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Chapadmalal: Pasan disponibilidad a trabajadores
26 de mayo de 2026
El Gobierno nacional oficializó el pase a situación de disponibilidad de trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en el marco de una reestructuración interna de la administración pública. Ante esta medida, el Gobierno de Axel Kicillof criticó la política de “destrucción del Estado”.
La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, firmada por Federico Esteban Sicilia. Se trata de los pases a disponibilidad por seis meses de más de 70 trabajadores de planta permanente de ambas unidades turísticas, situación que derivará en despidos formales y también de aquellos que ejercían como “contratados”.
Según establece la normativa, el personal alcanzado quedará en situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto 269/2026, que modificó la estructura operativa de la Jefatura de Gabinete y reorganizó distintas áreas bajo su órbita.
Solo en Chapadmalal, según advertían trabajadores, permanecían unos 50 personas empleadas que ante el cierre total de las instalaciones en 2025 permanecían en un limbo. Y ahora, además, se suman las posibilidades de desalojo de aquellas familias a las que se les cedieron viviendas como parte de su trabajo en la unidad turística.
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, salió al cruce de la medida con un extenso hilo en la red social X en el que calificó la situación como «la destrucción de un derecho» y acusó al Gobierno nacional de avanzar con «un plan sistemático de privatización y vaciamiento» de los complejos.
Costa destacó que las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse son Monumentos Históricos Nacionales y representan «más de 80 años de historia y conquista del turismo social». Y agregó: «Nacieron para democratizar el bienestar: que el descanso sea un derecho de las mayorías, no el privilegio de pocos».
Según el funcionario provincial, amparado en el Decreto 216/2025, el Gobierno nacional eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social. Las consecuencias, afirmó, son contundentes: de alojar a más de 84.000 personas en 2023, se pasó a cero turistas en 2025 y 2026.
En tanto, hizo referencia a los más de 30 trabajadores del complejo de General Pueyrredon que fueron intimados en abril a desalojar las viviendas. “Frente a este atropello, desde la Provincia de Buenos Aires nos plantamos. La defensa de Chapadmalal no es nostalgia; es una postura política activa por el derecho al descanso de nuestros pibes de escuelas públicas, jubilados y familias trabajadoras”, indicó.
Y volvió a reclamar el traspaso hacia la administración bonaerense. “Desde que nos enteramos del pase a la AABE en 2025, la Provincia exige la transferencia de los hoteles y de los bienes del Museo Evita del Complejo para hacernos cargo. Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, cerró. Dib
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Portada digital del día 22/10/2026
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Suspenden la cautelar que frenaba el aumento de la luz
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendió la cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense que había frenado el aumento en la tarifa de luz.
La decisión del tribunal se dio tras la apelación del Gobierno Provincial y las cuatro grandes distribuidoras eléctricas –EDEN, EDEA, EDES y EDELAP- para que se restituya el ajuste tarifario de entre el 1,5% y el 3,5%, aproximadamente. Los incrementos habían sido instrumentados a través de la resolución N° 585/2026 e iban a regir a partir del 1 de agosto.
El 18 de septiembre de 2026, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca había hecho lugar al recurso interpuesto por la Defensoría del Pueblo con el objetivo de frenar el impacto del incremento en el bolsillo de los usuarios.
En aquel entonces, el juez suspendió los aumentos y ordenó restablecer el cuadro tarifario anterior. El argumento central fue que no se habían realizado audiencias públicas ni otros mecanismos adecuados de participación de los usuarios antes de aplicar los ajustes.
La Fiscalía de Estado bonaerense cuestionó la medida y presentó un recurso ante la Cámara, que finalmente suspendió la cautelar. De esta manera, los nuevos valores de la tarifa de luz se podrán liquidar en las próximas boletas.
No obstante, la Justicia aún debe resolver la cuestión de fondo, es decir, la legalidad del incremento impulsado por la Provincia.
Para fundamentar su reclamo, la Provincia sostuvo que la aplicación de la cautelar podría comprometer la continuidad y la sustentabilidad del servicio eléctrico, al reducir los recursos disponibles para afrontar los costos de la energía, el mantenimiento de las redes, las inversiones y las obligaciones laborales y contractuales de las distribuidoras.
En este sentido, la Cámara consideró que la Provincia presentó argumentos concretos e informes técnicos suficientes para justificar, de manera preliminar, que la ejecución inmediata de la cautelar podría ocasionar un perjuicio al “interés público”.
“El restablecimiento del cuadro tarifario anterior podría incidir sobre los recursos disponibles para atender los costos actuales de la prestación y, eventualmente, proyectarse sobre su continuidad, regularidad y sustentabilidad”, sostuvieron los camaristas Diego Ucin y Roberto Mora.
La medida tiene impacto en los usuarios abastecidos por las distribuidoras EDELAP (La Plata), EDES (sur de la provincia), EDEA (Costa Atlántica, donde se encuentra Mar del Plata), EDEN (norte del territorio) y las más de 200 cooperativas eléctricas del interior
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Portada digital del día 21/10/2026
