El juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca ordenó suspender el último aumento de tarifas autorizado por el gobierno bonaerense para La Plata y el interior de la provincia hasta tanto no se hagan las audiencias públicas para discutirlas que indica la ley

La resolución, una cautelar firmada por el juez Agustín López Cóppola, alcanza a los usuarios abastecidos por las distribuidoras EDELAP (La Plata), EDES (sur de la provincia), EDEA (Costa Atlántica) y EDEN (norte del territorio) pero no menciona a las cooperativas que dan el servicio, aunque fuentes al tanto de la decisión explicaron a DIB que es extensible a ellas aunque se trata de un paso que podría requerir de una nueva intervención del juez.

Se trata de incrementos dispuestos por la resolución 585/2026 del ministerio de Infraestructura, firmada por el ministro Gabriel Katodopis y el gobernador Axel Kicillof y que se activó a raíz de una presentación del Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino.

El cuadro tarifario que ahora se suspender rigió desde el el 1° de agosto, con aumentos respecto del anterior sobre los componentes provinciales de la tarifa, principalmente el Valor Agregado de Distribución (VAD). Ahora, los usuarios deberán abstenerse de aplicarlo y, además, facturar según el esquema anterior.

El fallo también dispone que si las o los usuarios percibieron montos bajo los nuevos valores, las sumas cobradas deberán ser imputadas como un saldo a favor en la próxima factura.

El centro del cuestionamiento de Lorenzino es formal: las distribuidoras, argumentó, no realizaron las audiencias públicas para debatir los aumentos que marca la ley, que no son vinculantes pero sí son obligatorias.

Lorenzino dijo en ese sentido que “las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente con la sociedad”.

Al citar jurisprudencia provincial y nacional sobre el derecho a los usuarios y consumidores a una información adecuada y veraz, el magistrado recortó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó la relevancia constitucional de la participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de las tarifas".

En ese sentido, recordó que la Corte dijo que en esta cuestión "la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida" y señaló que "es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio".

Y, remarcó que "la participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información adecuada y veraz y un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno".

En este contexto, apuntó el juez, "si bien las adecuaciones tarifarias no resultan equiparables a una nueva Revisión Tarifaria Integral -donde la propia demandada no duda en la necesidad de realizar la audiencia pública- el prolongado período transcurrido desde la última instancia de participación de los usuarios se opone prima facie a las pautas jurisprudencias mencionadas".

Además, advirtió que ante "el tiempo transcurrido y la jurisprudencia citada", el informe oficial sobre que "los incrementos tarifarios conferidos hasta la fecha se encuentran por debajo de la polinómica de ajuste aprobada por el Anexo 149 de la Resolución MlySP N° 419/2017 que fue puesta a consideración de los usuarios en forma previa a su aprobación", no modifica en nada la falta que apuntó la Defensoría.

De esa forma, el gobierno bonaerense había aludido a unas audiencias públicas de finales de 2016 en las ciudades de Olavarría y La Plata. Pero eso tampoco conformó al juez que señaló que desde entonces habían pasado casi diez años .

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes el acuerdo con las empresas concesionarias de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para mantener suspendida durante 90 días, hasta mediados de octubre, la aplicación del nuevo valor de la tarifa básica del servicio.

La medida alcanza al semestre que comenzó el 16 de julio y establece que la suspensión se extenderá hasta el 14 de octubre de 2026. En la segunda parte del año, de acuerdo a lo que estaba previsto, la tarifa debería subir un 17%,

La decisión fue formalizada por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, que aprobó el Acta Acuerdo firmada entre la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular y los representantes de las empresas concesionarias.

La tarifa básica corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y, de acuerdo con el esquema establecido por la Provincia, se calcula en función del salario básico de los trabajadores del sector. La normativa dispone que el valor debe actualizarse semestralmente de acuerdo con la variación de ese salario.

Los valores de la VTV
La última actualización había sido establecida a fines de 2025 y fijó, desde el 16 de enero de 2026, una tarifa básica de $97.057,65, IVA incluido. Para el semestre iniciado el 16 de julio, las empresas concesionarias habían solicitado llevar la tarifa básica a $114.105,99, en función del acuerdo salarial firmado entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

Sin embargo, la aplicación del nuevo valor fue postergada por acuerdo entre la Provincia y las concesionarias. Según consta en la resolución, la decisión respondió a la situación de ajuste general de la economía y tuvo como objetivo evitar un impacto negativo sobre los usuarios.

La medida se refiere específicamente a la tarifa básica utilizada como referencia para los vehículos de hasta 2.500 kilos y no modifica el sistema general de Verificación Técnica Vehicular, que continúa siendo obligatorio para los vehículos matriculados en la provincia de Buenos Aires.

Los otros valores de VTV, desde ya, también estarán congelados. El costo actual para las motos es de $38.801,03; mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.

En su visita a Bahía Blanca, el presidente Javier Milei recorrió este viernes, entre otras, las instalaciones de la Compañía Mega S.A. empresa que se sumó al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) para potenciar la producción que llega del yacimiento de Vaca Muerta.

Milei llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. También se sumaron a la recorrida por las empresas Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía; y Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega.

Mega viene cumpliendo un plan de expansión de aproximadamente 365 millones de dólares destinado a ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural (NGLs) y acompañar el crecimiento de Vaca Muerta. El proyecto generará alrededor de 770 puestos de trabajo durante su construcción, informó el Gobierno.

Luego, Milei recorrió las instalaciones de la empresa Louis Dreyfus que va a invertir alrededor de 400 millones de dólares para la construcción de una nueva planta procesadora de soja y girasol en la ciudad, un complejo que, según la firma, incluirá una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo.

Por último, el Presidente sobrevoló junto al dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, el predio donde se radicará una planta de fertilizantes en base a urea.

Tras conocer el complejo portuario-industrial, Milei mantendrá reuniones políticas en un hotel céntrico para finalizar su visita a Bahía Blanca saludando a la militancia