El Gobierno nacional introdujo un límite al aumento del servicio gestionado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La medida comenzará a regir a partir del mes próximo y hasta agosto.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso, mediante la reciente modificación de la Resolución N° 53/25, que el ajuste efectivo no podrá superar el 4%) mensual entre enero y abril de 2026. Mientras tanto, establecieron que, desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del 3% por mes, siempre que el mecanismo oficial de actualización arroje un valor inferior.

La decisión surge tras un extenso proceso de evaluación que incluyó la presentación de informes económico-financieros por parte de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), la principal concesionaria del área. Y se da, además, en medio de la aceleración de la inflación de los últimos meses.

La medida se oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 14/2026. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar el sostenimiento económico de la concesionaria con la protección de los usuarios frente a incrementos abruptos.

La actualización, basada en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas, será aplicada con los límites explicitados, y su cumplimiento será monitoreado a través de informes trimestrales que AySA deberá presentar durante 2026.

La aplicación de este mecanismo de actualización tarifaria que empezó en 2024 buscaba sostener el equilibrio financiero de la concesionaria sin transferencias del Tesoro Nacional. No obstante, en el contexto económico de 2024 y 2025, las autoridades limitaron de manera excepcional los aumentos mensuales, primero al 1% y luego estableciendo un tope progresivo para evitar un impacto desproporcionado sobre los usuarios.

En este contexto, en noviembre del año pasado el Gobierno nacional aprobó el texto ordenado del Marco Regulatorio de AySA, otro paso hacia la privatización de la compañía. DIB

La actividad textil viene en caída libre, registró en febrero con un retioceso interanual superior al 30%, profundizando una tendencia negativa que se arrastra desde hace más de dos años. En términos acumulados, el nivel frente a niveles de 2023 es aún más pronunciado, lo que evidencia la magnitud del deterioro.

El parate productivo también se expresa en las fábricas: buena parte de la maquinaria permanece sin uso. En promedio, más de la mitad de la capacidad instalada del sector quedó inactiva en los últimos dos años, con picos recientes aún más elevados. Este escenario grafica un entramado industrial que funciona muy por debajo de su potencial.

Las causas son múltiples. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo golpea de lleno al consumo de indumentaria, que queda relegado frente a gastos esenciales. Por otro, la apertura de importaciones generó una presión creciente sobre la producción local. El ingreso de prendas del exterior se disparó con fuerza en el último año, impulsado por el fenómeno del fast fashion, que ofrece ropa a bajo costo y alta rotación.

A esto se suma el crecimiento de las compras en el exterior —ya sea por turismo o plataformas de envío—, lo que termina de restarle demanda al mercado interno. El resultado es un sector en retroceso, con una importante pérdida de puestos de trabajo y el cierre de cientos de empresas en todo el país.

En Mar del Plata, el impacto comienza a verse en la calle. Comercios que bajan sus persianas y una mayor oferta de locales en alquiler o venta replican una tendencia que también se observa en los principales centros urbanos. La cantidad de espacios vacíos creció con fuerza en el inicio de 2026, reflejando la dificultad de los negocios para sostenerse.

Así, la crisis textil ya no solo se mide en estadísticas: se percibe en el entramado comercial de la ciudad, donde la caída de la actividad empieza a dejar huellas concretas.

Tras las recientes declaraciones del gobierno británico y versiones sobre un posible cambio en la postura de Estados Unidos, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno ratificaron el reclamo histórico sobre el archipiélago y denunciaron la explotación ilegal de recursos naturales.

El gobierno argentino elevó el tono de la disputa diplomática por las Islas Malvinas este jueves, reafirmando la postura oficial del país frente a las declaraciones del Reino Unido. El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno sostuvieron que "las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", enfatizando derechos soberanos.

La respuesta argentina surgió a raíz de los dichos del vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, quien afirmó que la soberanía británica sobre las islas es "inquebrantable" y se basa en el derecho de autodeterminación de los isleños, quienes en 2013 votaron mayoritariamente por seguir siendo territorio de ultramar del Reino Unido.

Ante esto, Quirno fue categórico al rechazar este principio, señalando que las Naciones Unidas nunca han reconocido a los habitantes de las islas como un "pueblo" con derecho a decidir su destino, sino que se trata de una "población implantada" que no puede actuar como árbitro en una disputa territorial.

Desde la perspectiva del Palacio San Martín, la ocupación británica que comenzó en 1833 constituyó un "acto de fuerza contrario al derecho internacional" que vulneró la integridad territorial de la Argentina, dando inicio a una situación colonial que persiste hasta la actualidad.

El canciller recordó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU insta a ambas naciones a resolver el conflicto mediante negociaciones bilaterales, un llamado que cuenta con el respaldo de múltiples organismos internacionales como la OEA, el Mercosur y el Grupo de los 77 y China.

El conflicto también suma una arista económica y de recursos naturales. Quirno denunció las actividades ilegales de exploración y explotación que llevan adelante las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp en el yacimiento "Sea Lion". Según el gobierno argentino, estas acciones buscan desconocer los derechos nacionales y violan directamente las resoluciones de la comunidad internacional.

Este nuevo capítulo de tensión se produce en un marco internacional incierto. Según informes periodísticos basados en filtraciones del Pentágono, la administración de Donald Trump en Estados Unidos podría estar evaluando revisar su histórica neutralidad en el conflicto.

La supuesta molestia de Washington ante la falta de apoyo británico en conflictos en Medio Oriente habría abierto la puerta para que el país norteamericano considere a las Malvinas como una "posesión imperial" europea, un gesto que, de confirmarse, alteraría significativamente el equilibrio diplomático de la región.

A pesar de la escalada verbal, la Argentina manifestó una vez más su disposición a reanudar el diálogo pacífico para encontrar una solución definitiva a la disputa de soberanía. "Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas", concluyó el mensaje oficial del gobierno.