Provincia
Docentes acuerdan un aumento el 7% escalonado en julio y agosto
8 de julio de 2026
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo de aumento salarial para las y los trabajadores docentes y de la Ley 10430 del 7% escalonado, 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio.
Al respecto, el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, aseguró: “Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales. Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud, y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses, por eso desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial mientras seguimos mejorando de forma constante las condiciones laborales del Estado provincial”.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, afirmó: “Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales. Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos. Ese es el camino que sostiene el Gobierno de la provincia de Buenos Aires: poner a las y los trabajadores en el centro de las políticas públicas.”
Los acuerdos también incluyen, en el caso docente, la incorporación de una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial. Adicionalmente, se creará la campaña «Cuidemos a quienes enseñan», con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.
En el caso de la Ley 10430, el acuerdo contempla también el pase a planta permanente para el personal ingresado entre 2024 y 2025, la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa, entre otros temas.
Provincia
Prohíben usar el celular en secundarias públicas y privadas
La iniciativa establece que los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o una autorización explícita del docente y su utilización tenga objetivos pedagógicos.
La norma busca promover un uso seguro y responsable de celulares y otras pantallas dentro de las aulas y extiende al nivel secundario un criterio similar al que ya se encuentra vigente para las escuelas primarias bonaerenses.
Según el texto aprobado, el concepto de “uso responsable” implica que los dispositivos permanezcan sin utilizar durante el horario escolar, excepto en aquellas situaciones en las que sean necesarios para desarrollar alguna actividad educativa.
Ahora será el Poder Ejecutivo provincial el encargado de determinar cuál será la autoridad de aplicación. Ese organismo deberá elaborar protocolos, instrucciones y recomendaciones para establecer de qué manera se implementará la medida en los establecimientos.
Tal como publica DIB, la normativa también invita a los municipios bonaerenses a adherir y comenzará a implementarse una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el tratamiento legislativo también se vinculó la regulación con otras problemáticas que afectan a los adolescentes, entre ellas la ludopatía y el acceso permanente a plataformas digitales desde los teléfonos celulares-
Foto: En muchos colegios, los chicos no pueden usar los celulares durante las horas de clase Ricardo Pristupluk
Provincia
DOCENTES NO VAN A CASES
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión al paro provincial de este miércoles, en reclamo por la situación salarial del sector, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de la ciudad de los niveles Inicial, Primario y Secundario tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones del personal no docente a la medida de fuerza.
"Paro Provincial, 7/10. La plata no alcanza. Que la crisis no la paguen los trabajadores. Los y las trabajadores/as paramos por salarios dignos y pase a planta permanente", anunciaron desde el sindicato en sus redes sociales.
"El salario no puede seguir perdiendo frente al costo de vida y el Gobierno Nacional debe reconocer que le adeuda recursos a la Provincia de Buenos Aires, fondos que impactan en las políticas públicas y en las condiciones de trabajo", completaron.
El calendario escolar acumulará de esta manera 26 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas impulsadas por los diferentes gremios.
A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre), el paro nacional de la CTERA (3 de agosto) y el provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense (1 de octubre).
Provincia
Camionazo en protesta por las fotomultas
Más de 200 camioneros bloquean el tránsito en Avellaneda en una protesta contra las fotomultas que recibieron y cuyos montos, según denuncian, pueden superar los $9 millones.
El reclamo se concentra sobre la avenida Mujeres Argentinas, frente al Tribunal de Faltas local, donde los manifestantes también cuestionan el secuestro de vehículos y la retención de licencias.
La manifestación se desarrolla bajo el lema “Si no trabajamos, Avellaneda se para” y reúne a camioneros particulares y trabajadores del transporte. Los participantes reclaman por las sanciones que recibieron y sostienen que los montos de algunas infracciones resultan excesivos.
Uno de los principales puntos de conflicto son las fotomultas de hasta $9 millones. Según plantean los transportistas, se trata de sanciones vinculadas con infracciones que, en algunos casos, consideran menores en relación con los montos reclamados.
Los camioneros también cuestionan que se labren multas en sectores donde actualmente está permitido circular, aunque aseguran que anteriormente existían restricciones. A esto suman reclamos por la presencia de cámaras que, según denuncian, no están correctamente señalizadas.
El reclamo frente al Tribunal de Faltas también está relacionado con las consecuencias que generan las infracciones sobre la actividad de los transportistas. Los manifestantes sostienen que el problema no se limita al monto económico de las sanciones, sino que también incluye otras medidas aplicadas por las autoridades.
Otro de los puntos centrales de la protesta es el secuestro de los camiones como consecuencia de las multas. Los transportistas cuestionan que, además de afrontar sanciones económicas, puedan quedarse sin sus vehículos y, por lo tanto, sin la posibilidad de desarrollar normalmente su actividad laboral.
También reclaman por la retención de licencias de conducir y piden que se tenga en cuenta la diferencia entre las infracciones cometidas antes y después de la entrada en vigencia de la nueva ordenanza de tránsito.
Mientras continúa la manifestación, los camioneros mantienen bloqueada la circulación en la zona de avenida Mujeres Argentinas, donde se concentra el reclamo. La protesta genera complicaciones para el tránsito y tiene como principal objetivo que las autoridades revisen las sanciones que los transportistas consideran excesivas.
