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Libertad de expresión: dura crítica de ADEPA a legisladores K
29 de abril de 2021
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA) criticó la teoría del lawfare, que planteó el dictamen de la mayoría oficialista en la Comisión Bicameral de Organismos de Inteligencia del Congreso, donde se acusó a los «medios de comunicación hegemónicos» de haber formado parte de un «plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa», durante la gestión macrista.
Para la entidad representativa de los medios de comunicación, esa acusación es «otro capítulo para hostigar y disuadir el ejercicio del periodismo de investigación».
En un duro documento que difundió este jueves por la mañana, ADEPA planteó que el dictamen de la mayoría oficialista en la Comisión Bicameral presidida por Leopoldo Moreau, titulado «El Estado mafioso», es «un nuevo episodio vinculado al intento por instalar la denominada teoría del lawfare», «a través de la cual plantean que hubo un ‘ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos'».
«Frente a un pronunciamiento de tanta gravedad emanado de un organismo integrado por diputados y senadores de la nación, ADEPA expresa, con especial énfasis, que en ningún caso el ejercicio básico de la tarea periodística de buscar y difundir información y opiniones puede ser considerado un hecho ilícito. Por el contrario, la difusión de informaciones y opiniones sobre hechos que involucren a funcionarios públicos constituyen actos protegidos y alentados por el sistema constitucional», sostuvo ADEPA.
La entidad representativa de los medios destacó que «esto no significa privilegio alguno: como ha sostenido ADEPA, si hay hechos ilícitos en los cuales participaron periodistas, ellos deben ser objeto de investigación del mismo modo que ocurre con cualquier otro ciudadano».
En el mismo sentido, la entidad señaló que es importante que todas las denuncias por espionaje ilegal sean investigadas por la Justicia y sus responsables sancionados, «tal como lo manifestó oportunamente nuestra entidad en las acciones de las que fueron víctimas en 2018 los periodistas Hugo Alconada Mon, de La Nación; y Rodis Recalt, de Perfil».
Fue precisamente a mediados del año pasado, cuando ADEPA reclamó una investigación y castigo a los culpables de recabar «información personal y de seguimiento de la vida privada de varias personas públicas, entre quienes figuran los periodistas Rodis Recalt y Hugo Alconada Mon, entre otros».
«En algunos casos, los seguimientos ilegales comenzaban a pocos días de que los medios publicaran los artículos e investigaciones firmados por Recalt o Alconada Mon. E incluían detalles de su vida privada, de sus relaciones personales, de sus actividades profesionales, de sus movimientos, etc. Además, les tomaron fotografías –en uno de los casos, de su domicilio y su vehículo–, los filmaron, revisaron sus perfiles de redes sociales y buscaron información privada en diversos organismos del Estado», sostuvo ADEPA en su comunicado del año pasado, sobre el espionaje ilegal realizado sobre ambos periodistas.
Por eso, en el comunicado que difundió esta mañana, ADEPA agregó que «la acusación -ahora por parte de la mayoría de esta comisión legislativa- de que periodistas y medios, al difundir noticias judiciales o al contactarse con fuentes gubernamentales o judiciales, forman parte de un entramado delictivo, más allá de resultar absurda en términos jurídicos, tiene un objetivo silenciador del debate público que merece la mayor atención y condena. Nunca más el periodismo debe quedar atenazado por las intimidaciones y las prácticas abusivas de los poderes públicos, y de las facciones políticas a ellos ligados».
La entidad afirmó que no deben ser ignoradas ni subestimadas «las consecuencias negativas que la instalación de ese supuesto lawfare produce sobre el ejercicio de un derecho básico y esencial para la convivencia democrática, como lo es la libertad de expresión. En especial cuando provienen de un órgano estatal».
El dictamen de diputados y senadores del kirchnerismo en la Comisión Bicameral de Organismos de Inteligencia denunció este martes un “plan sistemático de espionaje ilegal” para «perseguir oponentes» durante el gobierno de Mauricio Macri y pidió la creación de una nueva Bicameral que examine las conductas de “un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte”. Entre ellos, el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y el procurador Eduardo Casal.
Ese dictamen de mayoría del Frente de Todos planteó que durante 2015 y 2019 «se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”. Y aseguró que ese plan se llevó a cabo “en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial”.
ADEPA concluyó en su comunicado de esta mañana, que «la acusación de supuestos hechos penales consistentes en entrevistar a fuentes o difundir informaciones u opiniones sobre causas judiciales que involucran a funcionarios públicos, formulada por parte de las máximas autoridades políticas del país, es una forma de censura indirecta» prohibida por la normativa vigente. «E implica una grave amenaza para las libertades de expresión y de prensa y, por ende, un peligro concreto para el sistema democrático y republicano».
El comunicado completo de ADEPA
En un nuevo episodio vinculado al intento por instalar la denominada teoría del lawfare, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, del Congreso de la Nación, presidida por el diputado Leopoldo Moreau,elaboró un dictamen de mayoría titulado «El Estado mafioso». El informe acusa a los medios de comunicación de ser parte de “un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”.
En el texto dado a conocer ayer, los legisladores oficialistas que firmaron el dictamen intentan vincular a los “medios de comunicación hegemónicos” con un presunto “plan sistemático” diseñado con “premeditación y alevosía” durante el gobierno que abarcó el período 2015-2019, y en el que también habrían participado el Poder Judicial, funcionarios públicos y servicios de inteligencia.
De esta forma, retoman la falsa noción de “lawfare”, a través de la cual plantean que hubo un “ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”. Respecto de las presuntas prácticas ilegales, los legisladores de la mayoría hablan de “seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras”.
Frente a un pronunciamiento de tanta gravedad emanado de un organismo integrado por diputados y senadores de la nación, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresa, con especial énfasis, que en ningún caso el ejercicio básico de la tarea periodística de buscar y difundir información y opiniones puede ser considerado un hecho ilícito. Por el contrario, la difusión de informaciones y opiniones sobre hechos que involucren a funcionarios públicos constituyen actos protegidos y alentados por el sistema constitucional.
Esto no significa privilegio alguno: como ha sostenido Adepa, si hay hechos ilícitos en los cuales participaron periodistas, ellos deben ser objeto de investigación del mismo modo que ocurre con cualquier otro ciudadano. En el mismo sentido, es importante señalar que todas las denuncias por espionaje ilegal deben ser investigadas por la Justicia, y sus responsables sancionados, tal como lo manifestó oportunamente nuestra entidad en las acciones de las que fueron víctimas en 2018 los periodistas Hugo Alconada Mon, de La Nación; y Rodis Recalt, de Perfil.
Pero el dictamen mencionado parece inscribirse en el contexto de una operación política urdida en los últimos años, en la cual se intenta vincular, dentro de una inventada y forzada etiqueta (“lawfare”), actos ilícitos (v.gr., espionaje ilegal, “armado” de causas judiciales, extorsiones, etc.), actos lícitos y opinables (v.gr., distintas decisiones judiciales o administrativas) y finalmente -y lo que es más grave- el ejercicio plenamente lícito y encomiable de la libertad de expresión y del periodismo de investigación.
Las consecuencias negativas que la instalación de ese supuesto lawfare produce sobre el ejercicio de un derecho básico y esencial para la convivencia democrática, como lo es la libertad de expresión, no deben ser ignoradas ni subestimadas. En especial cuando provienen de un órgano estatal.
La acusación -ahora por parte de la mayoría de esta comisión legislativa- de que periodistas y medios, al difundir noticias judiciales o al contactarse con fuentes gubernamentales o judiciales, forman parte de un entramado delictivo, más allá de resultar absurda en términos jurídicos, tiene un objetivo silenciador del debate público que merece la mayor atención y condena. Nunca más el periodismo debe quedar atenazado por las intimidaciones y las prácticas abusivas de los poderes públicos, y de las facciones políticas a ellos ligados.
Es doctrina pacífica en los organismos internacionales de derechos humanos que el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que la favorezcan. Y que es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida no sólo por actos normativos o administrativos del Estado, sino también por condiciones fácticas que coloquen en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla. En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos humanos, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad.
La acusación de supuestos hechos penales consistentes en entrevistar a fuentes o difundir informaciones u opiniones sobre causas judiciales que involucran a funcionarios públicos, formulada por parte de las máximas autoridades políticas del país, es una forma de censura indirecta prohibida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. E implica una grave amenaza para las libertades de expresión y de prensa y, por ende, un peligro concreto para el sistema democrático y republicano.
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Atropellan a 5 mujeres que peregrinaban por la Virgen del Milagro en Salta
Cinco peregrinas que caminaban hacia la Catedral Basílica de Salta para participar de la procesión por la Virgen del Milagro fueron atropelladas por un motociclista que circulaba alcoholizado.
El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes.
Las mujeres habían salido desde Apolinario Saravia y viajaban por su cuenta, en un grupo reducido, rumbo a la capital salteña para participar de la Peregrinación del Milagro, una de las celebraciones religiosas más importantes del país.
Tras el impacto, las mujeres debieron ser asistidas por los servicios de emergencia: dos de ellas fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al hospital San Bernardo de Salta.
Según informaron medios locales, todas se encuentran fuera de peligro.
El conductor de la moto, por su parte, fue sometido a un test de alcoholemia que marcó 0,53 gramos de alcohol en sangre. Tras el resultado, quedó detenido y a disposición de la Justicia.
Durante estos días, miles de peregrinos llegan a Salta capital desde distintos puntos de la provincia para participar de las actividades religiosas en honor a los Santos Patronos. De hecho, muchos recorren cientos de kilómetros a pie y atraviesan zonas de frío y altura.
Este año, las autoridades habilitaron una aplicación para seguir el recorrido de los peregrinos y acceder a información sobre los puntos de asistencia. Sin embargo, las cinco mujeres atropelladas no estaban registradas porque habían iniciado el viaje de manera independiente.
Al no figurar en la plataforma, el grupo tampoco contaba con el esquema preventivo de acompañamiento de la Policía de Salta para los peregrinos que transitan por las rutas.
Tras el accidente, las autoridades pidieron extremar las precauciones. A quienes participan de la peregrinación les recomendaron circular con cuidado por las rutas, mientras que a los conductores les solicitaron reducir la velocidad, mantener distancia y prestar especial atención a los grupos de caminantes. (TN)
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Gobierno espera una baja de tasas y nuevos créditos hiecariarios
La inflación del 1,7 por ciento informada por el INDEC para agosto parece haber convencido a los funcionarios del equipo económico de que el fenómeno llegó para quedarse.
El presidente Javier Milei ya había celebrado que los precios mayoristas hayan caído por debajo del 1 por ciento, y se espera que haya efecto arrastre para septiembre.
Pero entre las variables que pueden empujar a la baja los precios y ayudar a reanimar la economía se encuentran los nuevos préstamos hipotecarios.
13 entidades se sumaron a esta movida para ampliar la disponibilidad de financiamiento destinado a la primera vivienda.
El Banco Hipotecario, por ejemplo, ofrece una tasa de 7,5% para clientes con cuenta sueldo, con un plazo de hasta 15 años y un monto máximo aproximado de USD 170.000.
Banco Ciudad, por su parte, sumó una nueva línea después de resultar adjudicatario de la licitación del FGS.
La entidad lanzó un crédito con tasa de 6,5% para la compra de la primera vivienda, con subsidio del Gobierno porteño, un tope de 80 metros cuadrados en la propiedad y un valor de referencia de USD 2.800 por metro cuadrado.
A la vez, mantiene su línea tradicional de 7,5% para primera vivienda y la de 9,5% para el resto de los casos. Las tres opciones tienen un plazo de hasta 25 años.
Además, con fuerte peso en el interior del país, los bancos del Grupo Petersen bajan la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrecen UVA + 7,5% para primera vivienda.
La nueva línea estará disponible desde esta semana, con préstamos de hasta 150.000 UVAs, plazos de hasta 20 años y un proceso de solicitud 100% digital.
Es exclusiva para clientes que acrediten sus haberes en los bancos del Grupo (Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz).
La nueva línea contempla montos de hasta 150.000 UVAs (actualmente equivale a USD 208.860) y plazos de entre 15 y 20 años, en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.
Por su parte, el Banco Nación tiene una de las tasas más bajas del sistema, 6,7% para quienes cobran su sueldo en la entidad, con plazos de hasta 30 años y un monto máximo de USD 216.000.
Banco Macro, que ya había bajado su tasa antes de la primera licitación, la redujo nuevamente a 7,5% para cuenta sueldo, con plazos de hasta 20 años y sin límite de monto.
El Banco Galicia recortó su tasa a 7,5% para clientes con cuenta sueldo, a un plazo de hasta 20 años, mientras que Banco Patagonia la bajó de 9,25% a 8,5%, con un plazo de hasta 30 años.
Credicoop, en tanto, ofrece 7,5% para cuenta sueldo y 9% para el resto, con plazos de hasta 20 años y un tope de 141.000 dólares.
Además de las tasas y los plazos, cada entidad exige un ingreso mínimo para acceder al crédito y define bajo qué condiciones se pueden sumar otros ingresos al del titular.
Banco Hipotecario pide un ingreso equivalente a 2,2 salarios mínimos, vitales y móviles, mientras que ICBC pide un ingreso de $1.000.000.
En la mayoría de los casos, los bancos permiten sumar los ingresos del cónyuge o conviviente para alcanzar el mínimo requerido, aunque algunas entidades, como Banco Ciudad, amplían esa posibilidad al grupo familiar conviviente, y Comafi permite sumar hasta cuatro miembros de la familia.
El nuevo esquema, que tiene como eje al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, licitó depósitos a plazo fijo entre los bancos con el objetivo de canalizar ese dinero hacia préstamos hipotecarios.
La primera licitación, de una serie de diez previstas, permitió asignar $200.000 millones entre 13 entidades financieras.NA
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Embargarán cuentas bancarias a deudores morosos
La Justicia podrá embargar las cuentas bancarias de las personas que no hayan pagado sus deudas con el banco o las tarjetas de crédito, así como también los préstamos solicitados en billeteras virtuales.
De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87, un juez tiene la potestad de ordenar un embargo de parte del salario, si el cliente no cumple con las obligaciones financieras.
Sin embargo, ni las entidades financieras ni las fintech pueden retener el dinero por su cuenta, dado que se tienen que cumplir una serie de condiciones que habilitan la deducción.
De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87, se pueden embargar cuentas bancarias si existe previamente un proceso judicial y una orden emitida por el juez.
No obstante, el decreto establece que las remuneraciones son inembargables hasta el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y fija porcentajes para el excedente que supera ese límite.
Desde septiembre, embargarán parte del sueldo de las personas que no hayan pagado sus préstamos o deudas con el banco y billeteras virtuales
Desde septiembre, embargarán parte del sueldo de las personas que no hayan pagado sus préstamos o deudas con el banco y billeteras virtuales
Según la Ley 27.230, los embargos que afecten el salario deben llevarse adelante ante el empleador.
Sera él quien deba informarle al trabajador dentro de las 48 horas de emitida la resolución y no por medio de alguna llamada de un acreedor.
¿Cuánto pueden retenerse del sueldo en un embargo?
La Ley establece que las remuneraciones son inembargables hasta el equivalente al SMVM. Sobre el resto del monto, se le aplicará los siguientes porcentajes:
Cuando el sueldo supera el salario mínimo, pero no llega a dos, se puede embargar hasta el 10% del excedente.
Cuando supera los dos SMVM, se puede embargar hasta el 20%.
En agosto 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil corresponde a un monto de $ 376.600. Este monto será fundamental para determinar las partes del sueldo que quedarán protegidas frente a un embargo por una deuda común.
¿Qué hacer si me embargan la cuenta sueldo?
La persona debe revisar el recibo de sueldo y verificar qué juzgado, expediente y acreedor figuran en la documentación correspondiente para corroborar que sea justa la retención.
Si se desconoce la deuda o se considera que ya prescribió, puede recibir asesoramiento judicial para su tratamiento. El Cronista
