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Reclamo inclusivo
5 de septiembre de 2022
Los profesionales de salud que brindan prestaciones para personas con discapacidad: Acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, maestros de apoyo, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, transportistas y familiares de personas con discapacidad frente a la falta de pagos en el mes de Agosto, se autoconvocaron con el objetivo de abordar en conjunto la problemática vigente ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
«Por motivos que desconocemos y nos son ajenos, durante el mes de agosto las obras sociales no realizaron los pagos correspondientes a las prestaciones realizadas en el mes de mayo/junio (esto en aquellos casos más regulares). Las explicaciones que recibimos no hacen más que generar incertidumbre, respecto a qué es lo que hicieron con el dinero que corresponde a la cobertura de las prestaciones que realizamos en tiempo y forma» , señalan en un comunicado los Prestadores Unidos MDP, en el marco de una marcha por las calles de la ciudad
Y agregan: «Las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad, AFIP, el Ministerio de Salud/ Economía de la Nación y las obras sociales no hacen más que desligarse de responsabilidad, culpabilizándose entre sí por lo que nos está sucediendo. Mientras tanto, no solo no cobramos por nuestro trabajo, sino que somos víctimas de hostigamiento sufriendo faltas de respeto por parte de los funcionarios de dichos organismos, quienes además de lo redactado nos llaman mentirosos».
En medio de la protesta, los prestadores subrayan: «Pero reclamar el pago que debimos haber percibido en el mes de agosto no es lo único que nos reúne hoy a prestadores, padres, familiares y personas con discapacidad. Esto es solo la punta del iceberg. Nos reúne el decir BASTA. Basta del maltrato burocrático del que somos víctimas; basta a este sistema perverso que tiene a prestadores, familias y personas con discapacidad a su merced, esperando semanas, meses y años por una respuesta que a veces no llega, y otras veces llega y no es satisfactoria; basta de tener que presentar recursos de amparo para tener que obligar a la obra social a que reconozca los derechos que una persona con discapacidad adquirió por ley y por los cuales no debería rogar a través de una medida judicial ; basta de no tener voz ni voto en la toma de decisiones que determinan nuestra actividad laboral; basta de tomar decisiones sin que este colectivo sea parte».
M´´as adeñante los prestadores denuncian que «trabajamos en condiciones precarizadas, con demoras de 90 días o más en la recepción del pago, por los servicios brindados a nuestros pacientes. Y si, tiene razón el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, esto es histórico, pero histórico no significa que sea correcto, o que no se pueda mejorar. ¿O por el hecho de ser histórica la mora de los pagos, le parece correcto que algunas obras sociales deban honorarios de prestaciones del año 2020? ¿O quizás le parezca correcto que, por ser histórico, las familias y personas con discapacidad deban pasar por el maltrato burocrático año tras año, cuando tienen que renovar una prestación? Recabar cientos de papeles, ir varias veces a la obra social, que se pierdan papeles, entre tantas otras cosas que podríamos mencionar. Nosotros, los prestadores, familias y personas con discapacidad que lidiamos con esto en el día a día, le decimos que por más histórico que sea, no nos parece correcto. Y estamos aquí visibilizándolo para que toda la sociedad lo sepa».
Tambien agregan «Las condiciones precarizadas históricas, la falta de pagos y la falta de comunicación de los organismos oficiales ponen en riesgo los derechos de las personas con discapacidad, atentando con sus tratamientos, su calidad de vida y bienestar emocional.»
«Nos tratan – prosiguen- de prescindibles, ofreciéndole a las familias cuando reclaman por nuestros honorarios, otros profesionales que se puedan hacer cargo de la prestación, sin importarles el vínculo establecido, la formación específica que tenemos como profesionales y el amor y pasión que le ponemos diariamente a nuestra profesión»
Y agregan «Nuestra lucha no se compara en absoluto con la lucha diaria que vienen llevando hace años las familias y personas con discapacidad. Nosotros los prestadores los acompañamos, los validamos y apoyamos en esta causa contra el recorte en prestaciones de discapacidad. Los prestadores somos solo un eslabón, de lo que ellos hacen para mejorar la calidad de vida de su familia, el cual debería estar ocupado en mejorar la calidad de tratamiento y no en bregar por percibir sus honorarios. ¿Conocen acaso algún trabajador que espere 60, 90 0 120 días para cobrar su sueldo?»
A todo lo expuesto, los prestadores de salud de la ciudad de Mar del Plata, familiares y personas con discapacidad dicen «NO AL RECORTE, BASTA DE VIOLENCIA BUROCRATICA y exigen:
Restitución inmediata de la cadena de pagos a los prestadores.
Participación activa de las paritarias que definen nuestros aranceles profesionales.
Incluir en el nomenclador de servicios de salud para personas con discapacidad a: técnicos superior en acompañamiento terapéutico (bajo resolución 1221/15), acompañantes terapéuticos (bajo resolución 1014/14), acompañantes terapéuticos empíricos, cuidadores, equinoterapia e hidroterapia.
Poder tener una voz activa en la toma de decisiones, que nos incluya tanto a prestadores, como a las familias y personas con discapacidad.
Habilitar un espacio de reclamo directo para prestadores, en el que se nos reciba, se nos escuche y se nos brinde solución.
Unificar y reducir las exigencias burocráticas a las que nos vemos expuestos prestadores, familias y personas con discapacidad para cualquier tipo de trámite o prestación.
Pago a mes vencido, directo al prestador, de Enero a Diciembre.
Nomenclador regulativo. NO orientativo.
Cumplimiento de la resolución 1511/12 – que los centros, obras sociales y prepagas paguen las prestaciones educativas y terapéuticas del mes de febrero, julio y diciembre en forma completa Mayor transparencia en el manejo de los fondos destinados a discapacidad.
Mayor compromiso por parte de la SSS, para realizar auditorías a obras sociales e intervención inmediata frente a reclamos por parte de prestadores, familia o persona con discapacidad.
Recibir debidamente información vía mail de los pagos realizados (obra social, numero de factura y periodo abonado).
Por último, rechazamos enfáticamente el proyecto de DNU circulante, ya que atenta sobre los derechos adquiridos por las personas con discapacidad a través de las leyes N° 24.901 y N° 26.378
Solicitamos respuesta y solución inmediata, basta de jugar con los derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad. Ya no somos invisibles.
Sin prestadores, no hay prestaciones, sin prestaciones no hay derechos. Acciones futuras: Asambleas activas, Movilizaciones, Retención de tarea y Reclamos activos en los organismos implicados.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
