En su visita a Bahía Blanca, el presidente Javier Milei recorrió este viernes, entre otras, las instalaciones de la Compañía Mega S.A. empresa que se sumó al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) para potenciar la producción que llega del yacimiento de Vaca Muerta.

Milei llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. También se sumaron a la recorrida por las empresas Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía; y Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega.

Mega viene cumpliendo un plan de expansión de aproximadamente 365 millones de dólares destinado a ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural (NGLs) y acompañar el crecimiento de Vaca Muerta. El proyecto generará alrededor de 770 puestos de trabajo durante su construcción, informó el Gobierno.

Luego, Milei recorrió las instalaciones de la empresa Louis Dreyfus que va a invertir alrededor de 400 millones de dólares para la construcción de una nueva planta procesadora de soja y girasol en la ciudad, un complejo que, según la firma, incluirá una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo.

Por último, el Presidente sobrevoló junto al dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, el predio donde se radicará una planta de fertilizantes en base a urea.

Tras conocer el complejo portuario-industrial, Milei mantendrá reuniones políticas en un hotel céntrico para finalizar su visita a Bahía Blanca saludando a la militancia

El Gobierno de Axel Kicillof reglamentó este jueves la nueva ley destinada a garantizar los derechos de las personas en situación de calle y de quienes se encuentran en riesgo de atravesar esa situación en la provincia de Buenos Aires.

El nuevo régimen establece un abordaje integral que incluye asistencia social y sanitaria, acceso a documentación, acompañamiento para conseguir trabajo y políticas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda permanente.

La norma define como personas en situación de calle a quienes habitan en la vía pública o en espacios públicos de manera transitoria o permanente, utilicen o no servicios de asistencia o alojamiento nocturno. También alcanza a quienes se encuentran en riesgo de quedar en esa situación, como personas que deben egresar de establecimientos sin contar con una vivienda, quienes enfrentan un desalojo y no tienen recursos para procurarse un hogar, y quienes viven en asentamientos precarios o en condiciones de hacinamiento.

La Dirección de Atención a Familias en Situación de Calle será la autoridad de aplicación. Entre sus responsabilidades estará la implementación de políticas para garantizar el acceso a servicios sociales y de salud, asistencia para obtener un trabajo digno y medidas orientadas al acceso efectivo a una vivienda permanente.

Si bien no hay números actualizados, a nivel nacional el ministerio de Capital Humano realizó el primer relevamiento nacional sobre personas en situación de calle e identificó 9.421 personas. Sin embargo, ese número no contempla a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ese número está lejos de lo que plantean las organizaciones sociales, que hablan de una cifra mucho mayor.

Centros para las personas en situación de calle
Uno de los principales instrumentos previstos es la creación de una Red Provincial de Centros de Integración Social, que incorporará establecimientos provinciales y municipales. Los centros tendrán acceso voluntario e irrestricto y deberán funcionar de manera continua durante todo el año. Allí se brindarán alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de salud, además de talleres, espacios terapéuticos y actividades de formación y capacitación laboral.

El nuevo esquema también crea un Sistema Provincial de Atención Telefónica permanente y gratuito, que deberá funcionar en articulación con los municipios para permitir la intervención de los organismos correspondientes. A su vez, se establece un Servicio Móvil de Atención Social, con profesionales y operadores sociales, destinado a detectar situaciones de calle, brindar alimentos, vestimenta, abrigo y contención, intervenir ante emergencias habitacionales y ofrecer asistencia sanitaria.

Otro de los puntos establecidos es la posibilidad de acceder gratuitamente a la documentación necesaria para acreditar la identidad. La autoridad de aplicación deberá coordinar con el Registro de las Personas la tramitación de partidas de nacimiento, DNI y otras constancias. Además, se implementará una referencia administrativa postal para que las personas en situación de calle puedan recibir correspondencia y acceder a distintos servicios y trámites.

La ley establece que no podrá negarse atención a una persona por no contar con DNI u otra documentación y dispone que el Estado deberá implementar acciones para evitar situaciones de discriminación y estigmatización. También establece que deberán agotarse las instancias de articulación de las medidas asistenciales antes de recurrir al uso coercitivo de la fuerza pública.

El nuevo régimen contempla además la creación de una Comisión Interministerial e Intersectorial, con participación de las áreas provinciales de Salud, Hábitat y Desarrollo Urbano, Trabajo, Mujeres y Diversidades y del Registro Provincial de las Personas. Los municipios, organizaciones sociales, colegios profesionales y cultos religiosos podrán ser convocados para participar.

La nueva legislación deroga en su totalidad la Ley 13.956, sancionada en 2009, y todas las normas que se opongan al nuevo régimen. La autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con los municipios para implementar las distintas medidas previstas en todo el territorio bonaerense.

Fuente: Agencia DIB

Desde este martes 15 de septiembre se sancionará con multas que irán de $228.100 a $684.300 la evasión del peaje en la Autopista La Plata-Buenos Aires. Así lo recordó Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), quien destacó que los titulares tendrán 30 días para regularizar la situación antes de que el acta sea remitida a la autoridad competente.

La medida surge del convenio suscripto entre el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y la Dirección de Vialidad Nacional, que facultó a la firma estatal para constatar y sancionar infracciones vinculadas con la evasión de peaje y el exceso de carga de vehículos pesados.

Según explicó Aubasa, el objetivo es fortalecer el cumplimiento de las normas de circulación, promover una movilidad más segura y proteger la infraestructura vial utilizada diariamente por miles de personas.

La evasión del peaje, además de constituir una infracción, puede generar maniobras riesgosas que ponen en peligro a otros usuarios y afectan el normal funcionamiento de las estaciones de cobro.

¿Cómo detectará Aubasa las infracciones?
Para detectar las infracciones, Aubasa cuenta con un sistema de cámaras instalado en las estaciones de peaje. Los dispositivos registran automáticamente la fecha, la hora, el lugar y la imagen del vehículo involucrado, información con la que se genera el acta correspondiente.

Antes de que se aplique la sanción, el titular del vehículo tendrá un plazo de 30 días corridos para regularizar su situación. Para hacerlo deberá abonar los peajes adeudados y adherirse al sistema TelePase a través del portal de pagos de Aubasa. Si una vez cumplido ese plazo no se realiza la regularización, el acta será remitida a la autoridad competente para la emisión de la multa y su posterior notificación al titular registral del vehículo.

Cabe recordar que para el bimestre septiembre-octubre, el valor de la Unidad Fija es de $2281. Y la sanción económica por evadir un peaje irá de 100 a 300 UF, según el Decreto N.º 532/09 de la Provincia de Buenos Aires.