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La Justicia habilitó el cierre del programa ‘Volver al Trabajo’
14 de julio de 2026
La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que mantenía vigente el programa Volver al Trabajo y habilitó al Gobierno nacional a avanzar con su cierre definitivo desde agosto. De esta manera, más de 900 mil beneficiarios dejarán de percibir la prestación mensual de 78 mil pesos y serán incorporados a un nuevo esquema de capacitación laboral.
La decisión fue adoptada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes dejaron sin efecto la resolución del Juzgado Federal de Campana que había ordenado sostener los pagos hasta la implementación de una política alternativa. Según informó Infobae, el fallo consideró que esa medida implicaba «un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes»
Nuevo sistema de capacitación laboral
La demanda había sido impulsada por beneficiarios del programa, representados por Andrea Liliana Ledesma, quienes solicitaron que el Estado mantuviera las prestaciones económicas o garantizara un mecanismo equivalente hasta implementar una política que asegurara el mismo nivel de protección social y de inclusión laboral.
En primera instancia, el juez había considerado que el cese del programa podía provocar un daño irreparable para personas en situación de vulnerabilidad y sostuvo que la continuidad debía mantenerse hasta contar con una política sustitutiva efectiva y comprobable.
Tras la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano, la Cámara concluyó que el Ejecutivo tiene facultades para crear, modificar o finalizar programas sociales y que los beneficiarios no poseen un derecho adquirido a la continuidad del plan, cuya vigencia estaba prevista por dos años. Además, sostuvo que no se acreditaban los requisitos legales necesarios para mantener la cautelar.
El fallo también señaló que ya existe un programa alternativo diseñado por el Gobierno y remarcó que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría la administración de recursos públicos e interferiría en la definición de las políticas oficiales.
El nuevo esquema, elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, prevé que los recursos se destinen a empresas, centros de formación y organizaciones encargadas de brindar talleres de capacitación, en lugar de realizar transferencias monetarias directas a los beneficiarios.
Tras conocerse la resolución, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) expresó su rechazo y afirmó: «La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario». Desde la Casa Rosada, en tanto, sostuvieron que los fondos liberados serán destinados a ampliar la doble jornada escolar en escuelas de zonas vulnerables.
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Fracasó la reunión del Consejo del Salario
El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno.
Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.
A la fecha el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.
Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.
La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.
Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del gobierno nacional
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El Gobierno evalúa fijar un salario mínimo superior a $1.000.000
El Gobierno evalúa impulsar un salario mínimo superior a $1.000.000 para agosto de 2026, en medio de las negociaciones salariales con sindicatos y cámaras empresariales. La Secretaría de Trabajo analiza la propuesta y este viernes el Consejo del Salario tendrá una reunión clave para discutir los nuevos montos y los criterios de aplicación.
La iniciativa apunta principalmente a los trabajadores que cobran salarios bajos dentro de determinados convenios colectivos. Fuentes oficiales le confirmaron a TN que el objetivo consiste en elevar los ingresos de sectores que actualmente se encuentran por debajo de ese nivel, aunque la definición final dependerá de las negociaciones entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias
Entre los sectores mencionados por el Gobierno aparecen Maestranza, la UOCRA y Sanidad, cuyos salarios se encuentran entre los que podrían beneficiarse de una actualización. La Secretaría de Trabajo deberá luego homologar los acuerdos alcanzados entre las partes para que los nuevos valores tengan aplicación efectiva.
La propuesta oficial no equivale al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Este último funciona como el piso legal para los trabajadores que no cuentan con un convenio colectivo y en agosto de 2026 se ubicó en $376.600. En cambio, el Gobierno busca promover ingresos superiores a $1.000.000 mediante negociaciones específicas dentro de determinados sectores.
Las centrales sindicales cuestionaron la estrategia y reclamaron una actualización mayor. La CGT y las dos CTA solicitaron que el encuentro del Consejo del Salario se realizara de manera presencial, pero la Secretaría de Trabajo rechazó el pedido. Los sindicatos sostienen que el ingreso mínimo debería acercarse al valor de la canasta familiar, calculada en $1.564.716.
La discusión también tendrá impacto sobre otras prestaciones vinculadas al salario mínimo. Entre ellas figura la prestación por desempleo, cuyo monto equivale al 75% de la mejor remuneración de los seis meses anteriores.
Además, el Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para discutir una nueva actualización para el personal doméstico.
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En lo que va de 2026, ya se recortaron 14.500 puestos estatales
El Gobierno de Javier Milei avanzó en lo que va del año con su plan motosierra en la administración pública nacional. Y en medio de su idea de achicar el Estado, desvinculó a casi 15.000 trabajadores desde enero, algo así como 70 por día.
De acuerdo a un informe del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la cantidad de empleados del Sector Público Nacional (SPN) tuvo una reducción sólo en julio de 4.607 agentes. Pero si el período se extiende a 2026 el número se ubica en 14.559.
Sturzenegger celebró en redes sociales la reducción del gasto público que implican esas desvinculaciones, que incluyen despidos, contratos no renovados, renuncias, retiros voluntarios y jubilaciones como las principales modalidades. "Bajar el gasto público es la única manera sustentable de bajar la carga impositiva y remover ese yunque que aprieta los salarios de los argentinos", planteó.
Asimismo, instó a las provincias a que "hagan lo mismo", lo que redundará en "menos gasto y menos impuestos". "Ya vendrá", pronosticó, en vistas a las renovaciones en las administraciones provinciales que podrían darse a fin del año que viene.
Desde que asumió Javier Milei, siempre de acuerdo a datos del Gobierno libertario, se recortaron un total de 76.216 puestos. De este total, unos 44 mil correspondieron a la administración centralizada y descentralizada; unos 11 mil a personal militar y de seguridad y el resto a empresas del Estado.
