Un turista argentino de 63 años fue detenido en la ciudad brasileña de Mina Gerais acusado de filmar y fotografiar a un niño de 7 años en un tren, al que calificó de "esclavo" en una conversación vía WhatsApp.

Eduardo Ignacio viajaba en una formación del tren María Fumaca en Teradentes, en la localidad de María Das Verdentes, donde habría utilizado su celular para tomar imágenes del menor y enviarlas a través de la aplicación de mensajería, según informó el diario O Globo.

El niño se encontraba junto a su madre, su tía, su abuela, un primo y otro familiar, con quienes abordó el ferrocarril en São João del-Rei, a fin de festejar el cumpleaños de su progenitora. En ese momento, un pasajero advirtió a la mujer por las actitudes del argentino, quien de inmediato rechazó las acusaciones y se negó a entregar su teléfono.

De acuerdo al testimonio de la mujer, le costó entender al turista por su acento, al tiempo que el señalado desbloqueó el celular y exhibió el material en la charla que entabló con otra persona.

"Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí"; "Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas"; "Es negrito, pero muy lindito, gorda"; y "Lo puedo llevar de esclavo", son algunas de las frases racistas que se observan en el diálogo y que se divulgaron en las redes sociales.

El hombre permanece retenido en la Comisaría Tercera Regional de São João del-Rei, donde espera el futuro de su situación judicial.

Se trata del tercer caso de un argentino acusado de racismo en el país vecino, donde la abogada Agostina Páez estuvo tres meses allí por un episodio ocurrido en enero con un grupo de mozos y la Justicia la imputó por injuria racial.

Luego, otro hombre insultó a la repositora de un supermercado y también fue arrestado.

La tensión volvió a escalar este sábado en Bolivia cuando policías antimotines se enfrentaron con manifestantes que intentaron retomar puntos de bloqueo en El Alto y en la carretera hacia Oruro, mientras el Gobierno activaba un operativo bautizado “Corredor humanitario de las banderas blancas” para abrir rutas y permitir el ingreso de alimentos, medicamentos, combustibles y oxígeno a las ciudades de La Paz y El Alto, parcialmente cercadas por cortes desde hace casi tres semanas.

Según imágenes difundidas por medios locales y reportes de agencias, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos cuando grupos de manifestantes, algunos con hondas y petardos, intentaron reorganizarse tras el paso de la caravana, de acuerdo a lo que pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En El Alto, al menos dos autopistas permanecían tomadas y en otra vía los vehículos circulaban entre escombros, mientras maquinaria y tractores avanzaban lentamente para retirar piedras y bloques de cemento acumulados desde hace 18 días.

El operativo comenzó de madrugada en El Alto—ciudad donde se ubica el aeropuerto internacional y un nodo clave de conexión hacia Chile y Perú—con un convoy estimado en alrededor de 150 vehículos entre camiones, autobuses y tractores, en una ruta de 227 kilómetros hacia Oruro. De acuerdo con la cobertura local, a medida que el convoy despejaba tramos, algunos grupos volvían a rearmar bloqueos tras su paso.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, encabezó la caravana y aseguró que la estrategia prioriza el diálogo y el uso de medios no letales. “Diálogo ante todo”, afirmó, al señalar que el despliegue se realiza con policías y militares “sin armas letales” y con la expectativa de una salida que “pacifique el país”.

La decisión de abrir un “corredor humanitario” se produce en medio de advertencias crecientes desde el sistema de salud. En Oruro, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, alertó que las reservas de oxígeno alcanzaban “para apenas un día más”, un mensaje que el Ejecutivo utilizó para justificar la urgencia del operativo.

Medios internacionales y locales han informado además sobre racionamientos y postergación de cirugías en hospitales públicos. Una crónica de Associated Press describió la situación en el Hospital del Niño de La Paz, donde—según su director—había oxígeno garantizado para 36 horas para 57 niños internados, mientras la Cruz Roja gestionaba un paso humanitario de un carro cisterna con oxígeno varado en Guaqui, en la frontera con Perú, para abastecer por unos diez días.

En paralelo, reportes sobre la crisis señalan que 12 hospitales en La Paz y cuatro en El Alto se estaban quedando sin oxígeno y que había hasta cuatro toneladas de oxígeno medicinal retenidas en rutas hacia Oruro y Desaguadero.

El desabastecimiento comenzó a sentirse con fuerza en mercados de La Paz, donde se registraron puestos cerrados—en especial de carne—y una oferta reducida de verduras. En el mercado de Villa Fátima, una compradora contó a AP que pagó 23 bolivianos (unos tres dólares) por un cuarto de kilo de carne con hueso, cuando antes le costaba alrededor de un dólar.

Ante el faltante de alimentos, el Gobierno desplegó vuelos con carne de res y pollo, utilizando dos aviones Hércules enviados por Argentina la semana anterior, mientras en puntos de venta estatales se observaron largas filas, según la misma cobertura.

El Ejecutivo ya había intentado un operativo similar el sábado anterior, pero fracasó: solo pudo avanzar “poco más de 50 kilómetros” hacia Oruro, en medio de enfrentamientos con manifestantes que utilizaron piedras y cargas de dinamita en El Alto, de acuerdo con reportes difundidos por prensa regional. [infobae.com], [noticiassin.com]

Este fin de semana, aunque el Gobierno remarcó el uso de banderas blancas para facilitar el diálogo, se registraron ataques puntuales contra la caravana: en algunos sectores se arrojaron piedras y se dañaron vidrios de maquinaria sin detener el avance del convoy.

La actual ola de protestas se alimenta de una combinación de demandas económicas y tensión política. Un resumen de antecedentes elaborado a partir de reportes de Agencia EFE indica que el conflicto comenzó a inicios de mayo con reclamos por demandas salariales, calidad de combustibles y rechazo a medidas en materia de tierras, y escaló hasta pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace seis meses.

En La Habana, una movilización oficialista reunió a militares, policías y trabajadores públicos para expresar respaldo a Raúl Castro tras la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El acto se desarrolló en la Tribuna Antiimperialista José Martí y buscó proyectar unidad frente a la ofensiva norteamericana.

El presidente Miguel Díaz-Canel encabezó parte del acto y en sus publicaciones en la red X denunció lo que llamó "mentes enfermas" en la administración de Donald Trump. Afirmó que la acusación busca dividir al país y advirtió que Cuba apelará a su "derecho a la legítima defensa" según normas internacionales.

En el escenario, consignas oficiales como "Por Cuba y por Raúl" se escucharon junto a pancartas y arengas del Partido Comunista. Líderes del gobierno y miembros del buró político estuvieron presentes para dar apoyo público a Raúl Castro.

Los datos oficiales muestran un derrumbe del turismo: 328.608 visitantes en los cuatro primeros meses, una baja del 55,8% interanual, y solo 30.551 viajeros en abril. Paralelamente la crisis energética persiste: la Unión Eléctrica estimó que un corte dejaría sin suministro al 58% del país durante la jornada anunciada.

Mariela Castro, presente en el acto, dijo a los medios: "A él nadie lo va a secuestrar, estamos preparados para el combate“. Defendió que la familia y las fuerzas están alerta y subrayó la idea de resistencia histórica, aludiendo a episodios como la Sierra Maestra y Girón como referencias fundantes del discurso estatal.

A todo esto, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la imputación y la calificó de inoportuna por los años transcurridos. En Washington, el presidente Trump afirmó que suspende viajes personales por asuntos de seguridad y la gestión de tensiones con Irán y la crisis cubana.

Después de la acusación, un funcionario federal dijo: "Esperamos que se presente aquí por voluntad propia o de otra manera“. Raúl Castro, de 94 años, enfrenta cargos que reavivan preguntas sobre posibles escenarios de detención.

El gobierno cubano calificó la imputación como "acción política" y reafirmó que la isla, pese a la presión externa, mantiene la decisión de resistir y defender su soberanía.