País
Reclamo inclusivo
5 de septiembre de 2022
Los profesionales de salud que brindan prestaciones para personas con discapacidad: Acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, maestros de apoyo, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, transportistas y familiares de personas con discapacidad frente a la falta de pagos en el mes de Agosto, se autoconvocaron con el objetivo de abordar en conjunto la problemática vigente ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
«Por motivos que desconocemos y nos son ajenos, durante el mes de agosto las obras sociales no realizaron los pagos correspondientes a las prestaciones realizadas en el mes de mayo/junio (esto en aquellos casos más regulares). Las explicaciones que recibimos no hacen más que generar incertidumbre, respecto a qué es lo que hicieron con el dinero que corresponde a la cobertura de las prestaciones que realizamos en tiempo y forma» , señalan en un comunicado los Prestadores Unidos MDP, en el marco de una marcha por las calles de la ciudad
Y agregan: «Las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad, AFIP, el Ministerio de Salud/ Economía de la Nación y las obras sociales no hacen más que desligarse de responsabilidad, culpabilizándose entre sí por lo que nos está sucediendo. Mientras tanto, no solo no cobramos por nuestro trabajo, sino que somos víctimas de hostigamiento sufriendo faltas de respeto por parte de los funcionarios de dichos organismos, quienes además de lo redactado nos llaman mentirosos».
En medio de la protesta, los prestadores subrayan: «Pero reclamar el pago que debimos haber percibido en el mes de agosto no es lo único que nos reúne hoy a prestadores, padres, familiares y personas con discapacidad. Esto es solo la punta del iceberg. Nos reúne el decir BASTA. Basta del maltrato burocrático del que somos víctimas; basta a este sistema perverso que tiene a prestadores, familias y personas con discapacidad a su merced, esperando semanas, meses y años por una respuesta que a veces no llega, y otras veces llega y no es satisfactoria; basta de tener que presentar recursos de amparo para tener que obligar a la obra social a que reconozca los derechos que una persona con discapacidad adquirió por ley y por los cuales no debería rogar a través de una medida judicial ; basta de no tener voz ni voto en la toma de decisiones que determinan nuestra actividad laboral; basta de tomar decisiones sin que este colectivo sea parte».
M´´as adeñante los prestadores denuncian que «trabajamos en condiciones precarizadas, con demoras de 90 días o más en la recepción del pago, por los servicios brindados a nuestros pacientes. Y si, tiene razón el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, esto es histórico, pero histórico no significa que sea correcto, o que no se pueda mejorar. ¿O por el hecho de ser histórica la mora de los pagos, le parece correcto que algunas obras sociales deban honorarios de prestaciones del año 2020? ¿O quizás le parezca correcto que, por ser histórico, las familias y personas con discapacidad deban pasar por el maltrato burocrático año tras año, cuando tienen que renovar una prestación? Recabar cientos de papeles, ir varias veces a la obra social, que se pierdan papeles, entre tantas otras cosas que podríamos mencionar. Nosotros, los prestadores, familias y personas con discapacidad que lidiamos con esto en el día a día, le decimos que por más histórico que sea, no nos parece correcto. Y estamos aquí visibilizándolo para que toda la sociedad lo sepa».
Tambien agregan «Las condiciones precarizadas históricas, la falta de pagos y la falta de comunicación de los organismos oficiales ponen en riesgo los derechos de las personas con discapacidad, atentando con sus tratamientos, su calidad de vida y bienestar emocional.»
«Nos tratan – prosiguen- de prescindibles, ofreciéndole a las familias cuando reclaman por nuestros honorarios, otros profesionales que se puedan hacer cargo de la prestación, sin importarles el vínculo establecido, la formación específica que tenemos como profesionales y el amor y pasión que le ponemos diariamente a nuestra profesión»
Y agregan «Nuestra lucha no se compara en absoluto con la lucha diaria que vienen llevando hace años las familias y personas con discapacidad. Nosotros los prestadores los acompañamos, los validamos y apoyamos en esta causa contra el recorte en prestaciones de discapacidad. Los prestadores somos solo un eslabón, de lo que ellos hacen para mejorar la calidad de vida de su familia, el cual debería estar ocupado en mejorar la calidad de tratamiento y no en bregar por percibir sus honorarios. ¿Conocen acaso algún trabajador que espere 60, 90 0 120 días para cobrar su sueldo?»
A todo lo expuesto, los prestadores de salud de la ciudad de Mar del Plata, familiares y personas con discapacidad dicen «NO AL RECORTE, BASTA DE VIOLENCIA BUROCRATICA y exigen:
Restitución inmediata de la cadena de pagos a los prestadores.
Participación activa de las paritarias que definen nuestros aranceles profesionales.
Incluir en el nomenclador de servicios de salud para personas con discapacidad a: técnicos superior en acompañamiento terapéutico (bajo resolución 1221/15), acompañantes terapéuticos (bajo resolución 1014/14), acompañantes terapéuticos empíricos, cuidadores, equinoterapia e hidroterapia.
Poder tener una voz activa en la toma de decisiones, que nos incluya tanto a prestadores, como a las familias y personas con discapacidad.
Habilitar un espacio de reclamo directo para prestadores, en el que se nos reciba, se nos escuche y se nos brinde solución.
Unificar y reducir las exigencias burocráticas a las que nos vemos expuestos prestadores, familias y personas con discapacidad para cualquier tipo de trámite o prestación.
Pago a mes vencido, directo al prestador, de Enero a Diciembre.
Nomenclador regulativo. NO orientativo.
Cumplimiento de la resolución 1511/12 – que los centros, obras sociales y prepagas paguen las prestaciones educativas y terapéuticas del mes de febrero, julio y diciembre en forma completa Mayor transparencia en el manejo de los fondos destinados a discapacidad.
Mayor compromiso por parte de la SSS, para realizar auditorías a obras sociales e intervención inmediata frente a reclamos por parte de prestadores, familia o persona con discapacidad.
Recibir debidamente información vía mail de los pagos realizados (obra social, numero de factura y periodo abonado).
Por último, rechazamos enfáticamente el proyecto de DNU circulante, ya que atenta sobre los derechos adquiridos por las personas con discapacidad a través de las leyes N° 24.901 y N° 26.378
Solicitamos respuesta y solución inmediata, basta de jugar con los derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad. Ya no somos invisibles.
Sin prestadores, no hay prestaciones, sin prestaciones no hay derechos. Acciones futuras: Asambleas activas, Movilizaciones, Retención de tarea y Reclamos activos en los organismos implicados.
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Embargarán cuentas bancarias a deudores morosos
La Justicia podrá embargar las cuentas bancarias de las personas que no hayan pagado sus deudas con el banco o las tarjetas de crédito, así como también los préstamos solicitados en billeteras virtuales.
De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87, un juez tiene la potestad de ordenar un embargo de parte del salario, si el cliente no cumple con las obligaciones financieras.
Sin embargo, ni las entidades financieras ni las fintech pueden retener el dinero por su cuenta, dado que se tienen que cumplir una serie de condiciones que habilitan la deducción.
De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87, se pueden embargar cuentas bancarias si existe previamente un proceso judicial y una orden emitida por el juez.
No obstante, el decreto establece que las remuneraciones son inembargables hasta el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y fija porcentajes para el excedente que supera ese límite.
Desde septiembre, embargarán parte del sueldo de las personas que no hayan pagado sus préstamos o deudas con el banco y billeteras virtuales
Desde septiembre, embargarán parte del sueldo de las personas que no hayan pagado sus préstamos o deudas con el banco y billeteras virtuales
Según la Ley 27.230, los embargos que afecten el salario deben llevarse adelante ante el empleador.
Sera él quien deba informarle al trabajador dentro de las 48 horas de emitida la resolución y no por medio de alguna llamada de un acreedor.
¿Cuánto pueden retenerse del sueldo en un embargo?
La Ley establece que las remuneraciones son inembargables hasta el equivalente al SMVM. Sobre el resto del monto, se le aplicará los siguientes porcentajes:
Cuando el sueldo supera el salario mínimo, pero no llega a dos, se puede embargar hasta el 10% del excedente.
Cuando supera los dos SMVM, se puede embargar hasta el 20%.
En agosto 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil corresponde a un monto de $ 376.600. Este monto será fundamental para determinar las partes del sueldo que quedarán protegidas frente a un embargo por una deuda común.
¿Qué hacer si me embargan la cuenta sueldo?
La persona debe revisar el recibo de sueldo y verificar qué juzgado, expediente y acreedor figuran en la documentación correspondiente para corroborar que sea justa la retención.
Si se desconoce la deuda o se considera que ya prescribió, puede recibir asesoramiento judicial para su tratamiento. El Cronista
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Malvinas: causa nacional
El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, encabezaron una visita de trabajo a la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, para recorrer el predio donde se levantará la nueva Base Naval Integrada, infraestructura clave para el posicionamiento del país en el extremo austral, en medio de las tensiones con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.
Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios nacionales evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que requerirá el desarrollo de la obra.
En el marco de la agenda en la provincia atlántica, Quirno y Presti mantuvieron una reunión institucional con el gobernador fueguino peronista, Gustavo Melella, y la vicegobernadora, Mónica Urquiza.
El evento tuvo lugar en la sede de la Gobernación y durante la reunión, tal como informaron fuentes oficiales, “abordaron el proyecto de la Base Naval Integrada y el gobernador manifestó su predisposición para colaborar con la iniciativa”.
"Más allá de las diferencias que podamos tener en otros temas, en esto coincidimos: Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía", escribió el gobernador Melella en su cuenta de X.
Y agregó: "La Base Naval Integrada es una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años, junto al desarrollo del Polo Logístico Antártico".
Otro dato: el oficialismo destacó el acompañamiento de la vicemandataria provincial en la sesión de junio del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el país cosechó un respaldo internacional al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
Posteriormente, los funcionarios se trasladaron al predio de la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición a cargo de la Armada Argentina en la que se presentó el proyecto y se detallaron sus principales características.
Quirno aprovechó la ocasión para subrayar que la iniciativa responde a la indicación del presidente Javier Milei de articular de manera coordinada entre las distintas carteras del Estado la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección hacia el territorio antártico y la revalorización de los activos estratégicos de la Nación.
La Base Naval Integrada está proyectada como un polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur y como apoyo a la proyección argentina hacia la Antártida, iniciativa que contempla además funciones vinculadas al desarrollo de actividades científicas en la región, destacó Presidencia en un comunicado.
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Las importaciones ya abastecen el 70% del mercado textil
El mercado textil argentino se abastece en un 70% de importaciones y el sector denuncia “competencia fraudulenta”, exigiendo condiciones de comercio justas, en medio de la caída en la actividad y el bajo uso de la capacidad instalada.
Los cambios en la política comercial que impulsó la administración de Javier Milei favoreciendo el mayor ingreso de productos del exterior no están siendo compensados por mejoras en las condiciones económicas de la industria local.
Al respecto, la Fundación Pro Tejer manifestó que “el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina”.
En este marco, recordó que “históricamente el mercado interno se abastecía en partes iguales por producción nacional e importaciones”, pero advirtió que “en la actualidad, las importaciones ya explican cerca del 70% del mercado”.
En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 177.356 toneladas y US$911 millones, cayendo 20% interanual en cantidades y 5% en valores, pero “esta caída no es pareja”.
La contracción concentra en los primeros eslabones de la cadena: materias primas (-33%), hilados (-43%), tejidos planos (-52%) y tejidos de punto (- 34%), lo que es “reflejo de la menor actividad y el exceso de oferta en el mercado local”, según Pro Tejer.
En sentido contrario, las importaciones de productos finales continúan en niveles récord histórico: indumentaria creció 62% en toneladas y 36% en dólares, mientras que confecciones para el hogar (sábanas, toallas, etc.) aumentó 26% en toneladas y 7% en dólares.
Ante este contexto, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) advirtió sobre la "competencia fraudulenta" señalando que las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones.
En contraste, remarcaron que “la producción nacional sigue enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo, al tiempo que compite con plataformas como Shein y Temu, que comercializan productos sin pagar aranceles”.
Respecto al comercio exterior, FITA subrayó que el sector textil argentino siempre ha competido, destacando la firma reciente de una declaración conjunta con entidades del Mercosur y Europa para el acuerdo birregional, así como gestiones para avanzar en la apertura comercial con Estados Unidos.
Sin embargo, aclararon que la problemática actual no radica en la apertura, sino en la subfacturación de importaciones, donde más del 70% de los productos ingresa a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal.
Ante esta situación, desde FITA reclamaron el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa para recuperar el desarrollo industrial
Las distorsiones generadas impactan de lleno en el sector formal, registrándose una caída de la producción textil en el primer semestre del 24,4% respecto a 2025 y 34% respecto a 2023, sumando a que el uso de la capacidad instalada fue de 39%. Esto implica que 6 de cada 10 máquinas están paradas en las fábricas textiles.
