La automotriz Stellantis, que posee las fábricas de Fiat y Peugeot en Argentina, atraviesa un complejo panorama en el cierre de año y le anunció a sus operarios que a la mayoría de los 5 mil empleados que trabajan en las dos plantas se le anticiparán las vacaciones, con licencias distribuidas entre noviembre y diciembre, hasta retomar la actividad en enero.

Fuentes gremiales indicaron que la planta de Peugeot de El Palomar, Buenos Aires, dejó de operar este lunes y retomará los trabajos el 18 de enero de 2027 debido a la fuerte caída de ventas, especialmente en los modelos de Peugeot que se producen en el país, como el 208 y el 2008.

Según trascendió, durante dicho período está previsto que haya producción de vehículos solamente durante dos semanas entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, mientras que los días remanentes los operarios quedarán suspendidos o, hacia finales del 2026, con vacaciones anticipadas.

La planta de Córdoba se mantiene
Además, se registraron caídas en el volumen de exportaciones de las flamantes pick ups que salen desde la planta de Córdoba, la Fiat Titano y la RAM Dakota, por lo que trabajan bajo un esquema de producción ralentizada, que también frenará la actividad a inicios de diciembre.

Por otro lado, la línea de producción del Fiat Cronos continuará trabajando con normalidad hasta fin de año en la fábrica de Córdoba y está previsto un inicio de producción sin inconvenientes en la nueva fábrica que será inaugurada en el predio industrial cordobés en noviembre, para abastecer de motores nafteros e híbridos tanto a las pick ups como a otras plantas donde se fabrican modelos de Stellantis en Uruguay y en Brasil.

Desde Stellantis aclararon que no se realizaron despidos de operarios y, hace apenas unos días, Martín Zuppi, titular de la filial, descartó que alguna de las dos fábricas argentina cerrara sus puertas.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó este martes un nuevo aumento salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, acompañado por un bono extraordinario de $50.000 que se pagará en dos cuotas. La actualización beneficiará a unos 1,2 millones de empleados mercantiles de todo el país.

El entendimiento fue alcanzado por el sindicato que conduce Armando Cavalieri y las principales cámaras empresariales del sector: la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

La nueva paritaria establece tres incrementos mensuales del 1,9%, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre. A esas subas se suma una asignación extraordinaria de $50.000 para todas las categorías del convenio colectivo 130/75, que será abonada en dos pagos de $25.000 junto con los salarios de octubre y noviembre.

Además, se mantendrá durante el trimestre la suma fija no remunerativa de $120.000 que los trabajadores ya percibían por acuerdos anteriores. Ese importe comenzará a incorporarse gradualmente a los salarios básicos a partir de diciembre.

En medio de una carrera a contrarreloj, el Gobierno mantuvo una reunión con un grupo de diputados para lograr el tratamiento y la aprobación del proyecto sobre Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas, este martes 27 de octubre habrá un plenario en donde el oficialismo buscará dictaminar el proyecto y enviarlo al recinto.

Según la Agencia Noticias Argentinas, de la reunión participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y participaron diputados nacionales de distintos partidos, del PRO, del MID e incluso del Partido Justicialista (PJ).

La carrera por el tratamiento del proyecto viene frenada. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se postergó para el 27 del corriente mes a las 16 horas, donde se verá si al oficialismo le alcanza o no para conseguir dictamen. Sin embargo, y en caso de que lo logren, pocos apuestan a una sesión este mismo miércoles 28 de octubre, la última fecha libre que aparece en el calendario para aprobar el proyecto en el recinto.

El mayor problema es que noviembre es un mes "sold out": con un calendario presumiblemente saturado, donde dominará la discusión del Presupuesto y dejará pocos resquicios para tratar otras agendas. Pero además presenta otros inconvenientes a la hora de encontrar una fecha plausible de sesión: los feriados por la visita del Papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos complican la planificación legislativa.

"Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos", sostuvo Ravier en sus redes, luego de la reunión.

A su vez, indicó que la Ley de Defensa de la Soberanía es "prioridad para este Gobierno" porque la causa Malvinas "es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro".

Los puntos clave del proyecto del Gobierno
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.

Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.

Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.

Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

El presidente Javier Milei durante su discurso en cadena nacional.
El presidente Javier Milei durante su discurso en cadena nacional.
Foto: Agencia NA (Captura pantalla)
El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.

Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.

Por otro lado, se prohibirán aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.

También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.

Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales.

Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.

Agencia NA