Una profunda reforma de las normas europeas de migración, destinada a endurecer los procedimientos fronterizos y a revisar a fondo el sistema de asilo, entró en vigor el viernes.

“Por primera vez contamos con un sistema europeo integral”, declaró Magnus Brunner, responsable de Migración de la Unión Europea, que añadió que la reforma dará a los países de la UE un mayor control sobre sus fronteras, reportó el sitio Euronews , informó la Agencia Noticias Argentinas.

Estas son las principales claves de la nueva iniciativa:

Controles fronterizos reforzados
Los migrantes que entren de forma irregular en la Unión Europea se someterán a comprobaciones de identidad y seguridad en un procedimiento que podrá durar hasta siete días. Los documentos de identidad y los datos biométricos de su rostro y huellas dactilares se registrarán en una base de datos.

El cribado servirá para determinar quién debe seguir un procedimiento de asilo acelerado o estándar y quién debe ser devuelto a su país de origen o de tránsito.

Procedimiento acelerado de rechazo
Uno de los grandes problemas del sistema de inmigración de la UE para algunos Estados miembros ha sido la escasa autonomía a la hora de decidir sobre la tramitación de los migrantes y la duración de estos procedimientos. El nuevo sistema pretende agilizar los trámites, sobre todo en los casos de denegación.

Los solicitantes de asilo considerados un riesgo para la seguridad o con pocas posibilidades de obtener el estatuto de refugiado, como los procedentes de países como Marruecos o Bangladesh cuyos nacionales ven rechazada la protección en al menos el 80% de los casos, serán tramitados con mayor rapidez.

Sus peticiones se procesarán en centros cercanos a las ‘fronteras exteriores’ de la UE, es decir, fronteras terrestres, puertos y aeropuertos, en un procedimiento que podrá prolongarse hasta 12 semanas. Para el resto de solicitantes de asilo seguirá aplicándose el procedimiento estándar.

Mecanismo de solidaridad
Según las normas de la UE, el país en el que un migrante irregular pisa por primera vez suelo comunitario es responsable de tramitar su caso. Esto carga de presión a Italia, Grecia y Malta, que en los últimos años han recibido la mayor parte de las llegadas por tierra y mar.

Para aliviar esa carga, la reforma introduce un mecanismo de solidaridad que obliga a los Estados miembros a acoger a un número determinado de solicitantes de asilo llegados a otros países. Como alternativa, podrán pagar 20.000 euros por cada solicitante de asilo a los países sometidos a mayor presión. Al menos 30.000 solicitantes de asilo al año entrarán en este sistema de reubicación.

Las negociaciones sobre este punto ya han demostrado ser difíciles, después de que en una primera ronda celebrada el año pasado varios países se negaran a aceptar cualquier reubicación.

Plan de contingencia
El paquete establece una respuesta de emergencia en caso de repuntes inesperados de llegadas, el mismo tipo de crisis al que se enfrentó la UE en 2015 y 2016, cuando más de dos millones de solicitantes de asilo entraron en el bloque, muchos procedentes de Siria y Afganistán, países en guerra.

Permitirá a los Estados miembros reducir las garantías para los solicitantes de asilo, lo que hará posible mantenerlos retenidos más tiempo del habitual en centros de detención situados en las fronteras exteriores de la UE.

El sistema también se aplicará a la llamada “instrumentalización” de los flujos migratorios, acusación que se dirige a menudo contra Bielorrusia y Rusia, a las que los vecinos de la UE reprochan empujar a migrantes a cruzar la frontera para desestabilizar al bloque de 27 países.

Críticas a los nuevos mecanismos
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos muestran su preocupación por numerosos aspectos del nuevo sistema. Sostienen que las nuevas normas supondrán de facto que la mayoría de los migrantes, incluidos los menores, permanezcan detenidos durante todo el proceso.

También les preocupa que los nuevos procedimientos y la rapidez en la toma de decisiones sobre los casos individuales acaben, en la mayoría de los supuestos, en un nuevo periodo de detención para los migrantes recién llegados.

Grupos de derechos humanos denuncian irregularidades
Judith Sunderland, asesora principal sobre derechos de refugiados y migrantes en Human Rights Watch, dijo que el nuevo pacto “cierra la puerta en la cara a personas que merecen ser tratadas con dignidad y que se examine de forma justa sus solicitudes de protección”, según The Independent.

Lukas Gehrke, jefe en Bruselas de la Organización Internacional para las Migraciones, indicó que, independientemente de cuántas personas sean expulsadas de la UE, muchos migrantes permanecerán en el territorio, al tiempo que se perderá financiamiento para la integración bajo el nuevo presupuesto del pacto”.

“Si no nos enfocamos lo suficiente en esto, el fracaso de la integración se convierte en una profecía autocumplida”, advirtió. NA

Una multitudinaria marcha de campesinos, mineros y trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) derivó este miércoles en enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz, en la jornada de mayor tensión desde el inicio de las protestas que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Miles de manifestantes recorrieron cerca de cinco kilómetros desde la ciudad de El Alto hasta la sede del Gobierno e intentaron llegar a la plaza Murillo, epicentro del poder político boliviano, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa (Parlamento). Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y otros agentes disuasivos para impedir el avance de la movilización.

Durante la marcha, algunos manifestantes hicieron estallar petardos y cargas de dinamita, mientras columnas de humo se elevaron sobre distintos puntos del centro paceño. Los disturbios se produjeron en el día 41 de una crisis marcada por bloqueos de carreteras, protestas y movilizaciones que han generado problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos e insumos, además de un incremento de precios en varias regiones del país.

La marcha congregó a organizaciones campesinas de los departamentos de La Paz (oeste), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), así como delegaciones llegadas desde el Trópico de Cochabamba y sindicatos afiliados a la COB, entre ellos mineros, maestros rurales y trabajadores fabriles. Ante la llegada de los manifestantes, la Policía desplegó un amplio operativo en el centro de la ciudad y estableció varios anillos de seguridad alrededor de la plaza Murillo.

También se observó presencia militar en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y de la Casa Grande del Pueblo, sede del despacho presidencial. Durante los enfrentamientos se registraron varias detenciones, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los aprehendidos figura Vicente Salazar, principal dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari", una de las organizaciones que encabeza las movilizaciones. Imágenes difundidas por medios locales mostraron al dirigente siendo trasladado por efectivos policiales bajo fuerte resguardo.

Su arresto provocó reacciones inmediatas entre los manifestantes, que exigieron su liberación y denunciaron una supuesta persecución contra los líderes de la protesta.

Antes de ser detenido, Salazar aseguró que las movilizaciones cuentan con respaldo popular y reiteró la exigencia de renuncia del presidente Paz Pereira como una de las principales demandas de los sectores movilizados.__IP__

La nueva jornada de protestas refleja la creciente radicalización de un conflicto que comenzó a principios de mayo con reclamos relacionados con la situación económica y que posteriormente incorporó demandas políticas dirigidas contra el Gobierno. NA 

Miles de representantes vecinales, sindicales y organizaciones sociales reunidos este martes en la ciudad boliviana de El Alto rechazaron cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno y ratificaron su exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, lo que profundiza la crisis política que atraviesa el país andino tras 33 días consecutivos de protestas y bloqueos.

La decisión fue asumida durante el denominado "Gran Cabildo por una Bolivia Libre y Soberana", convocado por organizaciones vecinales de La Paz y El Alto, epicentro del conflicto, que congregó a dirigentes campesinos, sindicales, líderes barriales y sectores movilizados en uno de los principales bastiones de la protesta contra el Gobierno.

La resolución representa un nuevo revés para los intentos del Ejecutivo de abrir canales de negociación en un conflicto que ha paralizado gran parte del país y ha provocado una creciente escasez de combustibles, alimentos y medicamentos en varias regiones.

Los asistentes aprobaron una serie de resoluciones que incluyen la declaración de un estado de emergencia movilizado permanente, el fortalecimiento de las medidas de presión y el rechazo expreso a participar en cualquier convocatoria de diálogo promovida por el Gobierno.

La principal demanda del encuentro fue la renuncia inmediata de Rodrigo Paz, a quien los sectores movilizados responsabilizan por la crisis económica y social que atraviesa Bolivia, según informa Noticias Argentinas. 

La decisión adoptada en El Alto endurece aún más las posiciones en una crisis que ya supera el mes de duración y que ha comenzado a generar preocupación dentro y fuera del país.

Organismos internacionales han advertido sobre el impacto humanitario de los bloqueos, mientras sectores empresariales alertan sobre pérdidas económicas millonarias y daños que podrían tardar meses en revertirse.

Según reportes oficiales de la estatal Administradora Boliviana de Caminos (ABC), los cortes de carreteras mantienen interrumpidas importantes rutas interdepartamentales en un centenar de puntos y dificultan el transporte de alimentos, combustibles y suministros médicos con grandes pérdidas económicas.