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‘Los salarios le han ganado a la inflación’
4 de noviembre de 2022
Lo aseguró la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, a los periodistas,. quien subrayó al mismo tiempo que el ajuste llevado adelante por el Gobierno no es tal, sino que es un «orden iscal»
Cuando se le pregunto sobre las opiniones del FMI y la necesidad de aplicar un «mayor ajuste» por el problema de inflación que sufre la Argentina, y si tienen pensado renegociar las metas, la portavoz -un poco nerviosa- dijo que «hay conversaciones permanentes» al respecto.
«Lo que ustedes llaman ajuste, nosotros lo llamamos orden fiscal», replicó. Y siguió: «Y nos parece que es lo que hay que llevar adelante para cumplir con un ordenamiento general que tiene que ver con las metas que nosotros nos planteamos como gobierno para que el descenso de la inflación sea paulatino pero persistente».
Antes de esa pregunta, Cerruti había dicho que «la recaudación de impuestos ha subido 92,3%, que es por encima de la inflación».
UN TECHO A LOS PLANES
El presidente Alberto Fernández firmó un decreto para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino, por lo cual a partir de la entrada en vigor de esa medida no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial, informaron fuentes oficiales.
En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.
Por ese tema, el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada al jefe de Gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y a las ministras de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y firmó el decreto, que será publicado mañana en el Boletín Oficial.
El decreto instruye además a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa «Puente al Empleo».
Y otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta 300 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación que corresponda.
Asimismo, instruye a los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.
También convoca a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica a designar los representantes que integrarán el referido Consejo.
El Cepssc tiene como misión promover una «Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular», con los objetivos de fortalecimiento productivo, formalización de los trabajadores, y fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la Economía Popular.
Tras la reunión, Tolosa Paz dijo en rueda de prensa que el decreto «pone un techo a las personas del Potenciar Trabajo», que es de 1.350.000 beneficiarios, y señaló que «se hizo en acuerdo con los movimientos sociales».
La funcionaria indicó que el ministerio a su cargo va a redistribuir los montos de las bajas, unas 10 mil mensuales, «en la adquisición de máquinas y herramientas para la producción de bienes y servicios» para los receptores del plan, o también «con oferta educativa y formación laboral».
También reconoció que está la posibilidad de otorgar «un refuerzo» en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la Tarjeta Alimentar para fin de año, algo que «se estudia en forma conjunta en los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo y en la Anses».
En otro orden, Tolosa Paz dijo que se garantizará «la alimentación» de la población que está debajo de la línea de indigencia, «para dar respuesta» a un sector que «en el último semestre subió del 8,2% al 8,8%», además de la realización de «obras en los hogares indigentes».
En tanto, Olmos manifestó que para la creación de empleo se trabajará «en un mecanismo de diálogo con las cadenas productivas para identificar la demanda insatisfecha», con «instrumentos que tenemos, como la capacitación, el entrenamiento y el subsidio, ya sea a través de parte del salario como en la desgravación de las contribuciones laborales».
Y por otra parte, la ministra de Trabajo adelantó que el Consejo del Salario será convocado para la segunda quincena de este mes.
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
