País
Por la educación inclusiva
16 de septiembre de 2022
Del 8 al 10 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires se desarrolló el Congreso Regional por la Educación Inclusiva. Bajo la premisa «Transformar políticas y prácticas para garantizar derechos”, dijeron presente más de 30 especialistas internacionales provenientes de Colombia, España, Chile, Italia, Canadá, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Portugal, Perú, Honduras, Paraguay y Uruguay.
Con inscripciones que superaron las 6000 personas, el Congreso se centró en dos grandes ejes: la educación inclusiva como derecho humano y la educación inclusiva como perspectiva pedagógica, ambos basados en la convicción de que todas las personas, sin excepción, pueden y deben educarse juntas, en espacios que eliminen barreras y provean a cada una los apoyos que necesita para aprender, participar y progresar en igualdad de condiciones.
Para lograr este objetivo, durante el Congreso se buscó desarticular mitos, compartir estrategias, visibilizar experiencias de aprendizaje equitativas y significativas, y aportar herramientas a los procesos de transformación necesarios para que los sistemas educativos de la región sean cada vez más inclusivos.
En ese marco, las organizaciones que integramos la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI) elaboramos una declaración final conjunta, en la que se recuperan los consensos alcanzados durante el Congreso. El documento se basa en la convicción de que la educación inclusiva, entendida como una educación para todos y todas sin excepción, donde las y los estudiantes valen por igual, es un proyecto político de transformación cultural y social que exige acciones urgentes.
El pronunciamiento incluye un conjunto de afirmaciones sobre el derecho a la educación inclusiva, exhortaciones a diversas y diversos actores para garantizarlo, y una serie de compromisos que asume la propia RREI. Al finalizar, el documento señala: «Las personas con discapacidad no pueden esperar más. Exigimos EducaciónI ya”, concluyeron.
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El Senado aprobó el pliego de la jueza Michelli
El Senado de la Nación aprobó este jueves el pliego de Verónica Michelli, la candidata a jueza cuyo nombramiento había generado tensiones dentro del Gobierno nacional debido a la oposición manifestada por el presidente Javier Milei. La funcionaria judicial logró finalmente el respaldo de la Cámara alta en una sesión marcada por negociaciones de último momento y fuertes cruces políticos.
La aprobación se produjo luego de que el Senado acordara tratar un total de 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli, que inicialmente no figuraba dentro del listado impulsado por sectores del oficialismo. La candidata obtuvo el aval necesario pese a las objeciones que existían desde la Casa Rosada y a la abstención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la votación.
La postulación de Michelli había quedado en el centro de la escena por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, una situación que generó resistencia dentro del entorno presidencial.
Durante las negociaciones previas a la sesión, el nombre de la candidata había quedado inicialmente fuera del grupo de pliegos que serían tratados. Sin embargo, tras varias conversaciones entre bloques, su candidatura fue reincorporada y finalmente sometida a votación junto con el resto de las designaciones judiciales.
La decisión dejó en evidencia las diferencias existentes dentro del oficialismo respecto de la estrategia parlamentaria y de los acuerdos alcanzados para avanzar con los nombramientos.
La jornada también estuvo marcada por un nuevo enfrentamiento entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra Patricia Bullrich.
Antes del inicio de la sesión, Villarruel cuestionó públicamente la decisión de incorporar una cantidad mayor de pliegos a los que, según sostuvo, se habían consensuado previamente. “Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol”, lanzó la titular del Senado en referencia a Bullrich.
Finalmente, tras un extenso cuarto intermedio, la Cámara alta avanzó con el tratamiento de los 74 candidatos y aprobó la mayoría de las postulaciones. Entre ellas sobresalió la de Michelli, cuyo caso se transformó en uno de los principales focos de atención política de la jornada. (Mitre)
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Piden parar embargos a pymes ante cambios en la Ley de Inocencia Fiscal
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Ministerio de Economía que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no aplique multas a las pequeñas y medianas empresas durante el período de espera de la nueva normativa.
El pedido formal incluye también la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos aplicables al sector, según revela la agencia Noticias Argentinas.
La propuesta establece que, si un contribuyente regulariza su deuda dentro de los 15 días posteriores al plazo de espera, la multa se reduzca en un 50%.
Según el planteo, la sanción total solo debería aplicarse una vez vencido este último plazo sin que se hubiera cumplido con la obligación.
La solicitud surge tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el envío de un proyecto para modificar la actual Ley de Inocencia Fiscal.
La entidad busca generar condiciones que permitan preservar el entramado productivo ante la caída del consumo.
El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, explicó que se requiere "la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados".
El directivo añadió que la tasa de financiación debería ser "equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación" y abarcar deudas vencidas al 31 de mayo del corriente año.
La entidad gremial empresaria considera necesario atender este pedido para "fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible".
Esta postura se hace pública en un contexto donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha propuesto una reforma tributaria para el país.
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Suizos se quedan con los activos de Shell en Argentina
Una empresa suiza adquirió los activos de la Raizen Argentina, dueña de 894 estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud por U$S1.420 millones.
Se trata de Mercuria Energy Group que en la Argentina es socia del empresario José Luis Manzano. La firma adquiriente aseguró que mantendrá la continuidad de los empleados y los proveedores con los que hasta la fecha operaba Raizen.
"Esta adquisición refleja el compromiso de largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la presencia ya establecida de la compañía en América Latina", señaló la firma en un comunicado que procesó Agencia Noticias Argentinas.
La venta incluye la opción de seguir utilizando la marca y la imagen de Shell con lo cual para los consumidores no habrá ningún cambio.
La empresa dijo: "Considera que Argentina representa un mercado energético importante, con sólidos fundamentos de largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión".
“Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión de largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio”, dijo Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria. NA
