País
Dramático panorama
28 de junio de 2020
Los empresarios hoteleros y gastronómicos solicitan al gobierno nacional que ordene la sanción urgente de la Ley de Emergencia para el sector. Convocaron a través de las redes sociales a una manifestación el próximo 2 de julio para visibilizar su situación en torno al aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional por el avance de la pandemia de coronavirus.
De acuerdo a lo señalado por empresarios del sector, siete de cada diez establecimientos hoteleros y gastronómicos van a quebrar a causa de la cuarentena, que ya lleva más de 100 días. Piden ayuda financiera del Estado para poder atravesar la crisis generada por la pandemia de coronavirus.
La iniciativa se llevará a cabo en todo el país. Desde el sector invitan a sus pares a sumarse a la medida de reclamo que consistirá una protesta simbólica frente al propio establecimiento.
Los restaurantes que están cerrados desde el primer día del aislamiento, en marzo, algunos lograron introducir la modalidad del delivery o el take away, pero quedó demostrado que no pueden ni siquiera afrontar los gastos mínimos. Mientras que los hoteles, la perspectiva no es mejor. Sin turismo, ni interno y mucho menos externo, el sector se enfrenta a que la cuarentena termine generando una situación de no retorno.
Mediante un comunicado, la presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) informó que viene realizando gestiones para que las autoridades nacionales sancionen una ley que declare la Emergencia Económica del sector.
FUTURO INCIERTO
Al igual que lo viene haciendo cada uno de los sectores productivos del país, la FEHGRA, a través de Invecq Consultora Económica, llevó a cabo un “Estudio sobre la Estructura y Relevancia económica de la Hotelería y Gastronomía” y una “Encuesta de Impacto del COVID-19 en el Sector Hotelero Gastronómico”, con el objetivo de actualizar datos sobre la situación de la actividad, severamente impactada por la cuarentena.
Los resultados obtenidos dan cuenta que en el ámbito de la hotelería la caída interanual de la actividad fue de 83% en abril y mayo. Y se proyecta una baja de 79% en junio, siendo la región más afectada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 65% de los empresarios hoteleros no podrá continuar con su empresa si la situación actual se prolonga en el tiempo. De esa cifra, 75,7% considera que se estará en situación de cierre en un periodo comprendido entre uno y tres meses. El 80% de los empresarios solicitó la ayuda del programa ATP y aun así solo el 41,7% pudo pagar en su totalidad los salarios del mes de abril.
Con respecto a otros costos del período abril y mayo, el 72% manifestó la imposibilidad de pago de alquileres; el 33% pudo pagar servicios y sólo el 19,8% pago los impuestos de manera total.BCasi la mitad de los encuestados, en abril y mayo, solicitó financiamiento bancario, aunque de ese grupo solo el 53% lo recibió.
En lo que refiere al sector gastronómico, la caída interanual fue de 84% en abril y mayo; y se proyecta un 73% de baja en junio. La categoría de establecimiento más afectada es la de restaurantes, mientras que la región más afectada fue la Patagonia.
El 75% de los empresarios gastronómicos no podrá continuar con su empresa si la situación actual se prolonga en el tiempo, de ellos un 62% considera que cerrará sus puertas definitivamente si no se les permite volver a trabajar antes del mes de agosto. Con respecto a los salarios, en abril, el 30.6% pagaron la totalidad y el resto se divide entre quienes lo hicieron parcialmente y quienes no pudieron abonarlos. El 86% solicitó el programa ATP para el pago de salarios, y de ese porcentaje el 82% lo recibió efectivamente.
Sólo el 10% aseguró que pudo pagar el alquiler, mientras que 19% pagó los servicios y apenas el 6,4% los impuestos. El 56% solicitó financiamiento bancario en abril y mayo, aunque de ese grupo poco más de la mitad lo recibió.
La actividad hotelera y gastronómica es el segundo sector en importancia medido por el impacto en el resto de la economía, ha incrementado en los últimos 15 años un 77% los puestos de trabajo, mientras que en el mismo período el total de la economía generó un crecimiento del empleo del 41%, y se ubica como el cuarto sector en intensidad del factor trabajo en el país.
Según la Federación, el sector es parte del complejo turístico, el tercer grupo exportador en importancia de bienes y servicios, con exportaciones anuales superiores a los 7.000 millones de dólares.
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
