Universidades privadas de todo el país se expresaron en favor de la propuesta presentada por la Corte Suprema de Justicia, para impulsar que se aplique una metodología de mayor transparencia para elegir nuevos jueces.

“La calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran, lo que exige reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles”, afirmaron los rectores en un comunicado.Noticias Relacionadas

“Desde el ámbito universitario valoramos, especialmente, que la propuesta coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura”, añadieron.

El máximo tribunal de la Nación presentó en marzo último una iniciativa, con la firma de dos de sus tres integrantes, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, denominada “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”.

La propuesta modifica las modalidades de trabajo del Consejo de la Magistratura -el órgano que selecciona a los nuevos jueces-; quedó aprobada mediante la acordada 4/26 con fecha del 25 de marzo pasado, y fue presentada días después en una conferencia de prensa.

Según trascendió de fuentes judiciales, el tercer miembro de la Corte, su presidente Horacio Rosatti, no suscribió el proyecto por ejercer actualmente la titularidad del Consejo de la Magistratura.

El proyecto, ahora respaldado por los rectores universitarios, busca eliminar cualquier discrecionalidad o injerencia política en la designación de los jueces o al menos reducirla a su mínima expresión.

El texto lleva la firma de los siguientes rectores: Andrés Aguerre, de la Universidad Católica de Córdoba; Carlos Salvadores de Arzuaga, de la Universidad del Salvador; Eduardo Sisco, de la Universidad Museo Social; Federico Fanjul, de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán; y Gastón O´Donnell, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

También lo suscribieron Héctor Sauret, de la Universidad de Concepción del Uruguay; José Luis Ghioldi, de la Universidad de Belgrano; Juan Carlos Mena, de la Universidad FASTA; María Laura Simonassi, de la Universidad Católica de Cuyo; Martín De Palma, de la Universidad Católica de Santa Fe; y Norberto Porto Lema, de la Universidad de Morón.

Firmaron además el escrito en apoyo a la Corte Paulo Falcón, de la Universidad CAECE; Ricardo Popovsky, de la Universidad de Palermo; Rita Gajate, de la Universidad Católica de la Plata; y Tomás Guillermo Rueda, de la Universidad Blas Pascal. (NA)

El Gobierno nacional confirmó que la empresa estatal bonaerense Aubasa fue excluida de esta etapa II de la Red Federal de Concesiones, el proceso licitatorio "destinado a modernizar y poner en valor más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos de la red vial nacional mediante inversión 100% privada"

Cabe recordar, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, explicó que enviaron una nota al Ministerio de Economía pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo (tanto nacional como provincial) en el proceso de concesión de rutas. El objetivo, sostuvo, era garantizar “plena transparencia” en un proceso que, denunció, sufrió modificaciones sustanciales a último momento.

“Pretendemos que hagan de veedor y que participen de todo el proceso de selección”, dijo Katopodis en conferencia de prensa desde la Gobernación. Y destacó que a pocos días del cierre de ofertas, se cambiaron decenas de artículos del pliego, alterando las condiciones originales. Para la Provincia, esos movimientos “desvirtúan” la competencia y abren sospechas sobre posibles arbitrariedades en la adjudicación de las concesiones.

Según informó este miércoles la Secretaría de Transporte de Nación, “luego de haber concesionado la Etapa I, se está avanzando en la licitación de la Etapa II A, para concesionar más de 1.900 kilómetros de rutas nacionales. Esta etapa consta de 2 tramos, el Sur Atlántico - Acceso Sur de 1.325,17 km entre las RN 3, RN 205, RN 226, Autopista Ricchieri (sic), etc.; y el Pampa de 546,65 km (RN 5)”. Para la concesión de los 1.325,17 kilómetros del Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur (RN 3 desde el Gran Buenos Aires hacia el sur provincial, RN 205, RN 226, y accesos críticos como la Autopista Ricchieri, Autopista Ezeiza-Cañuelas, y Autopista Newbery), “se recibieron diez ofertas, de las cuales seis fueron aprobadas y cuatro rechazadas”: una de ellas, Aubasa.

Y en el contexto de críticas del gobierno bonaerense, desde Nación dieron los detalles de por qué fue excluida la empresa de la Provincia. “Su exclusión responde exclusivamente a cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación, los cuales fueron oportunamente aceptados por todos los oferentes al momento de su presentación”.

El texto da los argumentos oficiales que justificarían la exclusión de Aubasa: “En primer lugar, una de las exigencias esenciales de la licitación es acreditar capacidad para la ejecución directa de las obras”. De acuerdo con el comunicado de Nación, “el requisito apunta a que se trate de una empresa que ejecute efectivamente las obras por sí misma, y no de contratistas que las tercericen”. Así, dice el Gobierno, “la documentación presentada por Aubasa da cuenta principalmente de tareas de operación, pero no acredita la ejecución material de obras con recursos y estructura propia, en los términos exigidos por el pliego”.

Por otro lado, como segundo argumento, “se verificó un incumplimiento de los requisitos económico-financieros establecidos. El pliego fijó indicadores objetivos de endeudamiento y solvencia con el fin de asegurar que las empresas cuenten con respaldo económico suficiente para asumir el riesgo integral de la concesión sin recurrir a asistencia estatal. En este caso, los ratios presentados por Aubasa superan ampliamente los límites definidos, con un endeudamiento de 3,75 superando el límite establecido de 1,50, evidenciando una situación de fragilidad financiera incompatible con las exigencias del proceso”.

Según Nación, “se brindó a la empresa la posibilidad de complementar y aclarar la documentación presentada, en línea con el principio de concurrencia y de igualdad de trato. Sin embargo, las observaciones técnicas y económico-financieras no pudieron ser revertidas”.

Por último, dice el texto, “la empresa no presentó el balance contable-financiero como corresponde”. “Cabe destacar que los criterios aplicados fueron uniformes para la totalidad de los oferentes, sin distinción alguna en función de su naturaleza jurídica o pertenencia jurisdiccional. En este sentido, otras empresas también fueron excluidas por no cumplir con los parámetros técnicos y financieros exigidos, lo que reafirma el carácter objetivo, transparente y no discrecional del proceso de evaluación”.

Dados sus argumentos, además el Gobierno plantea que “Aubasa no impugnó en ningún momento los Pliegos durante la etapa correspondiente, lo que implica la aceptación plena de las condiciones establecidas. Sin embargo, posteriormente formuló observaciones sobre las ofertas de otros participantes invocando una normativa que no resulta aplicable al procedimiento”.

Según denunció Katopodis la semana pasada, las autoridades nacionales modificaron 33 artículos del pliego una semana antes de que venza el plazo para presentar las ofertas. “Cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”, remarcó el ministro antes de señalar que “todos esos cambios desvirtúan el proceso”.

La empresa pública provincial había formalizado su participación luego de comprobar que los pliegos de las concesiones viales no incluían una cláusula que prohíba expresamente la participación de compañías estatales. En ese contexto, Katopodis defendió el perfil de Aubasa, a la que definió como “superavitaria” y con estándares de servicio que, dijo, pueden verificarse en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata o la Ruta 2. Y no descartó que la administración libertaria pretenda “hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones”.

El presidente Javier Milei afirmó este martes que el dato de la inflación de marzo “es malo”. El nuevo valor mensual del índice de precios fue de 3,4%, lo que significa que lleva diez meses sin bajar.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, publicó en su cuenta de la red social X.

Tal como había anticipado en sus redes sociales, Javier Milei inició su discurso ante empresarios en la AmCham Summit 2026 hablando del último dato de inflación que informó el Indec, que dio 3,4% y significó una suba importante respecto al 2,9% de febrero.

Ante esto, el Presidente afirmó: “Habitualmente los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Nosotros tendríamos un montón de cosas buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”.

Y continuó: “Una de las cosas importantes con esto es explicar y tener claro lo que está pasando. Es el primer paso para encontrar una solución. En ese sentido, tenemos que entender por qué 3,4%, por qué la inflación viene subiendo. Para nosotros es bastante claro lo que está pasando. Al margen de lo que voy a explicar, también les voy a explicar por qué estamos convencidos de que la inflación para adelante va a bajar”.

Luego, habló de “dos shocks de características descomunales” a mediados del año pasado y recordó que la inflación en mayo fue de 1,5% “luego de que Manuel hiciera esa extraordinaria elección en CABA”.

“Lo más interesante es que a partir de ese momento comenzó un ataque feroz de la política, al corazón del modelo. El Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron”, sentenció.

Y agregó: “Tenemos que tener conciencia de que Argentina enfrentó una corrida por el equivalente al 50% del M2. En cualquier momento de la historia, Argentina hubiese volado por los aires. No solo que no voló, sino que recibimos un fuerte respaldo en las urnas. Le sacamos 17% al kirchnerismo y dimos vuelta la elección en PBA. La gente no quiere volver al pasado, si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a empezar a salir bien“.

En esa línea, aseguró: “Hay dos elementos adicionales. Si ustedes miran la inflación mayorista, la que se adelanta, viaja en torno al 10%. Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos y converger hacia ahí. Lo que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera toma malas decisiones. Nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica y de la evidencia empírica. Tampoco vamos a violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica”.

Milei también dio una extensa explicación técnica que, a su criterio, aplica para entender el último dato de inflación: “Lo que ocurrió en la segunda mitad del año pasado fue una monstruosa caída de la demanda de dinero. Es decir, la caída fue por el equivalente a 41 mil millones de dólares. Si corregimos por encajes, la base monetaria medida en dólares cayó a niveles de los 20 mil millones de dólares. A la mitad del promedio que tenía el gobierno anterior con una inflación que viajaba al 1,5% diario. En ese contexto, los pasivos monetarios del BCRA eran del doble del que nos quedó a nosotros en esta corrida, el número es más alto porque la suba de encajes permitió que estén más cerca de los 30 mil millones de dólares. El pasivo monetario del BCRA es el working capital de la economía. Al caer la demanda de los activos domésticos, hace que el precio de los bonos caiga, que la tasa de interés suba, el riesgo país suba. Llegó a estar en niveles de los 1.000 puntos básicos. Al retrasarse el mecanismo de financiamiento, la demanda se pone más pesada y les cuesta vender más”.

“Todo eso aumenta la demanda de capital de trabajo, o la financian con capital propio o lo hacen tomando crédito. Por lo cual, se produjo un fuerte aumento de la demanda de capital de trabajo. Como los individuos estaban corriendo contra la moneda, contrajo el working capital de la economía y disparó la tasa de interés y la actividad que venía expandiéndose se frenó en seco. Hizo que la economía terminara en 4,2% de crecimiento, cuando podríamos haber terminado en 7. No fue gratis el ataque especulativo y el intento de la política de generar un golpe de estado”, añadió el jefe de Estado.

En sintonía con esto, dijo que “marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa en términos de inflación y en el dato puntual de este mes, impactó educación, lo que tiene que ver con la guerra y como eso afectó a todo lo vinculado al transporte, y obvio por una cuestión estacional el impacto de la carne”.

“Eso lo que explica este salto en la tasa de inflación. Estamos purgando lo que fue la caida en la demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado, más estos efectos estacionales. La política monetaria no cambió. Por lo tanto, esto no es inflación estrictamente. Es que pegó un salto el nivel de precios por cambios en lo precios relativos, pero la inflación de largo converge en la internacional. Al equilibrio al que vamos no cambió”, completó.

El Presidente Javier Milei expone en la AmCham Summit 2026. Video: