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Delito juvenil y edad de imputabilidad
11 de enero de 2021
«El delito juvenil no aumentó y bajar la edad de imputabilidad es inconsistente». Así lo afirmó el Defensor del pueblo Adjunto de la provincia Walter Martello, tras realizar un relevamiento de la cantidad de Instrucciones Penales Preparatorias (IPP) y la incidencia que tienen los procesos iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
El último indicador oficial del Ministerio Público bonaerense, correspondiente al primer trimestre del aislamiento que provocó la pandemia en 2020, mostró que el número de IPP, con jóvenes de 16 y 17 años involucrados, fue un 52,7% menor respecto a igual periodo de 2019.
“La situación se ve con mayor claridad si comparamos lo sucedido durante la última década. En 2009, los procesos iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil representaban el 4,54% del total de IPP abiertas en la Provincia y ese indicador se ubicó en menos de la mitad 2,08% durante el año pasado. Estos datos fueron procesados a partir de la información que aporta la Procuración bonaerense que, como se sabe, tiene una conducción que no está ligada al actual Poder Ejecutivo”, explicó Martello, a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.
“El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad se instala cada vez que se produce algún hecho con fuerte impacto mediático. Ahora bien, plantear que la única solución que puede dar el Estado pasa por el sistema penal, es de una falacia absoluta. El Estado, particularmente la Justicia, cuenta con distintas herramientas que otorga el ordenamiento jurídico vigente para prevenir la delincuencia juvenil y actuar en los casos de los y las adolescentes que infringen la ley”, sostuvo Martello.
El Defensor del Pueblo Adjunto destacó que la doctrina de la reducción de la edad penal es “sistemáticamente rechazada por la comunidad científica y académica en cualquier lugar del mundo dada su inconsistencia teórica, su distancia con los estándares internacionales y su ineficacia política-criminal. Nos preocupa el reduccionismo punitivo respecto a las diversas problemáticas de las niñas, niños y adolescentes. Ya no parece ser un error conceptual, sino una calamidad para toda política pública de la infancia basada en derecho”.
Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha recomendado a los Estados fijar la edad de punibilidad a partir de los 16 años de edad (como actualmente existe en nuestro país), instando a no reducir dicha edad mínima. Por ello, la punibilidad por debajo de ese límite constituye una medida regresiva y una clara violación a los estándares establecidos por el sistema internacional de derechos humanos y la legislación provincial y nacional vigente, además de violar el principio de progresividad.
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El Senado aprobó el pliego de la jueza Michelli
El Senado de la Nación aprobó este jueves el pliego de Verónica Michelli, la candidata a jueza cuyo nombramiento había generado tensiones dentro del Gobierno nacional debido a la oposición manifestada por el presidente Javier Milei. La funcionaria judicial logró finalmente el respaldo de la Cámara alta en una sesión marcada por negociaciones de último momento y fuertes cruces políticos.
La aprobación se produjo luego de que el Senado acordara tratar un total de 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli, que inicialmente no figuraba dentro del listado impulsado por sectores del oficialismo. La candidata obtuvo el aval necesario pese a las objeciones que existían desde la Casa Rosada y a la abstención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la votación.
La postulación de Michelli había quedado en el centro de la escena por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, una situación que generó resistencia dentro del entorno presidencial.
Durante las negociaciones previas a la sesión, el nombre de la candidata había quedado inicialmente fuera del grupo de pliegos que serían tratados. Sin embargo, tras varias conversaciones entre bloques, su candidatura fue reincorporada y finalmente sometida a votación junto con el resto de las designaciones judiciales.
La decisión dejó en evidencia las diferencias existentes dentro del oficialismo respecto de la estrategia parlamentaria y de los acuerdos alcanzados para avanzar con los nombramientos.
La jornada también estuvo marcada por un nuevo enfrentamiento entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra Patricia Bullrich.
Antes del inicio de la sesión, Villarruel cuestionó públicamente la decisión de incorporar una cantidad mayor de pliegos a los que, según sostuvo, se habían consensuado previamente. “Hay que preguntarle a ella por qué nos somete a este descontrol”, lanzó la titular del Senado en referencia a Bullrich.
Finalmente, tras un extenso cuarto intermedio, la Cámara alta avanzó con el tratamiento de los 74 candidatos y aprobó la mayoría de las postulaciones. Entre ellas sobresalió la de Michelli, cuyo caso se transformó en uno de los principales focos de atención política de la jornada. (Mitre)
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Piden parar embargos a pymes ante cambios en la Ley de Inocencia Fiscal
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Ministerio de Economía que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no aplique multas a las pequeñas y medianas empresas durante el período de espera de la nueva normativa.
El pedido formal incluye también la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos aplicables al sector, según revela la agencia Noticias Argentinas.
La propuesta establece que, si un contribuyente regulariza su deuda dentro de los 15 días posteriores al plazo de espera, la multa se reduzca en un 50%.
Según el planteo, la sanción total solo debería aplicarse una vez vencido este último plazo sin que se hubiera cumplido con la obligación.
La solicitud surge tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el envío de un proyecto para modificar la actual Ley de Inocencia Fiscal.
La entidad busca generar condiciones que permitan preservar el entramado productivo ante la caída del consumo.
El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, explicó que se requiere "la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados".
El directivo añadió que la tasa de financiación debería ser "equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación" y abarcar deudas vencidas al 31 de mayo del corriente año.
La entidad gremial empresaria considera necesario atender este pedido para "fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible".
Esta postura se hace pública en un contexto donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha propuesto una reforma tributaria para el país.
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Suizos se quedan con los activos de Shell en Argentina
Una empresa suiza adquirió los activos de la Raizen Argentina, dueña de 894 estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud por U$S1.420 millones.
Se trata de Mercuria Energy Group que en la Argentina es socia del empresario José Luis Manzano. La firma adquiriente aseguró que mantendrá la continuidad de los empleados y los proveedores con los que hasta la fecha operaba Raizen.
"Esta adquisición refleja el compromiso de largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la presencia ya establecida de la compañía en América Latina", señaló la firma en un comunicado que procesó Agencia Noticias Argentinas.
La venta incluye la opción de seguir utilizando la marca y la imagen de Shell con lo cual para los consumidores no habrá ningún cambio.
La empresa dijo: "Considera que Argentina representa un mercado energético importante, con sólidos fundamentos de largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión".
“Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión de largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio”, dijo Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria. NA
