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‘Un balde no es un baño’
19 de noviembre de 2022
Con el lema «Un balde no es un baño», la organización Modulo Sanitario busca visibilizar que en la Argentina más de seis millones de personas no cuentan con un baño, y por eso en el marco del Día Mundial del Inodoro que se celebra hoy, convocan a sumarse con un enorme inodoro en las escalinatas de la facultad de Derecho de la UBA.
Mientras la mitad de la población mundial (3.600 millones de personas) no cuenta con servicios de saneamientos gestionados de forma segura, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Argentina esa problemática se replica en seis millones de personas, tal como lo indicó en un comunicado la organización social Módulo Sanitario.
«La falta de baño afecta principalmente en la salud, pero también en el desarrollo integral de las personas, como puede ser la asistencia al trabajo, integración en sociedad, nutrición, bienestar general, entre otros factores», apuntó a Télam Matías Nicolini, coordinador de Módulo Sanitario.
Al lado de las escalinatas de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , ubicada en la avenida Presidente Figueroa Alcorta 2263, en el barrio porteño de Recoleta, los integrantes de la organización instalaron un enorme inodoro desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, para visibilizar esta situación.
El objetivo también es invitar a los visitantes a que acompañen y se sumen a la causa, incluso a través de las redes sociales, con el lema #UnBaldeNoEsUnBaño.
«Para las mujeres y niñas esta situación es más grave ya que las expone a riesgos de acoso o hasta abuso cuando deben salir de sus hogares en búsqueda de un baño o utilizar letrinas de estructuras precarias por donde las pueden espiar», agregó Nicolini.
Tener acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura, en combinación con servicios de agua potable y buenas instalaciones donde mantener los hábitos de higiene, son base de la salud pública, establece un documento difundido por la Ong.
Con la intención de sacar el velo a los tabúes acerca de los inodoros y convertir el saneamiento en una prioridad de desarrollo mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de noviembre el Día Mundial del Retrete.
La resolución que declara el Día, titulado como «Saneamiento para todos», fue aprobada el 24 de julio de 2013 y pide a a los Estados Miembros «promover cambios de conducta y la implementación de políticas que aumenten el acceso al saneamiento entre los grupos más desfavorecidos, así como un llamamiento a finalizar la práctica de la defecación al aire libre, extremamente peligrosa para la salud pública», según informa el sitio de ONU.
Desde la organización Módulo, se informa también que la falta de saneamiento provoca, a su vez, la contaminación de suelos y fuentes de agua.
Según datos de la Organización mundial de la Salud (OMS), en 2019, cada día «más de 800 niños y niñas menores de cinco años, mueren en el mundo por diarreas relacionadas con el consumo de agua insalubre, un saneamiento inseguro y una higiene deficiente».
Y desde Módulo insisten en que «la desnutrición y enfermedades diarreicas se vinculan a la falta de higiene, producto de la inaccesibilidad a espacios donde realizar estos hábitos».
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
