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‘Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre’
26 de julio de 2026
Durante la inauguración oficial de la 138 Exposición Rural de Palermo, el titular de la entidad, Nicolás Pino, protagonizó un fuerte discurso en el que exigió que las retenciones al agro dejen de existir “por ley y para siempre”. Tras recibir al presidente Javier Milei con un cálido abrazo, el dirigente agropecuario destacó los principales logros de la actual administración económica.
Pino subrayó que el sector productivo aportó más de 83.000 millones de dólares al país, divididos en 40.000 millones de la agricultura, 34.000 millones de la ganadería y 11.500 millones de las economías regionales. Además, recordó que desde 2002 el Estado acumuló unos 215.000 millones de dólares por este tributo, aunque ponderó que este Gobierno redujo la recaudación en unos 6.000 millones de dólares, fondos que según el sector se destinaron a reinversión y empleo.
En su alocución, el referente ruralista cuestionó con dureza a gobernadores e intendentes por el peso de los impuestos provinciales y tasas municipales. Denunció la existencia de aduanas internas por cobros al traslado de mercadería entre jurisdicciones y exigió frenar el manejo arbitrario del impuesto sobre los ingresos brutos para incentivar el arraigo rural.
El dirigente valoró los notables logros macroeconómicos, como la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la reducción del riesgo país, remarcando que la actividad genera más de 4 millones de empleos. Sin embargo, alertó sobre el mal estado de los caminos rurales, la necesidad de reactivar trenes y puertos, y reclamó un plan de infraestructura para prevenir inundaciones en la cuenca del Salado.
Hacia el cierre, Nicolás Pino defendió que los servicios ecosistémicos pertenecen legítimamente a la propiedad privada del productor agropecuario.
Sostuvo que en el país no existen los denominados “bienes comunes”, sino únicamente bienes públicos o privados, y concluyó pidiendo confianza en un sector que proyecta una revolución agropecuaria digital basada en tecnología y datos.
Gentileza radio Mitre
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Prohiben utilizar plaguicidas a menos de mil metros de centros urbanos
Aún no se ha dictado sentencia definitiva en relación a la suspensión judicial de varios artículos de la Ordenanza 21296/2013, por lo que se recomienda a productores, aplicadores y vecinos la obligación de respetar estas restricciones y las medidas de protección ambiental y sanitaria.
La Municipalidad informa que continúa vigente la prohibición de la utilización de productos químicos o biológicos de uso agropecuario -incluidos plaguicidas y fertilizantes- dentro de un radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, conforme a la Ordenanza Nº 18740/2008.
Esta disposición resulta aplicable en virtud de la suspensión judicial de los artículos 19, 23, 27 y 28 de la Ordenanza Nº 21296/2013, dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Picorelli Jorge Omar y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Nº 21296”.
En ese sentido, se recuerda que aún no se ha dictado sentencia definitiva en dicha causa, por lo que continúa vigente la suspensión de esos artículos y corresponde mantener el cumplimiento de las restricciones señaladas. El Municipio recuerda a productores, aplicadores y vecinos la obligación de respetar estas restricciones y las medidas de protección ambiental y sanitaria.
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Las exportaciones agroindustriales crecen 13,2%
Las exportaciones agroindustriales argentinas sumaron u$s 42.304 millones entre enero y septiembre de 2026, un 13,2% más que en el mismo período del año pasado. El incremento representó un ingreso adicional de u$s 4.928 millones, según el informe mensual de exportaciones por complejos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Solo en septiembre, las ventas externas del sector alcanzaron los u$s 5.500 millones, con una mejora interanual del 13,6%. En términos absolutos, fueron u$s 658 millones más que en igual mes de 2025, detalla el informe.
Los complejos de girasol, maíz y carne y cuero vacunos realizaron los mayores aportes en dólares al crecimiento de las exportaciones. En sentido contrario, el desempeño de los complejos sojero, avícola y sucroalcoholero moderó la suba general.
Al observar las tasas de crecimiento porcentual de septiembre, los mayores avances correspondieron a los complejos porcino, girasolero y algodonero. El girasol se destacó así tanto por el ritmo de expansión de sus ventas externas como por su contribución monetaria al aumento del conjunto agroindustrial.https://514ed812962e211f008eae8ab92f4214.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
El informe también incorporó una referencia al contexto cambiario. El tipo de cambio real multilateral que elabora el Banco Central se mantuvo estable frente al mes anterior, aunque se ubicó un 3% por debajo del promedio de 2025.
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Buscan penar el vandalismo rural
La Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas un proyecto que busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal y que impone penas de hasta 10 años de cárcel por la intrusión en los campos. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebró el logró en la Cámara baja y destacó que “el campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito”.
En un comunicado, CARBAP afirmó: “Celebramos la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley que incorpora al Código Penal figuras específicas vinculadas al vandalismo rural, un paso importante para fortalecer la protección de los productores y sus familias”.
La confederación ruralista remarcó que “la destrucción de cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones productivas provoca pérdidas económicas y atenta contra meses de trabajo e inversión”.
Continuó: “Destacamos especialmente el abordaje de la violación de domicilio rural. Ingresar sin autorización a un establecimiento rural vulnera la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de quienes viven y trabajan allí”. Porque “el campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados”.
“Valoramos este avance legislativo y convocamos a seguir trabajando para que existan herramientas legales efectivas que protejan la producción y garanticen el respeto por la propiedad. Sin seguridad ni respeto por el trabajo, no hay desarrollo rural posible”, cerró el mensaje de CARBAP.
El proyecto sobre vandalismo rural fue aprobado en Diputados por 162 votos contra 77 y una abstención del diputado de Unión por la Patria Luis Basterra (precisamente, exministro de Agricultura nacional durante los primeros años del Gobierno de Alberto Fernández).
El dictamen de mayoría obtuvo varias modificaciones que fueron consensuadas entre el autor del proyecto, Martín Ardohain, y el legislador massista, Ramiro Gutiérrez.
El proyecto fue respaldado por la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia, y Producción y Trabajo. En tanto, la iniciativa fue rechazada por el grueso de los diputados de UxP, la izquierda, e Independencia.
Establece que “será reprimido con prisión de un 1 mes a un 1 año, el que entrare en establecimiento rural, o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.
El máximo de la pena se elevará a 2 años cuando “el ingreso obstaculice sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva rural o ponga en un peligro concreto la vida o la integridad física de las personas que se encuentran en el establecimiento, o de la sanidad de los animales o cultivos de la explotación, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.
También impone “prisión de dos a ocho años y multa de tres a doce veces el valor del daño causado para la persona que destruya de cualquier modo silobolsas, o cualquier producto que forme parte del proceso productivo agropecuario”.
Mientras que la pena “se aumentará a 10 años si el delito es cometido por tres o más personas que actúen de manera coordinada, y se produzca la pérdida total de la producción en curso o se impidiere la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización”.

