MALVINAS
El Tribunal del Mar fijó audiencias por reclamo argentino contra proyecto petrolero
20 de octubre de 2026
El Tribunal del Mar (ITLOS) convocó a audiencias para el 10 y 11 de noviembre por la presentación del Gobierno para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Ilsas Malvinas. La semana pasada la Cacilleríarecurrió al organismo con sede en Alemania para frenar la iniciativa en el archipiélago.
La fecha fue fijada por el presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga, mediante una providencia del 20 de octubre. La audiencia se realizará en la sala principal del organismo y será pública. Según informó el ITLOS, el cronograma detallado se difundirá en su sitio web.
Argentina presentó la solicitud el 13 de octubre, en el marco de una disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico sudoccidental. El pedido se apoya en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la intervención del tribunal cuando se solicitan medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral que analizará el fondo del caso.
La audiencia será una instancia para que las partes expongan sus argumentos sobre la petición. La convocatoria no implica que el tribunal ya haya resuelto si corresponde frenar las actividades petroleras: esa decisión llegará después de evaluar los planteos y la documentación presentada.
El Gobierno argentino busca que se suspenda la explotación de hidrocarburos en el área mientras se tramita el arbitraje. En su presentación, sostiene que el Reino Unido no puede avanzar de manera unilateral con actividades sobre recursos naturales en una zona cuya soberanía reclama la Argentina. También plantea que el desarrollo podría generar riesgos ambientales en el Atlántico Sur.
El reclamo incluye el proyecto Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago y operado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La iniciativa prevé la extracción de petróleo en una zona que la Argentina considera bajo disputa. Las compañías tienen previsto iniciar la perforación de la primera fase en 2027 y comenzar la producción en 2028, de acuerdo con la información citada en la presentación argentina.
La Cancillería acudió al Tribunal del Mar después de iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención sobre el Derecho del Mar. El procedimiento busca que un tribunal arbitral examine la controversia entre ambos países. La solicitud de medidas provisionales se plantea para el período previo a su constitución y apunta a evitar que las actividades en la zona avancen mientras se desarrolla el proceso.
El caso no supone que el Tribunal del Mar vaya a pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La audiencia se enmarca en el pedido urgente de medidas provisionales presentado por la Argentina y en la controversia vinculada con la explotación de hidrocarburos.
El Reino Unido comunicó que participará del procedimiento, aunque rechazó el planteo argentino y sostuvo que la presentación no modifica las licencias otorgadas ni obliga a detener las actividades. La postura británica y los argumentos de la Argentina serán expuestos ante los jueces durante las audiencias de noviembre.
La sesión podrá seguirse en directo por el sitio web del tribunal. (TN)
MALVINAS
El buque de la Real Armada británica tuvo que ser remolcado
El HMS Protector, uno de los principales buques británicos destinados a operaciones polares, sufrió una avería que obligó a remolcarlo hasta el puerto de Devonport. El incidente ocurrió en medio de las tensiones entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas
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Según informaron medios británicos, el HMS Protector presentó una falla en sus sistemas de propulsión que le impidió continuar navegando por sus propios medios. La embarcación, de más de 5.000 toneladas de desplazamiento, debió ser trasladada hasta Devonport para evaluar los daños y determinar las reparaciones necesarias.
Según informaron medios británicos, el HMS Protector presentó una falla en sus sistemas de propulsión que le impidió continuar navegando por sus propios medios. La embarcación, de más de 5.000 toneladas de desplazamiento, debió ser trasladada hasta Devonport para evaluar los daños y determinar las reparaciones necesarias.
El incidente representa un contratiempo para la Royal Navy, debido a que se trata de una unidad preparada para operar en condiciones climáticas extremas. Hasta el momento, las autoridades británicas no precisaron cuánto tiempo permanecerá fuera de servicio ni cuál fue el alcance del desperfecto mecánico.
El buque fue construido originalmente en Noruega bajo el nombre de MV Polarbjørn y participó en investigaciones científicas durante la década de 2000. En 2011, Reino Unido lo alquiló para reemplazar al HMS Endurance y, dos años después, concretó su compra para incorporarlo definitivamente a la flota.
Desde su incorporación, el HMS Protector cumple funciones de patrullaje y apoyo a operaciones científicas en regiones polares. También desarrolla actividades en el Atlántico Sur, donde Reino Unido mantiene presencia militar en territorios cuya soberanía reclama la Argentina, entre ellos las Islas Malvinas.
La avería volvió a generar interrogantes sobre la disponibilidad operativa de la Armada británica, que enfrenta cuestionamientos por el estado de distintas unidades de su flota. La situación del patrullero se suma a las preocupaciones sobre los recursos destinados a mantener buques de superficie, submarinos y embarcaciones de apoyo.
En paralelo, la Royal Navy confirmó que el reemplazo del HMS Protector está contemplado en los planes de inversión del Ministerio de Defensa británico. El objetivo es incorporar una plataforma moderna que permita sostener las operaciones polares. Sin embargo, todavía no se anunciaron fechas para su llegada ni detalles sobre cuándo podría volver a navegar el buque averiado.
MALVINAS
Reclamo ante el Tribunal del Mar
El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.
El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.
La República Argentina reafirmó además sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”. (NA)
MALVINAS
Ingleses van por todo
El Gobierno del Reino Unido confirmó que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, una definición que formaliza la intervención directa de Londres en las futuras autorizaciones para la explotación petrolera en el archipiélago.
La precisión fue incluida en una respuesta parlamentaria presentada este jueves ante la Cámara de los Lores, en medio de la renovada tensión con la Argentina por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
La respuesta fue elaborada por Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento, ante una consulta del conservador Lord Moynihan. El Gobierno británico sostuvo que mantiene su posición sobre el supuesto derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales y vinculó ese derecho con la autodeterminación de los habitantes del archipiélago.
La respuesta oficial establece que “cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado”, quien debe actuar de acuerdo con la legislación aplicable en las islas. Al mismo tiempo, Londres aclaró que no realizará comentarios sobre licencias individuales.
La definición no implica que el Gobierno británico asuma toda la regulación de la actividad petrolera. Según la misma respuesta, el Gobierno de las Islas Malvinas mantiene la responsabilidad sobre el desarrollo de los hidrocarburos y el marco regulatorio correspondiente, incluidas las normas de seguridad y protección ambiental.
De esta manera, el esquema contempla una participación de las autoridades locales en el proceso regulatorio, pero establece que las nuevas licencias necesitan además el consentimiento del secretario de Estado británico.
La intervención de Londres ya había sido explicitada el 15 de septiembre, cuando el Gobierno británico respondió en la Cámara de los Comunes que el secretario de Estado actúa de acuerdo con la legislación de las islas al decidir si presta su consentimiento a nuevas licencias de hidrocarburos.
La consulta parlamentaria también buscaba conocer si el secretario de Estado había dado su consentimiento al desarrollo y al programa de producción del campo petrolero Sea Lion Northern.
La respuesta del Gobierno británico evitó confirmar o negar una autorización específica y señaló que no realiza comentarios sobre licencias individuales.
El proyecto Sea Lion es uno de los principales emprendimientos hidrocarburíferos que se desarrollan alrededor de las Malvinas y está impulsado por empresas vinculadas con la explotación de la Cuenca Malvinas Norte.
La Argentina rechaza el proyecto y sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área sin autorización argentina desconocen sus derechos sobre los recursos naturales.
La definición británica se conoce mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza las medidas contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
En septiembre, la Casa Rosada anunció procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con esas actividades y presentó una denuncia penal contra compañías relacionadas con Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum Development & Production Ltd. y otras firmas asociadas al proyecto.
