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El Gobierno prepara un nuevo acuerdo de precios a partir de diciembre
1 de noviembre de 2022
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que planea avanzar en un programa de estabilización de precios durante el verano, que se extenderá entre los meses de diciembre y marzo.
El objetivo de este programa es «que permita que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y seguridad», en cuanto a los precios de productos de higiene personal, alimentos y de consumo masivo, señaló Massa en declaraciones a El Destape Radio.
De esta forma, agregó Massa, el Gobierno podrá hacer más efectiva la aplicación de multas a las empresas en infracción.
«El tema precios será uno de los ejes centrales que formará parte de un nuevo programa de 90 días, en línea con el plan anunciado por el ministro Massa al principio de su gestión, que tuvo por objetivo estabilizar la economía y acumular reservas», señalaron fuentes del Palacio de Hacienda.
En este sentido, se aclaró que la gestión del ministro «habla más por los hechos concretos que por las declaraciones a la prensa».
«Y los hechos concretos están a la vista: la acumulación de reservas, el financiamiento para pymes y el acuerdo con el Club de París son algunos de los objetivos planteados y cumplidos», añadieron las fuentes.
En ese contexto, con las variables macroeconómicas en vías de estabilizarse, llega «el turno de los precios, porque la inflación nos preocupa y nos ocupa», admiten.
De hecho, ya se están dando los primeros pasos para «flexibilizar determinadas importaciones que, por ejemplo, eviten estampidas en los precios de la industria textil».
El ministro Massa ya había dado señales en este sentido cuando anunció «acuerdos con siete empresas de «higiene personal y artículos de limpieza» para que coloquen «los precios en los envases».
«Pretendemos darle certidumbre a la gente alcanzando el acuerdo más amplio posible, con la mayor cantidad de productos de consumo masivo, sabiendo que hay cadenas de supermercados que a esos productos no le dan prioridad en la góndola, aunque cuatro de las siete cadenas más importantes han manifestado que se lo darán», explicó Massa una semana atrás.
Al respecto, se mostró a favor de armar junto a las empresas «un programa que les permita trabajar en la previsión de importaciones, usando canal verde aduanero, la programación del Sistema de Importaciones (SIRA) y con fecha cierta de pago con el Banco Central».
AHORA 30
Un primer paso para fomentar el consumo y anclar los precios con cuotas fijas fue el lanzamiento del Programa Ahora 30, una propuesta para adquirir televisores con tecnología 4k de tamaño igual o superior a las 50», aires acondicionados con tecnología de bajo consumo, lavarropas, heladeras y teléfonos celulares con 4G de fabricación nacional de hasta $200.000.
Este programa se encuentra disponible todos los días de la semana en locales de electrodomésticos y grandes supermercados de todo el país hasta el 22 de diciembre o hasta que el volumen de operaciones alcance la suma de $100.000 millones, cualquiera sea la primera condición que se cumpla primero, aunque puede prorrogarse hasta el 19 de enero de 2023.
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
