El Gobierno de Estados Unidos reconoció su preocupación por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsada por la administración de Javier Milei para sancionar a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

Sin embargo, Washington aclaró que respeta el proceso legislativo del país y evitó solicitar modificaciones al proyecto que se encuentra pendiente de tratamiento en el Congreso.

La posición fue expresada por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa que compartió con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín, donde ambos funcionarios repasaron distintos aspectos de la relación bilateral.

“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”, sostuvo Landau, número dos del secretario de Estado Marco Rubio.

El funcionario estadounidense aclaró que su Gobierno no pretende intervenir en el debate parlamentario. “Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron después de que trascendieran contactos entre Buenos Aires y Washington por las posibles consecuencias de las sanciones sobre compañías y fondos de inversión estadounidenses con participación en proyectos económicos en Malvinas.

Según trascendió, la Casa Rosada descarta avanzar contra grandes actores financieros si esas medidas comprometen la relación bilateral. No obstante, el Ejecutivo sostiene que las observaciones estadounidenses no constituyen una exigencia formal para retirar el proyecto.

La iniciativa, enviada al Congreso el 17 de septiembre, busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra empresas que financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

El texto contempla multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de mecanismos para que las compañías puedan abandonar las operaciones alcanzadas por las penalidades.

Quirno defendió la propuesta al considerar que la legislación actual resulta insuficiente para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. El canciller explicó que el proyecto ofrece alternativas para desistir de inversiones realizadas bajo licencias que la Argentina considera ilegítimas.

“No va en contra de nadie en particular”, aseguró el funcionario, quien planteó que las empresas deberán evaluar si continúan operando en las islas o desarrollan proyectos en el territorio continental argentino, donde el Gobierno identifica un importante potencial energético.

El ministro ratificó que la soberanía sobre Malvinas constituye una cuestión innegociable y que la Argentina continuará utilizando las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para sostener su reclamo.

Sin embargo, el tratamiento parlamentario permanece demorado por diferencias entre el oficialismo y bloques aliados sobre otros capítulos del proyecto, especialmente los relacionados con defensa, seguridad nacional e inteligencia.

Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue la propuesta estadounidense de disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, organismo en el que se analiza anualmente la cuestión Malvinas.

Landau sostuvo que esa iniciativa responde a una política general de reforma de los organismos multilaterales y no representa una posición específica sobre el conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

“Espero que la Argentina no confunda un proyecto de reforma para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema particular sustantivo”, manifestó.

Quirno reconoció la importancia del Comité de Descolonización para la posición argentina, aunque aclaró que la continuidad del reclamo no depende exclusivamente de ese organismo.

“En la eventualidad de que deje de existir, eso no tiene ningún tipo de mella sobre nuestro reclamo”, afirmó el canciller, quien reiteró que el objetivo argentino sigue siendo lograr que Londres retome las negociaciones bilaterales por la soberanía de las islas.

La agenda bilateral incluyó conversaciones sobre inversiones, minerales críticos, infraestructura y el acuerdo comercial. También se analizaron los avances del Corredor Andes-Atlántico, destinado a conectar las regiones mineras y energéticas con los puertos del océano Atlántico.

Finalmente, Quirno confirmó que continúan las negociaciones para incorporar a la Argentina al programa de exención de visas estadounidenses, aunque no precisó una fecha para su implementación. También ratificó los preparativos para la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prevista para noviembre.

El Tribunal del Mar (ITLOS) convocó a audiencias para el 10 y 11 de noviembre por la presentación del Gobierno para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Ilsas Malvinas. La semana pasada la Cacilleríarecurrió al organismo con sede en Alemania para frenar la iniciativa en el archipiélago.

La fecha fue fijada por el presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga, mediante una providencia del 20 de octubre. La audiencia se realizará en la sala principal del organismo y será pública. Según informó el ITLOS, el cronograma detallado se difundirá en su sitio web.

Argentina presentó la solicitud el 13 de octubre, en el marco de una disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico sudoccidental. El pedido se apoya en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la intervención del tribunal cuando se solicitan medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral que analizará el fondo del caso.

La audiencia será una instancia para que las partes expongan sus argumentos sobre la petición. La convocatoria no implica que el tribunal ya haya resuelto si corresponde frenar las actividades petroleras: esa decisión llegará después de evaluar los planteos y la documentación presentada.

El Gobierno argentino busca que se suspenda la explotación de hidrocarburos en el área mientras se tramita el arbitraje. En su presentación, sostiene que el Reino Unido no puede avanzar de manera unilateral con actividades sobre recursos naturales en una zona cuya soberanía reclama la Argentina. También plantea que el desarrollo podría generar riesgos ambientales en el Atlántico Sur.

El reclamo incluye el proyecto Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago y operado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La iniciativa prevé la extracción de petróleo en una zona que la Argentina considera bajo disputa. Las compañías tienen previsto iniciar la perforación de la primera fase en 2027 y comenzar la producción en 2028, de acuerdo con la información citada en la presentación argentina.

La Cancillería acudió al Tribunal del Mar después de iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención sobre el Derecho del Mar. El procedimiento busca que un tribunal arbitral examine la controversia entre ambos países. La solicitud de medidas provisionales se plantea para el período previo a su constitución y apunta a evitar que las actividades en la zona avancen mientras se desarrolla el proceso.

El caso no supone que el Tribunal del Mar vaya a pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La audiencia se enmarca en el pedido urgente de medidas provisionales presentado por la Argentina y en la controversia vinculada con la explotación de hidrocarburos.

El Reino Unido comunicó que participará del procedimiento, aunque rechazó el planteo argentino y sostuvo que la presentación no modifica las licencias otorgadas ni obliga a detener las actividades. La postura británica y los argumentos de la Argentina serán expuestos ante los jueces durante las audiencias de noviembre.

La sesión podrá seguirse en directo por el sitio web del tribunal. (TN)

El HMS Protector, uno de los principales buques británicos destinados a operaciones polares, sufrió una avería que obligó a remolcarlo hasta el puerto de Devonport. El incidente ocurrió en medio de las tensiones entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas

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Según informaron medios británicos, el HMS Protector presentó una falla en sus sistemas de propulsión que le impidió continuar navegando por sus propios medios. La embarcación, de más de 5.000 toneladas de desplazamiento, debió ser trasladada hasta Devonport para evaluar los daños y determinar las reparaciones necesarias.

Según informaron medios británicos, el HMS Protector presentó una falla en sus sistemas de propulsión que le impidió continuar navegando por sus propios medios. La embarcación, de más de 5.000 toneladas de desplazamiento, debió ser trasladada hasta Devonport para evaluar los daños y determinar las reparaciones necesarias.

El incidente representa un contratiempo para la Royal Navy, debido a que se trata de una unidad preparada para operar en condiciones climáticas extremas. Hasta el momento, las autoridades británicas no precisaron cuánto tiempo permanecerá fuera de servicio ni cuál fue el alcance del desperfecto mecánico.

El buque fue construido originalmente en Noruega bajo el nombre de MV Polarbjørn y participó en investigaciones científicas durante la década de 2000. En 2011, Reino Unido lo alquiló para reemplazar al HMS Endurance y, dos años después, concretó su compra para incorporarlo definitivamente a la flota.

Desde su incorporación, el HMS Protector cumple funciones de patrullaje y apoyo a operaciones científicas en regiones polares. También desarrolla actividades en el Atlántico Sur, donde Reino Unido mantiene presencia militar en territorios cuya soberanía reclama la Argentina, entre ellos las Islas Malvinas.

La avería volvió a generar interrogantes sobre la disponibilidad operativa de la Armada británica, que enfrenta cuestionamientos por el estado de distintas unidades de su flota. La situación del patrullero se suma a las preocupaciones sobre los recursos destinados a mantener buques de superficie, submarinos y embarcaciones de apoyo.

En paralelo, la Royal Navy confirmó que el reemplazo del HMS Protector está contemplado en los planes de inversión del Ministerio de Defensa británico. El objetivo es incorporar una plataforma moderna que permita sostener las operaciones polares. Sin embargo, todavía no se anunciaron fechas para su llegada ni detalles sobre cuándo podría volver a navegar el buque averiado.