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El fin de la media res genera reclamos en frigoríficos y matarifes
29 de octubre de 2022
Los frigoríficos de carnes reclaman una prórroga a la polémica medida que el Gobierno pretende implementar a partir del lunes para la carga y descarga de medias reses en el país, con el troceo en piezas de hasta 32 kilos de carne cada una. La implementación de la misma divide las aguas en el sector privado y algunos eslabones de la cadena señalaron el “doble estándar” que tendrá. “La medida tendrá como destino final el fracaso”, advirtieron los matarifes.
En la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) observan que algunos frigoríficos no cuentan con la capacidad para realizar las modificaciones que ahora pasarán a exigirse. “Cuando empiece a aplicarse habrá un incremento en los costos, tanto por logística como el transporte y los insumos”, adelantaron.
“Esta medida no será viable por cuanto introduce una profundización en el doble estándar sanitario al fijar plazos diferentes de adecuación a las plantas de tráfico federal, en relación con las provinciales y municipales. Eso requiere inversiones tanto en las plantas industriales como en la logística de distribución, y esto representa un claro impacto en los costos”, precisó Leonardo Rafael, presidente de CAMyA. Y alertó: “Si los plazos de amortización son desiguales pondrán en distintas condiciones de competencia a los actores del mercado”.
El temor de los matarifes y abastecedores radica en la posibilidad de que la medida oficial “nivele para abajo” en la actividad.“Algunos actores inescrupulosos del sector, seguramente minoritarios pero con fuerza suficiente para alterar el normal funcionamiento del mercado, buscarán sacar ventaja mediante la desinversión y la especulación sobre nuevos plazos y prórrogas”, graficó el titular de la Cámara. “Ante este escenario, la medida tendrá como destino final el fracaso”, opinó.
En CAMyA advirtieron que el grado de informalidad en carnicerías del Conurbano bonaerense asciende al 80%. “Hay muchas que ni siquiera tienen regularización impositiva, mucho menos se les podrá pedir un estándar sanitario, porque no tienen habilitación”, graficaron desde la entidad. Y apuntan a una posibilidad latente: que con el mayor grado de troceo se eleven los focos infecciosos.
“Al cortar la carne tenés más focos, y si hoy el Estado no puede controlar a la gran cantidad de carnicerías sin registrar que hay, ¿cómo podrá garantizar la sanidad en el troceo ante la gran marginalidad que hay en el sector? Es paradójico”, señaló Rafael en diálogo con A24.com Agro.
El temor radica en que dada la gran informalidad casi general que observan, dicha carne trozada en partes de hasta 32 kilos no tenga la debida información de destino que garantice el menor tiempo posible de traslado, lo que aumentaría el riesgo sanitario.
“Es peor la solución que el problema, porque hay muchísimas carnicerías sin habilitaciones. Primero hay que fijarse dónde está el comercio, blanquearlo y sobre eso ya se sabe entonces qué tipo de carne se le envía. Pero a esas carnicerías hoy no las pueden controlar. Es una locura”, advirtió Rafael.
Desde donde también salieron a expresarse por la implementación del troceo fue desde la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de la República Argentina (FIFRA). Se trata de un espacio de empresas que comprende a zonas de gran volumen de consumo en Córdoba, Santa Fe, el Litoral y algunas ciudades del Noroeste.
“La implementación se debe hacer de manera uniforme en todo el país porque no hay argumentos para hacerlo de manera diferente. Si lo que se intenta proteger es la salud del trabajador no hay diferencias entre unos y otros”, expresaron desde la entidad presidida por Daniel Urcía.
Además, los empresarios cárnicos apuntaron a que para poder poner en funcionamiento el troceo “es imperioso el compromiso de las autoridades locales”. Y citaron ejemplos: “durante el año 2021 en la provincia del Chaco 45 mataderos faenaron al menos un animal lo que representó el 1,5% de la faena total del país. En tanto, en la provincia de Buenos Aires operaron 98 establecimientos que representaron el 50,9% de la faena total y más de la mitad dependen de la auditoría provincial”.
“En conclusión, se debe hacer obligatorio a nivel país o en su defecto implementar los medios mecánicos necesarios que aseguren la salud de los trabajadores”, estipularon.
Fuentes A24/ Telam/ CAMyA
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
