País
Buscan sembrar 50 mil hectáreas al costado de rutas nacionales
14 de agosto de 2026
Dos proyectos de ley que comenzaron a debatirse en la Cámara de Diputados buscan habilitar la siembra en las áreas aledañas a las rutas nacionales (banquinas), algo hoy prohibido. La idea, que también en la provincia de Buenos Aires viene generando debate, permitiría sembrar unas 50.000 hectáreas al costado de estas vías.
Los proyectos pertenecen a los diputados Javier Sánchez Wrba (PRO) y Agustina Propato (Unión por la Patria) apuntan a aprovechar superficies que hoy pueden encontrarse sin uso productivo, a través de permisos precarios y onerosos, manteniendo las condiciones necesarias para la circulación y el mantenimiento de las rutas. Cabe aclarar que no se incluye la posibilidad de sembrar sobre las banquinas ni sobre las franjas de seguridad vial.
Las propuestas buscan revertir la prohibición de producir que hoy rige sobre esos espacios, algo que, «durante años fue una práctica habitual, hasta que una resolución de 2008 dejó sin efecto el régimen que permitía otorgar permisos para la siembra, cultivo y cosecha», contaron desde la Fundación Barbechando.
Según se informó, en la propuesta de Sánchez Wrba “los productores frentistas tendrían prioridad para acceder, mediante el pago de un canon, a los permisos de uso productivo de las franjas adyacentes a la calzada -tierras que hoy en día son de dominio público- para poder producir”.
Barbechando precisó que, respecto al destino de los fondos que se recauden vía el permiso, “solo existe una diferencia instrumental: por parte del PRO el destino es el mantenimiento de la Red Vial Nacional mientras que la propuesta de UXP tiene un fin social y cooperativo”.
“De acuerdo con una estimación incorporada al proyecto, si se consideraran aproximadamente dos hectáreas adicionales por cada kilómetro lineal en las zonas productivas y se tomara como referencia una Red Vial Nacional de unos 40.000 kilómetros, el universo potencial podría alcanzar unas 50.000 hectáreas que podrían sumarse a los cultivos anuales”, agregó Barbechando.
La entidad recordó que en distintas jurisdicciones existen normas que permiten compatibilizar el uso vial con determinados usos productivos regulados. “Un caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires, donde la Ley N 10.342, de 1985, habilita a los municipios a otorgar permisos de uso precario sobre franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial. De hecho, existen experiencias municipales en las que se avanzó con este tipo de utilización bajo normativa provincial y local, como el caso de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires”, indicó.
Sin embargo, recientemente un proyecto apunta a modificar esa ley que permite a los intendentes conceder permisos de uso sobre las franjas linderas a las rutas y caminos que integran la red vial bonaerense. No obstante, excluye de manera expresa a las banquinas, es decir, los espacios laterales reservados por la legislación vigente para la seguridad vial, lo que limita las posibilidades de sembrar en esos terrenos.
Ahora, un proyecto impulsado por la diputada de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, propone modificar el artículo primero de la ley para incluir a las banquinas dentro de los espacios susceptibles de ser cedidos en uso, siempre que exista una autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense.
Cabe recordar que en febrero de este año, el municipio bonaerense de 9 de Julio puso en marcha una convocatoria dirigida a productores frentistas y actores del sector agropecuario para participar de una licitación pública que permitirá sembrar unas 300 a 350 hectáreas de banquinas ubicadas sobre las diferentes rutas provinciales y caminos como la ruta 65.
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Malvinas: polémica posición chilena
Las recientes declaraciones de Fernando Barros Tocornal, actual ministro de Defensa de Chile, encendieron las alarmas diplomáticas. El funcionario afirmó abiertamente que el Reino Unido es un país amigo que ejerce soberanía sobre las Malvinas, alineándose con la postura británica y distanciándose del histórico reclamo del Estado argentino.
La polémica postura de Chile sobre el conflicto por las Malvinas
Durante una entrevista concedida a Radio Polar de Magallanes, el jefe de la cartera castrense del gobierno de José Antonio Kast intentó ensayar un equilibrio formal, pero terminó dinamitando la postura histórica de apoyo irrestricto de su país hacia la Argentina. Barros Tocornal aseguró que, si bien apoyan el reclamo territorial, existe una situación de hecho donde se debe contemplar el derecho internacional "respetando la voluntad e interés de las personas involucradas".
Esta afirmación representa una grave confesión de alineación al mandato colonial. Al condicionar una solución a la voluntad de los isleños, el funcionario abraza directamente el argumento de la autodeterminación que utiliza Londres para eludir las negociaciones, contradiciendo la postura de la ONU.
Asimismo, el influyente abogado corporativo que comanda las Fuerzas Armadas de Chile relativizó los acuerdos firmados por su país en el marco del Mercosur, calificando a dichas declaraciones conjuntas como meros compromisos políticos "no obligatorios legalmente" y de carácter "parcial".
Respaldo a la ruta marítima comercial y desafío al Estado argentino
Lejos de tomar distancia de las polémicas logísticas en el sur del continente, el funcionario chileno blindó la operación mercantil proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. Al respecto, aseveró que la comunidad magallánica tiene "el derecho de ejercer el comercio" y que no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades.
Esta definición oficial evidencia que el Palacio de La Moneda no pondrá obstáculos al primer zarpe previsto para noviembre de 2026 de la naviera Easter Island, el cual busca abastecer las exploraciones petrolíferas en la zona. Con este movimiento, se consolida una estrecha cooperación táctica con la corona británica en desmedro de la legislación argentina que busca sancionar el suministro a las actividades ilegales en el mar austral.
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Milei negó la recesión, denunció ‘7 intentos de golpe de Estado’ y dijo ‘deportar a 20 mil terroristas’
En una nueva entrevista grabada con el periodista Luis Majul tras su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei dejó varias definiciones económicas y políticas que rápidamente acapararon la atención pública, destacándose especialmente por cifras y afirmaciones de tinte disparatado sobre la historia argentina, la situación internacional y la dinámica local.
Uno de los pasajes más llamativos de la charla se dio cuando el mandatario repasó las supuestas trabas institucionales que debió enfrentar la historia reciente y su administración, combinando datos inverosímiles sobre seguridad nacional e internacional.
"Una de las cosas que yo expliqué es que en 40 intentos de proyectos de intentar derrumbar el equilibrio fiscal, los 7 intentos de juicios políticos que fueron siete intentos de golpes de Estado, los 10 mil terroristas que deportamos el año pasado y este año llevamos deportados 20 mil", expresó Milei.
La afirmación sobre las deportaciones masivas de "terroristas" generó inmediato desconcierto, ya que no estuvieron apoyados en registros oficiales ni antecedentes de operativos migratorios o de seguridad de semejantes dimensiones en la historia del país, despertando alguna sorpresa incluso en el periodista.
Consultado sobre la contracción de la actividad en ciertos rubros de la economía doméstica, el Presidente rechazó tajantemente que el país atraviese una recesión y graficó el momento económico con una polémica analogía sobre el cambio tecnológico. "Hay una desaceleración del ritmo de expansión", sostuvo.
"Cuando hay cambios estructurales hay sectores que se expanden y otros que se contraen. Suponga que está yendo a la quiebra una fábrica de televisores en blanco y negro, ¿usted se quejaría de eso y quisiera salvar ese sector? Es un disparate. Entonces, eso es una de las cosas que está pasando, que la economía está cambiando y una parte se queda atrás", argumentó el Presidente.
Por otra parte, Milei defendió el rumbo macroeconómico y aseguró que la actividad se encuentra en niveles históricos elevados, atribuyendo los cuestionamientos o datos negativos a una supuesta intencionalidad política de sus detractores.
"Vamos a estar promediando cuatro o cinco veces más que la historia argentina de los últimos 100 años. ¿Qué parte es que la Argentina no crece? Entiendo que cuando aparezca un número malo vayan y lo festejen por el odio que le tienen a este Gobierno, el odio que les genera que se equivocaron, pero además la deshonestidad intelectual, porque hoy el mundo sufre un shock de oferta negativo", aseguró el libertario.
De este modo, el jefe de Estado ratificó su hoja de ruta económica y minimizó los indicadores adversos, en un reportaje que volvió a dejar fuertes cruces discursivos y frases para el debate político.
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Visita de León XIV: el Gobierno confirmó los feriados
El Gobierno nacional estableció mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, las fechas de los feriados previstos por la visita oficial del papa León XIV, programada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.
La medida dispone que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. En cambio, el martes 10 tendrá alcance únicamente para la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires.
El decreto también declaró de interés nacional la visita del pontífice y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y organizativas vinculadas con su llegada al país. Para coordinar todos los preparativos, se creó además una unidad especial dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La nueva estructura fue denominada Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el papa León XIV” y tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para concretar la visita y cumplir con las obligaciones derivadas de ella.
Entre sus funciones estará coordinar las tareas de la Administración Pública Nacional relacionadas con el viaje, organizar integralmente las actividades, establecer prioridades y cronogramas y articular la participación de los organismos estatales necesarios para el desarrollo de los distintos eventos.
La unidad también deberá canalizar requerimientos vinculados con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales, además de identificar las necesidades de bienes, servicios y contrataciones.
Asimismo, tendrá facultades para impulsar, coordinar y realizar las contrataciones necesarias para las actividades relacionadas con la visita y aprobar los gastos correspondientes, con cargo al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
