El Gobierno del Reino Unido confirmó que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, una definición que formaliza la intervención directa de Londres en las futuras autorizaciones para la explotación petrolera en el archipiélago.

La precisión fue incluida en una respuesta parlamentaria presentada este jueves ante la Cámara de los Lores, en medio de la renovada tensión con la Argentina por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

La respuesta fue elaborada por Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento, ante una consulta del conservador Lord Moynihan. El Gobierno británico sostuvo que mantiene su posición sobre el supuesto derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales y vinculó ese derecho con la autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

La respuesta oficial establece que “cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado”, quien debe actuar de acuerdo con la legislación aplicable en las islas. Al mismo tiempo, Londres aclaró que no realizará comentarios sobre licencias individuales.

La definición no implica que el Gobierno británico asuma toda la regulación de la actividad petrolera. Según la misma respuesta, el Gobierno de las Islas Malvinas mantiene la responsabilidad sobre el desarrollo de los hidrocarburos y el marco regulatorio correspondiente, incluidas las normas de seguridad y protección ambiental.

De esta manera, el esquema contempla una participación de las autoridades locales en el proceso regulatorio, pero establece que las nuevas licencias necesitan además el consentimiento del secretario de Estado británico.

La intervención de Londres ya había sido explicitada el 15 de septiembre, cuando el Gobierno británico respondió en la Cámara de los Comunes que el secretario de Estado actúa de acuerdo con la legislación de las islas al decidir si presta su consentimiento a nuevas licencias de hidrocarburos.

La consulta parlamentaria también buscaba conocer si el secretario de Estado había dado su consentimiento al desarrollo y al programa de producción del campo petrolero Sea Lion Northern.

La respuesta del Gobierno británico evitó confirmar o negar una autorización específica y señaló que no realiza comentarios sobre licencias individuales.

El proyecto Sea Lion es uno de los principales emprendimientos hidrocarburíferos que se desarrollan alrededor de las Malvinas y está impulsado por empresas vinculadas con la explotación de la Cuenca Malvinas Norte.

La Argentina rechaza el proyecto y sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área sin autorización argentina desconocen sus derechos sobre los recursos naturales.

La definición británica se conoce mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza las medidas contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

En septiembre, la Casa Rosada anunció procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con esas actividades y presentó una denuncia penal contra compañías relacionadas con Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum Development & Production Ltd. y otras firmas asociadas al proyecto.

Tal como lo había expresado a inicios de septiembre, cuando Casa Rosada expuso que incluiría la estrategia comercial para el reclamo por la soberanía en las islas Malvinas, la firma estadounidense Halliburton, líder de extracción y producción de petróleo, ratificó que no operará en territorio nacional ni se vinculará con el proyecto Sea Lion.

"La Oficina del Presidente celebra la decisión de Halliburton Company, una de las principales compañías de servicios petroleros del mundo, de ratificar su compromiso con la República Argentina, confirmando de manera definitiva que ninguna de sus filiales, tanto en el país como en el resto del mundo, prestará servicios para el proyecto Sea Lion ni participará en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas", planteó el Ejecutivo desde sus redes sociales.

Luego consideraron que la decisión, atribuida a la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería Argentina, representa "un nuevo resultado de las medidas impulsadas por el Presidente Javier G. Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes".

El comunicado además promete que el gobierno "continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país y procurará que ninguna actividad económica contribuya a consolidar una situación contraria a la posición argentina".

Reino Unido rechazó este miércoles el arbitraje internacional que Argentina pide para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas y calificó la acción como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.

“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.

Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”.

Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional

Crece la tensión en las Islas Malvinas luego de que un grupo de isleños reclamara restringir el ingreso de argentinos tras denunciar una serie de episodios en los que visitantes habrían desplegado banderas argentinas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.

Según publicó el diario británico Daily Express, los incidentes se habrían multiplicado durante las últimas semanas y llevaron a algunos residentes a pedir que se impida directamente la llegada de argentinos al archipiélago.

Ante esos reclamos, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, admitió que las autoridades están estudiando qué medidas podrían tomar, aunque señaló que por el momento existen limitaciones legales.

“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, afirmó Goss. Sin embargo, advirtió: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que la gente venga”.

El legislador sostuvo además que la Asamblea comenzó a evaluar “formas y medios” para evitar ese tipo de episodios, pero insistió en que cualquier decisión deberá ajustarse al marco legal vigente.

“Tenemos que adoptar una postura más firme. No podemos permitir que haya cada vez más personas que, bajo la idea de que están visitando las islas, lo hagan para impulsar una agenda política. No es aceptable”, planteó.

Actualmente, los ciudadanos argentinos pueden ingresar a las islas siempre que cumplan con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades locales.

Entre otras condiciones, se exige acreditar alojamiento, fondos suficientes para la estadía, pasaje de salida y un seguro médico que cubra una eventual evacuación. Los permisos de visitante entregados al arribar tienen, en general, una vigencia máxima de un mes.

Las autoridades isleñas, además, solicitan expresamente a los visitantes no exhibir públicamente banderas argentinas ni utilizar uniformes militares argentinos, al considerar que esas acciones pueden generar “preocupación y angustia” entre los habitantes a raíz de la guerra de 1982. La recomendación no equivale, sin embargo, a una prohibición general de portar la bandera argentina.

En la información oficial para turistas, las autoridades de las islas también consideran ofensivo utilizar la denominación “Malvinas” y piden a los visitantes utilizar “Falkland Islands”, una postura que se contrapone con el reclamo histórico y constitucional de soberanía de la Argentina.

Las declaraciones de Goss se producen en medio de una nueva escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean a las islas.

A comienzos de septiembre, el gobierno de Javier Milei inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas vinculadas con actividades petroleras en la zona y presentó denuncias contra firmas involucradas en el proyecto de explotación conocido como Sea Lion.

Además, el 28 de septiembre la Casa Rosada anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para intentar impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

En ese contexto, Goss vinculó los últimos episodios con el endurecimiento de la posición argentina: “Estamos escuchando mucho ruido proveniente de la Argentina. Ya vimos indicios de esto en Naciones Unidas y sabíamos que iba a haber mucho más”.

El legislador isleño aseguró, de todas formas, que esas acciones no modificarán la postura de los habitantes: “No estamos intimidados. Hemos crecido, somos fuertes y vamos a seguir fortaleciéndonos. Es sólo ruido y no vamos a dejar que nos afecte”.

La Constitución Nacional argentina establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye un objetivo “permanente e irrenunciable”, respetando el modo de vida de sus habitantes y de acuerdo con los principios del derecho internacional. (TN)