De los 266 cargos vacantes, 159 se encuentran todavía en la etapa del Consejo de la Magistratura, 77 ya pasaron al Poder Ejecutivo y 30 están en el Senado. En el Consejo hay, además, 75 concursos en trámite, que pueden abarcar una o más vacantes. Ante este escenario, Alfonso Santiago, constitucionalista de la Universidad Austral, propone acelerar y transparentar los procesos de selección, medir el impacto de las reformas procesales y evaluar periódicamente el desempeño de los jueces.

La cobertura de las vacantes judiciales continúa siendo uno de los desafíos del funcionamiento de la Justicia nacional y federal. El Mapa Dinámico de Concursos del Consejo de la Magistratura registra actualmente 266 cargos vacantes distribuidos en distintas etapas del proceso de selección y designación: 159 permanecen en trámite dentro del Consejo, 77 se encuentran en el Poder Ejecutivo y otros 30 en el Senado.

Los números permiten también distinguir entre vacantes y concursos. Actualmente existen 75 concursos en trámite en el Consejo de la Magistratura, pero esa cifra no representa otros 75 cargos que deban sumarse a los 266: un mismo concurso puede involucrar una o más vacantes. El mapa oficial informa por separado la cantidad de concursos y la de cargos vacantes en cada etapa.

En este contexto, Alfonso Santiago, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, plantea cuatro reformas para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial: modificar el sistema de concursos, evaluar empíricamente las reformas procesales, establecer mecanismos de evaluación del desempeño de los magistrados y fortalecer una cultura de servicio judicial. Las propuestas fueron publicadas en un artículo en El Derecho.

Concursos anticipados y menos discrecionalidad

Uno de los principales focos está puesto en el mecanismo para seleccionar magistrados. Santiago sostiene que las demoras y la falta de transparencia de parte de los concursos constituyen obstáculos para el funcionamiento del Poder Judicial y señala la discrecionalidad existente en la conformación de las ternas.

Como respuesta, destaca el proyecto de nuevo Reglamento de Concursos aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada 4/2026, que fue remitido al Consejo de la Magistratura para su tratamiento. La iniciativa propone que los concursos anticipados sean la regla, de modo que puedan iniciarse sin esperar a que se produzca una vacante, además de introducir un legajo digital auditable y criterios tabulados para evaluar antecedentes.

Otro cambio apunta directamente a reducir la discrecionalidad. El proyecto establece que la entrevista personal puede otorgar un máximo de 20 puntos sobre un total de 200, es decir, el 10% del puntaje, y plantea reglas objetivas para la integración de ternas y listas complementarias. También propone una evaluación técnica en dos etapas con mecanismos destinados a garantizar el anonimato de los postulantes.

“Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales”, sostiene Santiago respecto de la reforma.

Medir si las reformas realmente aceleran los juicios

El segundo planteo apunta a un problema diferente: conocer si las reformas procesales que se vienen implementando efectivamente reducen los tiempos judiciales.

Santiago señala que en los últimos años se aprobaron numerosas modificaciones procesales, tanto en el ámbito nacional como provincial, destinadas a agilizar los juicios. Su propuesta es medir su impacto real sobre la duración y eficiencia de los procesos y utilizar esa evidencia para determinar qué reglas y prácticas deberían mantenerse o extenderse.

El enfoque supone pasar de discutir las reformas únicamente desde el plano normativo a compararlas a partir de resultados: cuánto tardaban los procesos antes y después de los cambios y qué mecanismos consiguieron efectivamente reducir esos tiempos.

Evaluar el desempeño de los jueces

La tercera propuesta introduce otro eje de discusión: qué ocurre una vez que un magistrado ya fue designado.

Santiago sostiene que el sistema argentino desarrolló procedimientos para seleccionar, designar, disciplinar y eventualmente remover magistrados, pero que sigue pendiente un mecanismo adecuado de evaluación periódica de su desempeño. Propone que los jueces rindan cuenta objetivamente de su actuación ante sus superiores, los abogados, los justiciables y la sociedad.

El punto de partida es una diferencia que, según el constitucionalista, puede observarse dentro del propio sistema: juzgados que trabajan con cantidades similares de personal, infraestructura y las mismas reglas procesales presentan resultados distintos en eficiencia y calidad de gestión. Para Santiago, medir esas diferencias permitiría identificar buenas prácticas y mejorar el funcionamiento institucional.

Una discusión que llega al Consejo de la Magistratura

El cuarto eje planteado es menos reglamentario y apunta a promover una cultura de servicio al ciudadano dentro del Poder Judicial. Santiago considera que las reformas institucionales necesitan acompañarse de cambios en las prácticas de quienes integran la Justicia y del liderazgo de sus autoridades.

El debate adquiere además una dimensión institucional inmediata. El propio Santiago señala la próxima elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura como una oportunidad para discutir el funcionamiento, la transparencia y la eficiencia del Poder Judicial.

La magnitud de las vacantes coloca esa discusión sobre datos concretos: 266 cargos se encuentran actualmente en alguna instancia del proceso de cobertura y 159 de ellos todavía permanecen en el Consejo de la Magistratura. La discusión que plantea Santiago es cómo reducir esos tiempos y, al mismo tiempo, incorporar mecanismos que permitan evaluar no solamente cómo se elige a los jueces, sino también cómo funcionan los tribunales una vez que esos cargos son cubiertos.

Frente a una situación económica y financiera delicada, más de 30 cámaras y asociaciones que agrupan a clínicas, sanatorios y hospitales privados de todo el país solicitaron una audiencia de carácter urgente con las autoridades del Gobierno Nacional para acordar medidas que eviten el colapso del sistema asistencial.

Según explicaron, la combinación entre el atraso en los valores arancelarios, la escalada de costos operativos y las deudas acumuladas —especialmente en los servicios brindados a afiliados de PAMI— pone en serio peligro la continuidad de numerosas instituciones médicas.

A través de un comunicado conjunto, las prestadoras enfatizaron el peso estratégico de la medicina privada en la infraestructura sanitaria nacional, al señalar que el sector concentra el 51% de los establecimientos con internación y el 56% de la totalidad de las camas del país, brindando empleo directo a más de 330.000 trabajadores de la salud.

Las prestadoras también advirtieron que un eventual cierre o paralización de sanatorios privados derivaría en un agravamiento de la demanda sobre los hospitales públicos, que ya funcionan al límite de su capacidad. "Necesitamos una instancia de diálogo urgente con el Gobierno para preservar la respuesta sanitaria de millones de argentinos", concluyeron.

Este no es el primer que realizaron las entidades: a lo largo del año, pidieron encuentros para establecer acuerdos. En el oficialismo, sin embargo, esperan una respuesta del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien prometió fondos para que la problemática no escale pero hasta el momento no existieron resoluciones acerca de la cancelación de las obligaciones. (NA)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre registró una suba del 1,9%, lo que muestra una aceleración del 0,2% en relación al 1,7% registrado en la medición de agosto, según confirmó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, los precios acumulan un alza del 23,6% en lo que va del año y del 33,4% en la comparación interanual. 

La cifra del 1,9% mensual vuelve a frustrar los planes del Gobierno, que no logra consolidar la baja a largo plazo: la variación de los precios se fue desacelerando desde abril, aumentó nuevamente en la medición de julio (+2,1%) y en agosto se había revertido otra vez la tendencia.

El dato coincidió con las cifras que anticipaba el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas: en ese reporte, las consultoras preveían que la inflación del noveno mes de 2026 estaría en torno al 1,9%, con una interanual a fin de año ubicada en un 30,3%.

La división con mayor incremento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

También quedaron por encima del nivel general Educación con un aumento del 3%; Comunicación con 2,5%; Salud, con 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2%.

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles aumentó 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una suba del 1,4%. Fueron las dos divisiones con menor variación a nivel nacional.