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Malestar de jueces bonaerenses por jury a magistrados locales
28 de noviembre de 2021
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, que se constituyó en Mar del Plata el 17 y 18 de marzo de 2000, es una entidad que agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal.
La red expresó en estas horas su malestar frente a la resolución adoptada con fecha 23 de noviembre de 2021 por el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el proceso seguido a dos de los integrantes del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, a raíz de la denuncia presentada entre otros por Victoria Donda.
Hay que recordar que el jurado de enjuiciamiento resolvió, por mayoría, rechazar la recusación planteada por la defensa a la presidenta de ese tribunal y declarar la verosimilitud de los cargos imputados y suspender en sus funciones a los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas.
Desde sus inicios, La Red viene advirtiendo acerca de los riesgos de la desnaturalización del tribunal de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, habida cuenta que no fue concebido constitucionalmente, ni está regulado legalmente, como una vía procesal alternativa para impugnar el contenido de las sentencias que se dictan en diferentes etapas de conocimiento del proceso penal bonaerense.
«Es por ello que, desde hace veinte años, venimos abogando por el cabal cumplimiento de la función constitucional y legal asignada al jury, a la vez que alertamos que su desnaturalización contraviene la independencia del Poder Judicial y, en definitiva, socava las bases del estado constitucional de derecho» dice el comunicado emitido por La Red.
En el caso particular que motiva el malestar de los jueces, la sentencia originaria del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata (causa n° 4974), del 26 de noviembre de 2018, condenó a Matías Gabriel Farías y a Juan Pablo Offidani a las penas de ocho años de prisión y multa de ciento treinta y cinco mil pesos, para cada uno de ellos, por resultar responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo , a la vez que se los absolvió por el abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio; además, absolvió a Alejandro Alberto Maciel en orden al delito de encubrimiento agravado.
En lo que resulta de especial interés, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense con fecha 12 de agosto de 2020, dispuso “hacer lugar al recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal y por los Particulares Damnificados y, en consecuencia, anular el veredicto respecto del hecho numerado del abuso sexual agravado por la muerte de Lucía Pérez donde resultaron absueltos Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani. En definitiva, reenvió el proceso al tribunal originario, quien deberá “proceder a la realización de un nuevo juicio con la premura que el caso amerita, y al dictado de un nuevo pronunciamiento”.
La defensa presentó el recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia (causa P. 134.373-Q), por lo que el máximo tribunal provincial dispuso, el 12 de mayo de 2021, admitir la queja deducida, declarando mal denegada la vía extraordinaria interpuesta y, al mismo tiempo, “rechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal”.
En el sistema acusatorio vigente, la función jurisdiccional de un tribunal del fuero criminal consiste, básicamente, en valorar las pruebas ofrecidas y producidas por las partes litigantes, en resolver acerca de la posible tipificación de la conducta del acusado en las normas del Código Penal y en su caso
imponerle la sanción correspondiente, acorde al principio de proporcionalidad.
Es una función estatal que no está exenta de errores, desde que la infalibilidad no forma parte de los atributos de la condición humana, y a punto tal que el propio ordenamiento procesal prevé un sistema recursivo en el que –como sucedió en el caso– una instancia superior reexamina, a instancia de parte y con la amplitud necesaria, tanto las conclusiones fácticas como las jurídicas.
El recurso de casación en materia penal persigue, precisamente, el objetivo de corregir los yerros o invalidar las actuaciones realizadas en violación a los trámites esenciales del procedimiento, es decir, cuando la sentencia originaria no se ajusta a derecho.
Sentado ello, es necesario señalar que las divergencias de enfoque y criterio jurídico –por importantes que puedan resultar, entre las conclusiones de los jueces de mérito de primer y segundo de grado– no habilitan, por sí solas, al inicio o la continuidad de procesos de remoción de aquellos.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fecha reciente, sostuvo que considera que la garantía de la independencia de la judicatura impone que, en la instauración de juicios políticos contra funcionarias y funcionarios judiciales, le está vedado al órgano u órganos que intervienen en su trámite, deliberación y resolución, revisar los fundamentos o el contenido de las decisiones emitidas por aquellas autoridades.
Asimismo, es inviable que el juicio político o la eventual destitución de juezas o jueces, como consecuencia de dicho procedimiento, se fundamente en el contenido de las decisiones que hayan dictado, en el entendido que la protección de la independencia judicial impide deducir responsabilidad por los votos y opiniones que se emitan en el ejercicio de la función jurisdiccional, con la excepción de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o comprobada incompetencia.
De otro modo, las autoridades judiciales se podrían ver sometidas a interferencias indebidas en el ejercicio de sus funciones, en claro detrimento de la independencia que necesariamente debe garantizárseles para que cumplan eficazmente su importante rol en un Estado de derecho.
En otras palabras, “los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidos en la Constitución o en la ley”, según la fórmula utilizada en la Observación General n° 32, aprobada en 2007 por el Comité de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas.
Conforme resulta de esos principios fundamentales, y como implícitamente parece emerger del voto minoritario del propio tribunal, la continuidad de la presidenta del jurado en su cargo compromete a futuro la validez del trámite procesal, pues existe una razonable percepción de falta de imparcialidad desde que la Dra. Kogan ya conoció del caso, en ocasión de expedirse como miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Sin embargo, el debido proceso legal exige que los “actos y hechos” a los que se aluden en la resolución, aparezcan fehacientemente individualizados y acreditados en el propio decisorio del órgano juzgador, siendo insuficiente sostener, como se afirma, que «los descargos y alegaciones defensistas no proveen la certeza negativa para dar por concluido el trámite».
En suma, la resolución adoptada por el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, aun cuando de carácter provisional, genera inquietud y malestar en los operadores jurídicos bonaerenses, no sólo por omitir las directrices interpretativas de la jurisprudencia continental, sino también –y fundamentalmente– por afectar la independencia del Poder Judicial.
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La Universidad Austral impulsa la primera Diplomatura en IA
Con un enfoque pedagógico y humanista, la Escuela de Educación de la Austral lidera una propuesta pionera en Inteligencia Artificial aplicada a la enseñanza. La experiencia comienza en San Luis, pero apunta a convertirse en un estándar de formación docente en todo el país.
La transformación tecnológica atraviesa cada dimensión de la vida social y la educación no es la excepción. En ese contexto, la Universidad Austral dio un paso estratégico: liderar académicamente la primera Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Enseñanza y la Innovación en el Aula, una iniciativa que se lanza en la provincia de San Luis y que busca sentar las bases de una política de formación docente con alcance nacional.
A través de una nueva sinergia institucional, la Universidad Austral y San Luis integran capacidades para impulsar proyectos que transformarán el futuro de la provincia. Más allá del anclaje local, el corazón de esta iniciativa es académico y responde a una convicción clara: la inteligencia artificial debe integrarse a las aulas desde una mirada pedagógica sólida, ética y profundamente humana.
El decano de la Escuela de Educación de la Austral, Santiago Bellomo, fue quien presentó los fundamentos conceptuales de la diplomatura y dejó en claro el espíritu que la atraviesa. “El concepto ha irrumpido en la escena educativa, todavía nos tiene algo perplejos, entonces la idea es entender más de qué se trata, indagar sobre dónde nos puede llevar en términos de su potencial y conocer algunos riesgos que se evidencian”, explicó.
La clave del programa no está solo en la teoría, sino en la práctica colaborativa. Con alrededor de 120 tutores aportados por la Universidad Austral y una dinámica de trabajo por desafíos (“challenges”), el curso propone conocer, explorar y documentar experiencias concretas en el aula para construir un repositorio colectivo de buenas prácticas.
La diplomatura se desarrollará en modalidad híbrida y contará con una estructura de trabajo basada en challenges o desafíos pedagógicos que invitan a los docentes a diseñar, experimentar y reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial en su práctica educativa. Esta propuesta formativa, combina una lógica de alcance a gran escala con dispositivos que garantizan el acompañamiento personalizado de los participantes. En este sentido, el recorrido incluye tutorías académicas y un espacio especialmente diseñado para la socialización de buenas prácticas, concebido como un reservorio vivo de experiencias donde los docentes podrán compartir, analizar y enriquecer sus producciones. De este modo, la diplomatura busca no solo promover la apropiación crítica de herramientas de inteligencia artificial, sino también favorecer la transferencia real al aula y el impacto concreto en las prácticas de enseñanza.
“Lo importante de todo esto es el reservorio de experiencia de los miles que van a compartir sus producciones, es algo sobre lo cual construir. Esta es una carrera como la maratón, no de postas cortitas, entonces hay que empezar a correr y acumular esas experiencias”, afirmó el decano.
En la misma línea, la directora de la diplomatura, Alejandra Vatrano, subrayó la dimensión cultural y profesional del desafío: “Hoy la inteligencia artificial dejó de ser una tendencia para convertirse en un nuevo lenguaje cultural. Los docentes no solo necesitamos comprender cómo funciona, sino aprender a integrarla con criterio pedagógico, ética y sentido didáctico. Esta capacitación es una necesidad porque redefine el rol docente: nos permite pasar de usuarios pasivos de herramientas a diseñadores de experiencias de aprendizaje potenciadas por IA. Formarse en este campo no es incorporar tecnología, es ampliar nuestras capacidades profesionales para enseñar mejor en el presente”.
Vatrano también destacó el impacto que ya genera la propuesta entre los educadores: “La recepción que hemos tenido de parte de los docentes ha sido profundamente movilizadora. Se percibe la alegría, la motivación y el entusiasmo por ser parte de esta Diplomatura. Para muchos, representa un desafío personal y profesional, una oportunidad de superarse, actualizarse y seguir jerarquizando su práctica. Esa energía y ese compromiso reafirman el sentido de esta propuesta formativa: acompañar el crecimiento de quienes todos los días transforman la educación”.
La diplomatura -gratuita, virtual, con instancias prácticas y puntaje docente- está dirigida a educadores de todos los niveles: Inicial, Primario, Secundario, Jóvenes y Adultos y Formación Docente. Además, los participantes recibirán una computadora durante el cursado para garantizar el acceso a los contenidos.
La decisión de convocar a la Universidad Austral como socio académico no fue casual. Desde el Ministerio de Educación de San Luis destacaron que se buscó “expertos en educación que fueran además especialistas en IA, no al revés”, priorizando la capacidad de traducir la tecnología en secuencias pedagógicas concretas y aplicables.
El lanzamiento en San Luis es una primera experiencia de un modelo que podría escalarse a otras jurisdicciones. En un escenario global donde incluso los países más desarrollados aún exploran cómo integrar la IA en la escuela, la Austral propone un camino: formación rigurosa, construcción colectiva de conocimiento y una defensa explícita del rol insustituible del docente.
San Luis es el punto de partida. La necesidad, sin embargo, es nacional.
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Aumentan DNI y pasaportes
El Ministerio del Interior publicó este martes el nuevo cuadro tarifario de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo que depende de la Secretaría de Interior. Esta actualización alcanzará a los DNI, pasaportes y demás trámites.
La Resolución 19/2026 dejó sin efecto los artículos 2° de las Resoluciones N° 93 del 26 de febrero de 2025 y N° 231 del 30 de mayo de 2025, ambas dictadas por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior. El objetivo principal es actualizar las tasas que percibe el RENAPER por la expedición de documentos, certificados, testimonios y otros servicios, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 17.671 y sus modificaciones.
De acuerdo con lo establecido, esta actualización comenzará a regir a partir del próximo 6 de marzo y responde a la necesidad de sostener la prestación eficiente de los servicios brindados por el RENAPER, considerando el uso creciente de herramientas digitales y la demanda de servicios de validación de identidad.
Este esquema de los valores alcanza a la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI), servicios de validación digital y otros procedimientos, diferenciando entre personas argentinas y extranjeras.
En simultáneo, mediante la resolución 106/2026 del RENAPER, también se actualizaron los montos para la tramitación del pasaporte.
Uno por uno, los nuevos valores
Para personas argentinas, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo sin cargo hasta los seis meses. Por otro lado, el primer ejemplar de DNI por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones a los cinco, ocho y catorce años, tendrán un costo de $10.000 por trámite.
Los nuevos ejemplares —ya sea por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción— también costarán $10.000. Los servicios exprés para obtener el DNI en menor plazo tendrán recargos: el trámite exprés costará un adicional de $16.000 (total $26.000), la modalidad 24 horas suma $31.000 (total $41.000) y el trámite al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, tiene un adicional de $47.000 (total $57.000).
En el caso de personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000. Esto aplica a ciudadanos del MERCOSUR y de otros Estados, tanto para menores de 14 años como para mayores con residencia temporaria o permanente. Los trámites de actualización, rectificación o cambio de domicilio para extranjeros también tendrán un costo de $20.000 por cada gestión.
El esquema tarifario incorpora valores para servicios digitales vinculados a la validación de identidad y verificación de datos. Por ejemplo, la verificación de vigencia de DNI, validación de datos, o avisos de fallecimiento —mediante tecnología API REST y acuerdos con organismos— tiene un costo escalonado: $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales, $35 por transacción para volúmenes entre 40.000 y 2 millones, y $20 para consumos superiores a 2 millones de transacciones. La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte tienen una tarifa de $70 cada una. Para los establecimientos de la Administración Pública Nacional, estos servicios se ofrecen a tarifas reducidas, desde $2 hasta $7 por transacción, dependiendo del tipo de servicio y el volumen mensual.
Entre los otros trámites se establecen valores para copias autenticadas de constancias y suministros de información especializada, con tarifas de $8.000 y $9.000, según el caso. El nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión, pasados noventa días de la entrega inicial, costará $10.000. La rectificación de datos sin emisión de DNI será sin cargo. Los peritajes sobre el Documento Nacional de Identidad tienen valores de $15.000 para informe forense y $8.000 para informe simple.
La fabricación de credenciales diplomáticas y no diplomáticas, consulares, de misiones especiales y de organismos internacionales costará $31.000. La autorización de viaje al exterior para menores de dieciocho años con pasaporte ordinario tendrá un costo de $30.000.
El cuadro tarifario contempla exenciones. No abonarán tasa los organismos públicos que requieran documentos en el marco de sus funciones, ni las personas sin recursos económicos ni sus hijos menores de dieciocho años o personas a cargo con capacidades restringidas. También están exentos quienes tramiten nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión dentro de los noventa días de la entrega, quienes soliciten rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila, clasificación género "X" y la consecuente expedición del DNI, así como las personas que soliciten el certificado de pre-identificación por carecer de DNI y acta de nacimiento, y quienes gestionen el primer ejemplar por inscripción tardía.
El costo para obtener un pasaporte ordinario en Argentina con entrega regular asciende actualmente a $100.000, según se informó oficialmente. Para quienes requieren el documento con mayor urgencia, existen opciones adicionales: el trámite exprés implica un arancel extra de $100.000, sumando un total de $200.000; mientras que la tramitación de resolución inmediata implica un arancel adicional de $230.000, lo que lleva el costo total a $330.000.
El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas presentan el mismo valor de $100.000 cada uno. Esta actualización de tarifas se encuentra vigente para todos los casos mencionados y responde a disposiciones emitidas por las autoridades migratorias nacionales.
En cuanto a la reposición de pasaportes o documentos de viaje solicitados por errores formales de emisión, se estableció que no habrá costo siempre y cuando la solicitud se realice dentro de los noventa días corridos a partir de la fecha de entrega del documento original. Esta excepción solo aplica a fallos formales detectados en el proceso de emisión y no a otros motivos de reemplazo.
Modalidades y valores del DNI (a partir del 6 de marzo de 2026)
DNI común
Trámite regular: $10.000
Entrega en domicilio en hasta 25 días hábiles.
DNI exprés
Valor: $26.000
Entrega en domicilio dentro de las 96 horas hábiles posteriores al trámite. Disponible en todas las delegaciones del país.
DNI 24 horas
Valor: $41.000
Retiro en la oficina de origen 24 horas hábiles después del trámite. Solo disponible en Centros de Atención del RENAPER habilitados.
DNI al instante
Valor: $57.000
Entrega en el acto, entre 2 a 6 horas hábiles, únicamente en oficinas habilitadas (como sedes centrales del RENAPER o aeropuertos internacionales).
Modalidades y valores del Pasaporte
- Pasaporte ordinario: $100.000 Entrega en domicilio en hasta 30 días hábiles.
- Pasaporte exprés: $200.000 Entrega en domicilio en 48 a 96 horas hábiles.
- Pasaporte de resolución inmediata: $330.000 Entrega en el mismo día, en oficinas habilitadas.
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AL ROJO VIVO
El presidente Javier Milei se cruzó con la oposición, destacó su gestión y anticipó un año de reformas en su mensaje para dar inicio al período de sesiones ordinarias 2026 del Congreso de la Nación. Brindó distintos anuncios en una presentación que hizo foco en la “batalla cultural” como fundamento de su gestión para 2026.
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