 2,5 millones de ciudadanos que trabajan menos horas de las que necesitan.
Al sumar a quienes tienen empleo pero buscan activamente otro, la presión laboral total alcanza al 23,6% de la población económicamente activa; es decir, a más de 5,3 millones de personas.
El informe sostiene que "la heterogeneidad que exhibe el mercado laboral argentino pone de manifiesto que la estabilización macroeconómica, aun siendo un paso indispensable, no garantiza por sí misma una mejora en las condiciones de vida". En ese sentido, resalta que la persistencia de los niveles de presión sobre el mercado de trabajo refleja una dificultad estructural que va más allá de los indicadores de crecimiento general.
El análisis de los datos del primer trimestre de 2026 revela que la tasa de informalidad llegó al 44,2% de los ocupados, lo que equivale a 9,2 millones de trabajadores sin aportes ni beneficios sociales. Esta situación se agrava con la pérdida de 100.000 puestos asalariados en el sector privado y 21.000 en el sector público, mientras que el número de monotributistas creció en 90.000 personas en un año.
“El desafío ya no pasa solamente por generar empleo, sino también por mejorar su calidad”, sostiene el trabajo realizado por Laura Caullo y Guadalupe Galíndez.
La presión laboral funciona como un indicador de la insuficiencia de los ingresos actuales. El reporte explica que, mientras una proporción considerable de la población necesite buscar más horas de trabajo o ingresos adicionales para cubrir sus necesidades, los beneficios del orden macroeconómico no llegarán al consumo familiar.
Por esta razón, consideran que la presión laboral es una variable central para evaluar la eficacia de la gestión económica de los gobiernos nacionales y provinciales. A nivel geográfico, la situación es dispar. En ocho provincias, la presión laboral supera el promedio del país.
En los partidos del Gran Buenos Aires, el problema se concentra en el desempleo y la alta competencia por puestos de trabajo debido a la densidad de población. En cambio, en provincias como Río Negro, Santiago del Estero, Formosa y Chubut, existe una menor presión laboral, pero esto convive con altas tasas de inactividad.
Esto significa que una parte importante de la población ni siquiera busca incorporarse al mercado de trabajo, lo que no indica salud laboral sino una falta de participación económica.
El informe concluye que la recuperación económica de Argentina depende de su capacidad para ofrecer oportunidades laborales reales y sostenibles.
Utilizando una analogía con el fútbol, el estudio señala que "los campeonatos no se ganan sólo con una defensa ordenada, también hacen falta jugadores capaces de convertir".
De esta manera, el mantenimiento del orden macroeconómico se asocia con la defensa, pero son "el empleo de calidad y los ingresos quienes terminan definiendo el resultado" del partido económico para la sociedad. (NA)
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Causa Odebrecht: Otra condena a De Vido a 3 años de prisión
El ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien cumple prisión domiciliaria por la causa de la tragedia de Once, volvió a ser condenado por la Justicia, ya que el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF) lo sentenció con tres años de prisión por la contratación de Odebrecht para los trabajos de ampliación de gasoductos.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los jueces del TOF 2 lo penaron con tres años en suspenso y le aplicaron la prohibición de manera perpetua para ocupar cargos públicos.
De Vido no fue el único condenado. También recibieron sanciones Daniel Cameron y Cristian Folgar, todo en el marco del juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Odebrecht para realizar los trabajos de ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
Los tres jueces que consideraron partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública a Julio De Vido son: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel.
Además, el exsecretario de Energía Daniel Cameron fue considerado autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles y recibió tres años de prisión de ejecución condicional, así como también quedó inhabilitado de por vida para ejercer la función pública.
En tanto, el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, recibió dos años y seis meses de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerado partícipe necesario penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles.
Asimismo, el tribunal del TOF 2 dejó absueltos al exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, y al ex subgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat, este último por no haber mediado acusación.
En este contexto, otro punto de la condena para De Vido, Cameron y Folgar fija que, durante el mismo tiempo de sus condenas, deberán cumplir las reglas que marcan establecer su lugar de residencia y ponerse al cuidado de un Patronato.
En este sentido, los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el cuatro de septiembre, a las 14 horas.
Tanto Daniel Cameron, Julio Bragulat y Luis Beuret decidieron no hablar, pero quienes sí hicieron uso de la palabra fueron Julio De Vido y Cristian Folgar.
En primer lugar, De Vido dijo: “Tuve un problema de salud, un problema cardíaco hace aproximadamente un mes, no me permitieron acceder al debate así que agradezco al tribunal todas las facilidades que me dio en ese sentido” y se mostró con “especial agradecimiento a mis abogados porque siempre se hicieron presentes y me mantuvieron informado del día a día del transcurso del juicio”.
Por su lado, Cristian Folgar, manifestó: “Quisiera dejar el reconocimiento asentado públicamente porque cuando las instituciones funcionan creo que está bien que así quede registrado” y, sobre el caso, marcó que los jueces “tienen el monopolio que les da la sociedad para, en este caso, definir si una persona está o no está en libertad, si es o no culpable de un delito penal. Y eso conlleva una enorme responsabilidad que es la de que el juicio sea justo. Y los juicios nosotros en Argentina los definimos como justos no en función del resultado sino del proceso”.
Folgar también sumó: “Estamos en el 2026 juzgando hechos del 2006, que se empezaron a analizar en el 2016-2017. El paso del tiempo nos aleja de la idea de que el juicio pueda ser justo porque a veces no se puede producir prueba” y, mencionó que “uno de los testigos que en su momento yo designé estaba perfecto de salud y falleció; y unas de las medidas de prueba que se solicitaron ya no estaban más porque por el paso del tiempo no los encontraban”.
A su vez, marcó que “muchos testigos no recordaban lo que habían hecho y un denominador común de este debate fue mostrarles a los testigos lo que los testigos habían firmado más de 20 años atrás. Y eso me parece que es un demérito a la calidad de la decisión que ustedes tienen que tomar”.
Además, sostuvo que “si durante mucho tiempo una persona está procesada y no puede ejercer determinadas funciones, eso termina siendo una suerte de castigo indirecto” y, en relación a su situación personal, añadió que “la defensa ha demostrado que mi mejor defensa es el expediente y son los hechos”; por eso, “creo que los hechos y las constancias de los expedientes se terminaron imponiendo”.
Y cerró diciendo que “Argentina está en emergencia energética por falta de capacidad de transporte. Lo cual obviamente nos dice que allá en el 2006 era absolutamente indispensable y el interés del Estado era hacer expansiones de transporte por las cuales no se tenía financiamiento. Y eso se hizo, y se hizo con un cuerpo normativo que fue avalado por los tres poderes”.
La causa comenzó después de que, en medio de la investigación por el pago de sobornos a diferentes funcionarios públicos y sobreprecios de la empresa Skanska para la construcción de gasoductos, llevada adelante por la Fiscalía Federal N°4, se señalaran maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos efectuados por la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS).
El presunto direccionamiento en la licitación de las obras de lo que fue la segunda ampliación de los gasoductos de la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS), entre los años 2006 y 2008, fue lo que se investigó.
En este caso, en el alegato, el fiscal Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz acusaron a los exfuncionarios de crear un nuevo marco normativo con la intención de que se realizara lo que llamaron “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.
En base a esta hipótesis, pidieron la pena de cuatro años de prisión por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas para Julio De Vido y Daniel Cameron. Además, solicitaron tres años y seis meses para Cristian Folgar y Luis Beuret y la absolución para Julio Armando Bragulat luego de considerar la no acreditación de su participación.
Las cuatro defensas argumentaron que las condiciones que se aplicaron para la selección de la contratista derivaron de la crisis de emergencia energética y, por ello, solicitaron la absolución.
